La realidad golpea cada vez con más fuerza sobre los segmentos más vulnerables. Mientras el índice de inflación no deja de ser un doloroso número, quienes reciben el mayor impacto son personas. Seres humanos que comen menos o no comen, que sufren el frío o el calor viviendo en la calle, que no pueden acceder a atención sanitaria, mucho menos a la medicación que necesitan. Un nutrido universo que crece dentro de las descascaradas paredes de una Argentina en caída libre y sin red.
Los escandalosos índices de pobreza y desempleo se han visto traducidos también en un aumento de la cantidad de personas que quedó sin seguro de salud en los últimos años, recargando al sistema sanitario público. El Indec reportaba para fines del año pasado que casi el 40% de la población posee cobertura a través del sistema público exclusivamente.
Si para un joven conseguir un trabajo que lo saque de la calle es harto difícil, imaginemos para quienes ya peinan canas. Entender esto conduce a comprender una triste faceta de los hospitales públicos sobre la que poco se habla. Por un lado, sus salones de ingreso se han vuelto refugio para muchos y, sus asientos, camas para pasar la noche. Por el otro, muchos pacientes que requirieron internación hoy no pueden ser externados porque carecen de un lugar adónde ir o de alguien que pueda ocuparse de ellos. Con guardias pediátricas colapsadas por falta de personal y ante la avalancha de enfermedades respiratorias propias de la estación, el escenario preocupa.
Aunque no trascienden las cifras, el Ministerio de Desarrollo Humano de la Ciudad reporta que la mayoría de quienes llevan meses viviendo en salas hospitalarias son niños cuyas familias carecen de vivienda, o pacientes con más de 60 años que deberían ser derivados a un hogar, asilo o a un psiquiátrico, según la patología.
Lamentablemente, los casos judicializados no se resuelven con la premura que deberían, habida cuenta de que la cama que se ocupa se necesita para quien sí tiene un problema de salud por resolver. Por otra parte, permanecer en el centro de salud expone a cualquiera a las temidas infecciones intrahospitalarias.
Cuando llega el alta, quien ingresó en situación de calle no habrá resuelto su condición. En el Hospital Argerich, por caso, habría actualmente 18 pacientes largamente alojados allí, 11 sin cobertura alguna y siete con PAMI. Esto se observa en todos los hospitales públicos, con un promedio de 20 plazas bloqueadas por problemas sociales. La espera para una derivación a un geriátrico o a un neuropsiquiátrico puede implicar meses.
Mientras tanto, los escasos recursos sanitarios se destinan a otros fines, las cirugías se demoran, la salud de quienes demandan internación para atenderse se deteriora y las condiciones empeoran para todos, incluidos los profesionales de la salud.
Cuando la situación sociofamiliar, la enfermedad o la edad del paciente se traducen innecesariamente en una estancia hospitalaria prolongada, los efectos negativos se incrementan. Eso ocurre en cualquier sistema de salud, mucho más en aquellos que, como el nuestro, viene ya muy castigado y con serias dificultades para dar las respuestas que una población en alza demanda. Repercute inevitablemente en un aumento en los costos en salud que tanto castigan a los más vulnerables cuando deben afrontar gastos en medicamentos, condiciona la accesibilidad a los servicios de hospitalización, satura la atención de las urgencias e incrementa los riesgos de eventos adversos.
Esta realidad refleja una trágica decadencia que no perdona el preciado bien de la salud y que habrá que trabajar para revertir sin demoras.
LA NACION
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