Los camaristas platenses que anularon la causa que investigaba una presunta defraudación en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires y que liberaron al dirigente del PJ Julio Rigau, conocido como “Chocolate”, fueron denunciados hoy por dirigentes opositores que pidieron que se les abriera una denuncia penal y se iniciara un proceso para removerlos de sus cargos.
Son Juan Alberto Benavides y Alejandro Gustavo Villordo, camaristas que hasta ahora no tenían denuncias abiertas en el organismo que investiga la conducta de los magistrados, según informaron a LA NACION fuentes de ese cuerpo.
La presentación contra los magistrados la hicieron Ricardo López Murphy, Javier Iguacel y María Eugenia Talerico.
Benavides y Villordo integran la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata. El jueves pasado hicieron lugar a un habeas corpus de la defensa de Rigau y por esta vía extraordinaria no solo lo dejaron en libertad sino que declararon nula toda la causa. El caso se inició cuando Rigau fue interceptado en un cajero automático sacando plata con 49 tarjetas de débito y 1.260.000 pesos. Según la Cámara, la requisa que le hizo en aquel momento la Policía fue ilegal y esa ilegalidad de origen invalida todo lo actuado en el expediente desde entonces.
Benavides y Villordo declararon nula “el acta de procedimiento inicial” de la Policía. Dijeron que son los jueces los habilitados a ordenar requisas y que las fuerzas de seguridad solo pueden hacerlo cuando existe una “sospecha razonada o causa probable” de un posible delito, algo que -según ellos- no se dio en este caso porque Rigau solo estaba sacando dinero de un cajero automático. Sostuvieron que, por ende, debía caer toda la causa.
La Cámara tomó la decisión por dos votos contra uno, con un voto en disidencia muy duro del tercer integrante del tribunal, Fernando Jorge Mateos, que sostuvo que el accionar policial estaba justificado y afirmó: “No puedo dejar de mencionar el estrépito social o el desconcierto y descrédito para el común de la gente que se derivaría de una decisión como la perseguida”, en alusión a la nulidad que finalmente se dictó. Mateos cuestionó que se pretendiera “sellar la suerte de una investigación que razonablemente podría relacionarse” con actividades de corrupción que la Argentina se comprometió a combatir cuando firmó tratados internacionales sobre la materia.
Con la intención de evitar el cierre definitivo de la causa, el fiscal Héctor Vogliolo presentará esta semana un recurso de Casación, según informaron fuentes judiciales a LA NACION.
Según el acta policial que este jueves se declaró nula, Rigau fue detenido cuando retiraba dinero de cajeros automáticos con 49 tarjetas de débito de empleados de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Tres de esas tarjetas serían de familiares. Antes de que el caso se declarara nulo, la fiscal buscaba saber si extracciones por más de 27 millones de pesos realizadas con las tarjetas de débito constituían una asociación ilícita para defraudar al Estado.
La Legislatura bonaerense tiene 1340 empleados en el Senado y 1510 en Diputados. El sueldo promedio es de $500.000. La fiscal esperaba que el Banco Provincia y la presidencia de la Cámara de Diputados respondieran oficios librados para determinar quiénes firmaron los contratos de las personas titulares de las tarjetas y cuantas extracciones se hicieron a lo largo de los años.
Rigau, que figura empleado como electricista de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, fue acusado en este expediente de 177 hechos (todas supuestas extracciones realizadas con tarjetas “intransferibles” entre el 5 y el 9 de septiembre pasados). Rigau integró en 2019 una lista del peronismo en La Plata como precandidato suplente a concejal. Es un conocido puntero del Partido Justicialista platense.
LA NACION
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