Solo en el último trimestre, la agrupación política que lidera el diputado Máximo Kirchner incorporó unas 70 personas en planta permanente del PAMI, a pesar de la resolución de su propio gobierno, que congeló el ingreso de empleados al Estado. La noticia no hace más que confirmar que, en cuestiones de amiguismo político, las promesas de ajuste de las cuentas públicas son solo eso: promesas.
También durante el último trimestre se supo de la contratación de 1128 personas más en la obra social de los jubilados, lo cual representa una erogación mensual en sueldos de 330 millones de pesos.
No le faltan razones a la diputada nacional Graciela Ocaña para aseverar, en declaraciones a LA NACION, que “La Cámpora busca convertir al PAMI en una guarida para más de 3000 militantes”.
Las autoridades del PAMI, encabezadas por la camporista Luana Volnovich, buscan justificar esas incorporaciones en que no son agentes que se suman a los existentes, sino que fueron destinados a ocupar puestos de trabajo que quedaron vacantes. Se trata de una simplificación demasiado burda cuando lo que se necesita de manera urgente es disminuir el gasto, no sostenerlo –y mucho menos ampliarlo– en los ya de por sí exorbitantes números de empleados públicos. Según la versión oficial, trabajan en el PAMI 12.816 personas. De acuerdo con el informe “Dotación de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades”, del propio Indec, al que tuvo acceso LA NACION, ese número se queda corto: la dotación total es de 14.431 agentes. Y el sueldo promedio, tan solo de los contratados, rondaba en abril último los 300.000 pesos, es decir, el equivalente a 4,22 jubilaciones mínimas si se incluye la última cuota del bono extra que dispuso el Gobierno para marzo y abril. Sin ese “beneficio”, cada sueldo equivale a 5,11 haberes jubilatorios básicos. Según fuentes oficiales, en diciembre de 2022, Volnovich ya cobraba un sueldo bruto de 1.476.726 pesos.
Para quien difícilmente no recuerde a Volnovich, es la funcionaria que desoyó un pedido del Presidente para que los funcionarios veranearan en el país en momentos socioeconómicos tan críticos. Una cámara indiscreta la halló descansando con su pareja –también un alto funcionario del PAMI– en una paradisíaca y costosa isla del Caribe. Ni siquiera les costó el puesto. Otra muestra más de cómo se protege cierto sector de la política actuando corporativamente para tapar o minimizar sus intolerables desaguisados o para usar al Estado para beneficio propio y de sus allegados.
La disparidad de haberes se vuelve aún más inmoral si se compara la magra jubilación mínima con lo que perciben algunos empleados de la Anses, conducida por la también camporista Fernanda Raverta. Según datos de la Base Integrada de Empleo Público (BIEP), en noviembre de 2022 se pagaron en ese organismo 7029 sueldos de más de 800 mil pesos, casi 5700 sueldos de más de 849 mil y 21 de más de 1,1 millón de pesos.
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¿Dónde van a parar muchos de esos militantes que el PAMI apaña y que trata absurdamente de enmarcar en el párrafo de la resolución de Massa que exime del congelamiento a las contrataciones de personal por “circunstancias de estacionalidad o requerimiento de producción debidamente acreditado”? Ni a atención médica ni a enfermería ni a asistencia social. Buena parte se amontona en PAMI Escucha. Mientras tanto, se reduce el porcentaje de cobertura de numerosos medicamentos, se otorgan turnos para dentro de meses, se escatiman insumos para intervenciones urgentes, y se dejan fuera de esa cobertura las medicinas más modernas, que podrían lograr un mejor y mayor efecto en la calidad de vida de los adultos mayores. Los remedios gratuitos que provee la obra social son, como es de esperar, los más económicos. Relato versus realidad, algo cada vez más evidente y doloroso para quienes más lo necesitan.
No terminan allí los despropósitos para seguir favoreciendo a sectores políticamente afines a la agrupación que, además del PAMI y la Anses, maneja las suculentas cajas de YPF, Aerolíneas Argentinas, Enarsa y el Correo Argentino. La guarida que con tanta precisión grafica Ocaña podría ampliar todavía más su superficie si se llega a concretar una escandalosa maniobra tendiente a sellar con los gremios del sector una cláusula de estabilidad que proteja a todo el personal de posibles despidos. Sucede que el PAMI es un ente público no estatal y, como tal, está sometido a convenios colectivos de trabajo, como rige para cualquier empleo privado.
¿Qué busca el kirchnerismo más cerril con este bochornoso intento de acuerdo? Que toda persona que logre incorporar al PAMI de acá hasta el 10 de diciembre no pueda ser despedida durante los próximos gobiernos, sean del signo que fueren. Semejante despropósito –que terminaría favoreciendo al personal en general, pero creando un cerco infranqueable pensando en un futuro achicamiento del Estado–, de ser homologado por el Ministerio de Trabajo, podría, además, abrir la puerta a una catarata de juicios, los que, como se sabe, deberemos pagar todos los contribuyentes.
Muy lejos quedaron los dichos que, como candidato presidencial, hacía allá por 2015 Sergio Massa, quien prometía “barrer con los ñoquis de La Cámpora”. También en el olvido ha quedado un tuit mucho más reciente que el propio Massa escribió el día en que la resolución que congelaba las vacantes salió publicada en el Boletín Oficial: “Uno de los compromisos que marcan nuestra hoja de ruta es el orden fiscal de los gastos del Estado”, decía quien era tildado por muchos dirigentes oficialistas como “superministro” y ya hemos visto cuán grande le ha quedado esa calificación. Lo de Massa ha sido casi un calco de la curiosa “lógica ahorrativa” de su antecesora en el Palacio de Hacienda, Silvina Batakis, la primera en adoptar una resolución similar, tendiente a calmar las aguas en la superficie, pero agitándolas desde lo más profundo de las decisiones administrativas. Mientras la fugaz ministra de Economía disponía el congelamiento de ingresos en el Estado hasta diciembre de 2023, en el Boletín Oficial se publicaban llamados a concurso para cubrir, entre otros, 606 cargos en el Ministerio de Desarrollo Social, 173 en el de Turismo, 497 en la Secretaría de Empleo Público de la Jefatura de Gabinete, 87 en el Conicet y 381 en Economía, y para pasar a planta permanente 43 en el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, 153 en Cultura y 120 en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Como hemos dicho en otras oportunidades desde estas columnas, es hora de abandonar los eslóganes y las excusas. Urge reconstruir el PAMI, que, en vez de curar, enferma, asignando los recursos a lo que verdaderamente necesitan los jubilados y pensionados y no a grupúsculos de oportunistas políticos que pretenden seguir saqueando la ya de por sí escuálida billetera del Estado.
LA NACION
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