En forma periódica, los argentinos asistimos a las peleas entre la Casa Rosada y los gobernadores por varios motivos, pero hay uno que domina: los fondos. Ocurre, con más o menos virulencia, en administraciones de todos los signos políticos. Las dos partes tienen, en esa dinámica, una carta para bloquear a la otra. Ocurrió, en definitiva, con el ascenso y caída de la ley ómnibus enviada por el presidente Milei al Congreso.
La negociación que se llevaba adelante tenía la mira puesta en cómo iba a repartirse una caja que casi todos los distritos han venido recibiendo de la Nación a través de distintos mecanismos, muchas veces sin los controles debidos y favoreciendo siempre más al mandatario amigo del poder. Los acuerdos que cayeron –en opinión del Gobierno por la traición de muchos gobernadores y diputados que habían dado previamente su apoyo– parecieron más una advertencia al abrupto recorte de envío de remesas de Milei a las provincias que a diferencias profundas en otros numerosos temas urgentes sobre los cuales están de acuerdo muchos más dirigentes de los que lo confiesan en público.
La causa madre de esta disputa por recursos es que nunca se cumplió con el mandato de la Constitución nacional de 1994 de generar una nueva ley de coparticipación federal. Durante 28 años ni siquiera se pudo comenzar el debate, que requiere de la adhesión de las 24 administraciones. Así, la distribución del dinero se ha convertido en una suerte de botín a repartir.
La ley de coparticipación que rige, de 1988, no tiene parámetros objetivos para la distribución de fondos. Tampoco incentivos para administrarlos mejor. En aquel año se fijó que 56,66% de lo recaudado debía ir a las provincias. Por una serie de enmiendas –los constitucionalistas prefieren hablar de parches–, ese porcentaje fue cayendo hasta alcanzar un mínimo durante el kirchnerismo, cuando tocó un piso de 35%, incluyendo leyes y “fondos especiales”. Aun entonces, con mayoría de provincias peronistas, la Casa Rosada “disciplinaba” a los gobernadores retaceándoles fondos y aumentando los envíos discrecionales.
Un fallo de la Corte Suprema de Justicia de 2019 reordenó el mapa. El gobierno de Mauricio Macri lo cumplió y, hacia el final de su administración, las provincias recibían en torno al 49%. Con ese cambio, más la licuación del gasto salarial que comenzó en 2018, la mayoría de los gobernadores lograron una mejor posición fiscal que la Nación. Sin embargo, el denominado Consenso Fiscal diseñado por el macrismo pecó, al menos, de ingenuidad. Dominado por las buenas intenciones, no incluyó ni estímulos para los cumplidores ni castigos para los inescrupulosos.
Este modelo de relación fiscal propició la consolidación de comportamientos clientelares en buena parte de las provincias argentinas, en su mayoría, con abultadas plantas de empleados estatales y descontrol de gastos. En 9 distritos, 7 de cada 10 pesos que administran los gobernadores proceden de la Nación y de otras jurisdicciones que aportan más de lo que reciben.
La Rioja encabeza ese ranking: 89% de sus ingresos llegan vía coparticipación y transferencias discrecionales. Le siguen Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero, Formosa, San Luis, Tucumán, Salta, Chaco y San Juan. Sin pautas fijadas entre los que financian y los que reciben, el gobernador riojano, Ricardo Quintela, sostiene unas 39 empresas públicas, la mayoría deficitarias; el santiagueño Gerardo Zamora construyó un megaestadio de fútbol que costó el doble de lo presupuestado, mientras los niveles de pobreza en ambas provincias superan la media nacional.
Los fondos recibidos durante años por los distritos más dependientes no lograron mejorar los indicadores sociales. La pobreza estructural no cedió. Según la última medición del Indec, la región noreste registra el mayor nivel de pobreza con 42% y también de indigencia, 10,6%. A la cabeza, está Resistencia (Chaco), donde el 60,3% de la población es pobre. La noroeste tiene 41% de pobreza y 7,8% de indigencia; lidera Santiago del Estero, con 46,6% en La Banda.
Las más favorecidas por el esquema de distribución tampoco lograron –o no se propusieron–, en general, impulsar la actividad privada. En Formosa, alrededor de 70% de los trabajadores en blanco es estatal; en La Rioja, el 67%; en Catamarca, 65%; en Santiago del Estero, 61%; en Jujuy, 59%, y en Chaco, 56%. No se trata de una foto, es la película de las últimas casi cuatro décadas.
Media docena de provincias son “aportantes netas”. Es decir que lo que pagan de impuestos sus habitantes con destino al financiamiento del Estado nacional es mayor a lo que reciben. En valores absolutos, lidera la provincia de Buenos Aires y le siguen Córdoba, Santa Fe, Neuquén, Chubut y Tierra del Fuego. Si se considera el tamaño de los distritos, Neuquén es la más perjudicada; atrás quedan Chubut, Córdoba y Santa Fe, según un trabajo del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa).
Un capítulo aparte es la ciudad de Buenos Aires, que recibe recursos nacionales de una manera diferente del resto y que ha sido severamente castigada por el gobierno de Alberto Fernández al ver recortado su porcentaje para favorecer básicamente a la provincia de Buenos Aires, manejada ineficientemente por Axel Kicillof. A la Capital Federal –a la que la Corte dio la razón en su reclamo– se le adeudan transferencias de servicios que deberían ser de su responsabilidad. Y, ya hemos comentado ayer desde este mismo espacio editorial, la saturación de los servicios de salud porteños por la demanda que reciben de pacientes que no logran que los atiendan debidamente en sus lugares de origen.
Hasta las elecciones del año pasado, los manejos clientelares de los fondos dieron rédito político. Desde 1983 hasta 2023, los oficialismos provinciales ganaron el 86% de los comicios. Ahora el mapa cambió. El peronismo perdió dominancia; estrenaron mandato gobernadores de la UCR, de Pro y de partidos provinciales, quienes se encuentran también discutiendo recursos con la Casa Rosada. Una pelea de nunca terminar que traba el funcionamiento institucional del país.
Lamentablemente, el programa de reformas no ha encarado la sustitución de la coparticipación por la devolución de potestades tributarias a las provincias. Si se retornara a un sistema de correspondencia fiscal, los gobernadores volverían a ser plenamente responsables de su manejo. Entonces, no solo estarían impulsados a gastar menos y mejor, sino que también dejarían de presionar al gobierno nacional para que les engorde la billetera de la cual dependen.
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