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Salud: Por la vida, siempre
01/02/2023 | 163 visitas
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Legalizar el aborto fue reconocer el fracaso de la protección que el Estado le debe a la maternidad y su loable fruto ; el papel esencial del Estado debería haber consistido en la promoción y educación públicas para una sexualidad responsable.

Una activa y empoderada marea verde condujo a la sanción de la ley de interrupción legal y voluntaria del embarazo hace dos años. Se partió de la falacia de considerar como derecho lo que debería, salvo situaciones excepcionales, constituir un delito, dando por tierra con el derecho absoluto a la vida.

A partir de allí, el reconocimiento del derecho al llamado aborto legal, convertido en política pública, ha sido acompañado por la entrega y estímulo de métodos anticonceptivos, el fin de prácticas abortivas consideradas inseguras y la exoneración de la obligación de ser madres a menores abusadas y embarazadas que no lo deseen, esto último algo que la ley vigente para entonces, y la doctrina jurisprudencial, ya reconocían.

Los argumentos de quienes impulsaron la sanción de la ley pusieron el acento en la realidad de las mujeres de nulos o pocos recursos económicos en supuesta contraposición con las de quienes podían acceder a otro tipo de atención. Calificaron de hipocresía social la situación que de tal modo se planteaba. Sin embargo, legalizar el aborto fue reconocer el fracaso de la protección que el Estado le debe a la maternidad y su loable fruto y, por lo tanto, una hipocresía en todo caso igual o aún mayor que la anterior.

Durante el tiempo del debate, se tomó partido por verdes o celestes en sus diferentes variantes, de más moderados o de más extremistas. Se celebró calurosamente con la sanción de las nuevas normas lo que muchos consideraron una ampliación de derechos para las mujeres, pero se desconoció que el precio pagado fue el de cercenar el derecho a la vida del niño por nacer, amparado por nuestra Constitución desde el instante mismo de la concepción.

En ocasión del segundo aniversario de la ley, el Ministerio de Salud dio a conocer días atrás un informe en relación con la aplicación de la ley de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. En 2021, hubo 73.487 prácticas de interrupción del embarazo dentro del sistema público. Entre enero y septiembre de 2022, fueron 59.267 casos, computándose marcadas diferencias dentro del territorio nacional.

Mientras al 31 de julio de 2022 en Buenos Aires, la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación informó la realización de 33.147 abortos legales y, en la Capital Federal, de 8847, en Formosa se hicieron 273 prácticas abortivas; en Santa Cruz, 278, y en Tierra del Fuego, 343. Funcionarios nacionales informaron que se había capacitado a unos 2000 profesionales para esas prácticas y que el Ministerio de Salud distribuye medicación abortiva con misoprostol así como equipamiento para la aspiración manual endouterina de manera gratuita a través de 1443 centros del país.

La ley incluye no solo a los servicios públicos de salud, sino también a las obras sociales nacionales y provinciales, y a las empresas de medicina prepaga. Todas estas entidades deben garantizar el acceso a la práctica abortiva por lo que numerosas instituciones han incluso reconvertido servicios de maternidad y relocalizado personal en consultorios especializados.

La ONG Grávida lleva más de 30 años ayudando a embarazadas y madres con bebes recién nacidos sin pretender inculcar las convicciones que animan a la entidad. Solo se moviliza para actuar solidariamente con las mujeres necesitadas de ayuda y ofrecerles alternativas de decisión dentro del respeto por la voluntad individual. En estos días, Grávida se ha visto en la obligación de aclarar que fue la madre de una menor con una gestación de 24 semanas y una patología clínica compleja, aparentemente abusada por su padre, la que se acercó a la institución en diciembre último en ejercicio del derecho a una interconsulta especializada.

Madre e hija se abstuvieron luego de presentarse a una intervención programada para interrumpir el embarazo en el hospital Iturraspe de Santa Fe. La investigación judicial que se abrió a raíz de esto condujo al absurdo de allanar el lugar donde se alojaban a pesar de la constancia expresa de aquellas de sentirse a gusto en ese lugar.

La ley contempla el consentimiento informado hasta la semana 14 de la gestación. Seguramente, muchas niñas y jóvenes jamás accedan a aquel tipo de asesoramiento que contempla la posibilidad de alertarlas, por ejemplo, del daño que puede conllevar para su psiquis la realización de un aborto. En 2022, varios diputados nacionales presentaron un proyecto que fija como requisito previo para realizar o inducir a un aborto la realización de un ultrasonido a fin de determinar la detección de latidos fetales. Estos se hallan presentes a partir de la sexta semana de gestación en lo que es interpretado como otra incontrastable evidencia de vida en curso, que impediría avanzar con una interrupción deliberada del embarazo.

Se debe respetar, desde luego, que las mujeres rechacen someterse al aborto legalizado o que modifiquen en cualquier momento lo que pudo haber sido una decisión en contrario. Así también debe insistirse sobre el respeto que cabe prestar a todas las leyes en vigor. Con la ley de divorcio no se exigió a las parejas con desavenencias que se divorciaran. Incluso, fue este uno de los argumentos para exigir la sanción de una ley que no obliga, pero que habilita. De igual forma, no se puede forzar a una mujer a practicar un aborto si opta por rechazarlo en el libre uso de sus derechos y facultades.

En un país que atraviesa la crisis de valores que se evidencia a ojos de quienes quieren ver; en un país que promueve el libertinaje, el facilismo y en el que se cometen tantos ataques a la familia como institución social fundamental, la sanción de la ley de legalización del aborto ha sido una expresión propia de los tiempos que corren. Somos uno de los 75 países del mundo que, con normas como esta, se jactan de proteger la vida de las mujeres y de evitar su criminalización por abortar.

Creemos, por nuestro lado, que el papel esencial del Estado debería haber consistido en la promoción y educación públicas para una sexualidad responsable. Esa habría sido la manera de contribuir a evitar embarazos a edades tempranas entre quienes son también destinatarias de una hiper estimulación sexual, sin estar preparadas ni física ni psíquicamente para la maternidad. Mientras tanto, se habla de conquista, de autonomía, del derecho a disponer sobre el propio cuerpo, como si este no valiera más que como objeto, sin importar el derecho a la vida del niño gestado, ni el derecho del hombre que intervino en el acto sexual consentido. Una sola campana se escucha. Muchas voces que nunca podrán expresarse quedan silenciadas para siempre cuando los corazones dejan de latir en los vientres maternos.

LA NACION
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