Para quienes analizan la
política de modo tradicional la caída de la ley ómnibus es un traspié de
grandes dimensiones para el gobierno.
En este relato, al poder
ejecutivo le faltó cintura, experiencia y tacto para poder tratar con “la
política” y lograr sus objetivos. Es a base de acuerdos, “diálogo” y consenso
con que se logra que el congreso avance y las leyes salgan.
Estos acuerdos se logran con
una toma y daca, donde
cada parte defiende sus intereses y cede a medida que recibe. El
problema de esta concepción política es que oculta con algún eufemismo o
principio supuestamente republicano toda la suciedad de lo que podemos llamar
“la casta”.
Esa toma y daca en general es para financiar a la política y no los intereses reales de
la población.
Cuando un gobernador dice
que se queda sin dinero para pagar sueldos lo que no dice es que buena parte de
ese “empleo público” corresponde a militantes rentados que no trabajan para el
estado sino para la estructura política del gobernador.
Si un legislador defiende la vigencia de una regulación es para cubrir
a un pequeño grupo de empresarios que se llenan de dinero evadiendo a la
competencia mientras a militantes rentados que no trabajan para el estado sino
para la estructura política del gobernador.
Si un legislador defiende la
vigencia de una regulación es para cubrir a un pequeño grupo de empresarios que
se llenan de dinero evadiendo a la competencia mientras
financian la carrera de ese
legislador y del gobernador de su provincia.
En esta lucha por doblegar
al gobierno, bajo la premisa del consenso, iban desguazando la ley y
corriéndole el arco para cubrir bajo la alfombra el financiamiento de sus
oscuras estructuras políticas.
Pero en esta disputa no
calcularon que enfrente hay una nueva forma de hacer política. En esta nueva
concepción de lo político no se entra en la lógica de “la casta” porque se
termina siendo absorbido por ella.
Entonces, en esta
negociación unos esperaban que
se siga la lógica tradicional de la política y otros se jugaban a evitar ese
chantaje en una apuesta por todo o nada. El resultado de esta tensión
fue una ruptura.
Y en este quiebre salió
beneficiado el gobierno y explicaremos las dos razones del porqué sucedió esto.
En primer lugar, si bien el
gobierno momentáneamente se queda sin una ley que implicaba una serie de
cambios a largo plazo y un cierto aumento de la recaudación, con este resultado
empieza a preparar el terreno para las elecciones legislativas del año que
viene. El presagio del presidente Milei de que “la casta” no quiere el cambio y
se opone a los intereses de los argentinos se ve patente en la votación de esta
ley en el congreso.
Es por eso que el gobierno
pedirá el apoyo de la población para barrer a la casta, configurar un nuevo
congreso y poder avanzar con el cambio. La casta te pone palos en la rueda, ayúdanos
con tu voto y saquémosla del congreso.
En segunda instancia, el
gobierno puede demostrar de esta manera que no pacta con la casta, sino que la
doblega. Y la herramienta para hacerlo es el financiamiento que los
gobernadores necesitan.
Al sacar el capítulo fiscal,
negándose a coparticipar el blanqueo, reinstaurar ganancias y pagarles a las
cajas provinciales de jubilación con los fondos del ANSES, el gobierno pega en
la recaudación de las provincias y ahoga a los gobernadores.
¿Cuánto pueden tardar en
volver a pedir fondos de rodillas ofreciendo a cambio la aprobación de leyes?
Pero esto ya sucedería en una lógica inversa, no son los gobernadores quienes
ponen las condiciones y tienen a mal traer al ejecutivo, sino que es el gobierno
quien establece los parámetros y cede a cuentagotas.
En esta lucha entre la nueva
y la vieja política se avecinan muchos y nuevos capítulos, pero por lo menos en
la primera batalla hay un claro ganador, aunque el relato de la casta no nos lo
permita ver a simple vista.
Gonzalo A. Juan
Director Consultora
Vuelta de Obligado