Si se acuerda con los sanos preceptos de que los jueces solo deben hablar por sus sentencias y que una Justicia lenta no es justicia, el caso de la magistrada Ana María Figueroa navega flagrantemente por fuera de esos cánones.
La opinión de la presidenta de la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país después de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es la que resta para definir si se reabre la causa Hotesur-Los Sauces, cerrada sin juicio hace un año y medio, y en la que están imputados Cristina Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia, entre otros acusados, por lavado de dinero mediante retornos de Lázaro Báez y Cristóbal López, en pago por los fondos que los empresarios conseguían para realizar obras.
La abogada Silvina Martínez denunció a Figueroa ante el Consejo de la Magistratura, por “actos de manifiesta arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones”. En su opinión, Figueroa persigue “que las elecciones de 2023 transcurran sin un nuevo juicio oral con la vicepresidenta como acusada”.
Los otros dos jueces de la Cámara de Casación que componen la sala que debe definir en ese expediente son Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, quienes ya tendrían decidido su voto. Se trata de una causa demorada frente a la que tanto la vicepresidenta como su entorno familiar y político vienen pugnando desde hace tiempo para que todo quede en la nada.
Otro punto es que Figueroa –a quien el kirchnerismo en el Senado ya adelantó que apoyará para que siga en su cargo hasta los 80 años– dijo a fines del año pasado, y ratificó el miércoles último ante la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta, su opinión de que existe un “ensañamiento” contra Cristina Kirchner y que, muchas veces, le llegan “causas armadas” vinculadas a conflictos de la política.
Resulta tan improcedente como inquietante que una jueza –Ana María Figueroa, en este caso– emita opiniones personales sobre un acusado cuya situación tiene en estudio
“Mi opinión sobre el ensañamiento tiene que ver exclusivamente con que no hubo ningún otro caso en el país, en la historia, en que a una persona la citen a ocho declaraciones indagatorias el mismo día”, sostuvo ante los senadores. Resulta tan improcedente como inquietante que una jueza emita opiniones personales sobre un acusado cuya situación tiene en estudio. De los magistrados se esperan definiciones técnicas sobre asuntos de su estricta competencia y no que se conduelan públicamente de los imputados o que lancen opiniones sobre la supuesta procedencia de algunas causas.
La magistrada debería jubilarse en agosto próximo, cuando cumpla 75 años. La Constitución nacional prevé la posibilidad de que los jueces puedan seguir en el cargo mediante un nuevo nombramiento por cinco años más llegados a esa edad y que, incluso, el Senado se lo renueve indefinidamente mediante el mismo trámite parlamentario que comienza en el momento en el que el presidente de la Nación le eleva el correspondiente pedido al Congreso. Naturalmente, nada hay para objetar del texto constitucional. Los mayores reparos son los que pusieron de manifiesto frente a la magistrada los senadores de la oposición durante la reciente reunión de la Comisión de Acuerdos, donde la camarista concurrió a defender su pliego. No solo le reprocharon con contundencia sus lazos con el kirchnerismo, sino que le exigieron definiciones.
La vicepresidenta de la Comisión, Guadalupe Tagliaferri (Pro-Capital), quiso saber si la demora en emitir su veredicto en la causa Hotesur guardaba alguna vinculación con el pedido de extensión de su magistratura.
Tras recordar que el oficialismo viene negándose a conceder la permanencia en el cargo de los jueces que llegan a la edad jubilatoria, Julio Martínez (Cambiemos Fuerza Cívica Riojana) le preguntó a Figueroa: “¿Por qué cree que el kirchnerismo está a favor de su continuidad? ¿Será por la posición que tuvo en su momento con la ley del arrepentido, considerándola inconstitucional? ¿Será porque está en la causa Hotesur y Los Sauces? ¿Será también porque criticó al recordado juez Bonadío por las citaciones a Cristina Kirchner o porque denunció aprietes de la mesa judicial macrista que ahora tiene el beneplácito del oficialismo para acompañar su continuidad?”.
La jueza reivindicó su imparcialidad, tildó de “mentira absoluta” que demore la definición sobre la causa Hotesur y sostuvo: “Lo que pasa es que a algunos jueces no nos gusta que, muchas veces, los conflictos de la política se judicializan y que nos llegan causas armadas, de distintos tenores, que debieron haberse resuelto en el ámbito de la política”.
La postulación de un exasesor de Kicillof para un juzgado en lo contencioso administrativo fue impugnada por “ilegal e inconstitucional”
Aunque descuenta que obtendrá los votos necesarios en el recinto para garantizarle a Figueroa su continuidad en el cargo, el oficialismo se mostró inquieto ante las preguntas tan directas que le lanzó la oposición. Y, como suele predicar la lideresa del sector, desparramó absurdas culpabilidades de las críticas a los medios de prensa independientes.
El corolario de la defensa del pliego de la magistrada pinta de cuerpo entero la obsecuencia y necedad de los argumentos del oficialismo parlamentario. “Necesitamos más personas como usted en el Poder Judicial, que no se dejen amedrentar por el poder mediático”, sostuvo el presidente del bloque del Frente de Todos, José Miguel Mayans, recordado, entre otras barbaridades, por haber pedido en septiembre pasado “parar el juicio vergonzoso” contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad, en favor de “la paz social”. Más tarde, pretendió enmendar su exabrupto aclarando que lo que había querido decir era que dicho juicio “tenía vicios de nulidad”. Como se sabe, en diciembre del año último Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos tras ser encontrada culpable de defraudar al Estado con las obras viales adjudicadas a Lázaro Báez en Santa Cruz, fallo que la vicepresidenta apeló.
Si bien el caso de la doctora Figueroa exhibe ribetes escandalosos, lamentablemente no es el único. En la última lista de acuerdos que el Poder Ejecutivo elevó al Senado, un grupo de candidatas a juezas impugnó por “flagrantemente ilegal e inconstitucional” la postulación a magistrado de Juan Rafael Stinco, exasesor de Axel Kicillof, para un juzgado contencioso administrativo.
La presentación fue realizada por Analía Conde, Natalia Mortier y Patricia Rota, quienes objetan que Stinco haya sido seleccionado por Alberto Fernández de una lista complementaria a pesar de que quedaban nombres para elegir en las seis ternas diseñadas por el Consejo de la Magistratura.
Stinco tiene fuertes vínculos con el kirchnerismo. Fue asesor de Kicillof en el directorio de YPF cuando el actual gobernador era ministro de Economía y, por lo tanto, ocupaba un cargo en la petrolera tras su estatización. Además, fue funcionario de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Ricahcuelo (Acumar). Ambos cargos los ejerció durante las presidencias de Cristina Kirchner.
Poco queda para decir de estas tan reiteradas como groseras estrategias del kirchnerismo para poner jueces amigos en puestos claves de modo de asegurarse impunidad. Solo nos resta insistir en la imperiosa necesidad de terminar con este despreciable y antidemocrático modus operandi de quienes creen que el poder está para salvarse y no para ejercerlo debidamente en representación de la ciudadanía que se lo concede.
LA NACION
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