Probablemente, Javier Milei y Mauricio Macri se reunirán por fin durante esta semana. Ese es el compromiso que existe entre ellos desde antes del viaje del Presidente a los Estados Unidos, según se aseguraron mutuamente. Será una buena oportunidad, porque es hora de que en alguna instancia cimera se saque el pie del acelerador y se abra un espacio de negociación política en medio de un escándalo que ni siquiera tiene los condimentos necesarios de un escándalo. La política parece girar en el vacío. En efecto, solo en un país muy extraño un juez debe recordarles a los políticos que tienen el deber de sentarse a conversar. Eso sucedió ayer cuando el juez federal de Rawson, Hugo Sastre, dictó una resolución en favor del gobernador Ignacio Torres en su ruidosa batalla contra el presidente Javier Milei. Sastre fue salomónico: le exigió al gobierno federal que en adelante no retenga fondos de esa provincia que le corresponden por la coparticipación, pero no lo obligó a devolverle a Chubut los 13.500 millones de pesos que Milei ya le retuvo la semana pasada y que provocó el escándalo político en boga. El juez Sastre los convocó a los dos en esa misma resolución a negociar un acuerdo sobre la devolución de los recursos que Chubut realmente le debe al gobierno nacional desde la época del anterior gobernador, Mariano Arcioni, un massista que endeudó a la provincia sin límites ni medidas. Un mal gobernador.
Los jueces no están en los países normales para recordarles a los políticos cuáles son las condiciones de la política. El diálogo es una condición inevitable de la política. El conflicto de Chubut es uno de esos problemas en los que todos tienen algo de culpa y ninguno tiene toda la culpa. La deuda existe, tal como dice Milei, y también el compromiso de la provincia de garantizar el pago de ese pasivo con los fondos de la coparticipación; eso es lo que firmó Arcioni en su momento. Pero también es cierto que el actual gobernador, Torres, le pidió al gobierno nacional autorización para endeudarse con el propósito de pagar la deuda provincial y que la administración de Milei le negó tal autorización. Hubo rasgos de injusta venganza en esa decisión del gobierno nacional. El Presidente le hizo saber al gobernador que negó su autorización al endeudamiento como un represalia por el voto en contra en ciertos incisos de la ley ómnibus por parte del diputado chubutense José “Loma” Ávila, un dirigente sindical petrolero de extracción peronista que fue aliado de Torres en las últimas elecciones. El gobernador llegó a su actual cargo en representación de Pro y la diputada chubutense de este partido, Ana Clara Romero, votó a favor de la ley y de casi todos sus incisos. El propio Presidente destacó, en un posterior tuit con los listados de “amigos” y “traidores” por el naufragio de la ley, que Romero había votado bien. En cambio, Ávila se fue del bloque de Pro y se alistó en la bancada Hacemos Coalición Federal que lidera Miguel Ángel Pichetto. Otra vez Milei disparó sin preguntar primero quién vive.
Desde ya, la amenaza de Torres y de otros gobernadores patagónicos de suspender la producción de petróleo y gas es inadmisible para cualquier gobierno federal. El Estado no puede, por mucho anarquismo teórico en danza que exista, aceptar semejante provocación a la existencia misma del Estado. Esa amenaza significa simplemente la advertencia de que todo el país podría quedarse sin energía por una discusión de diez millones de dólares, que es lo que significan, más o menos, los 13.500 millones de pesos que Milei le retuvo a Torres. Una cifra insignificante para una economía como la argentina. Si la amenaza fuera cierta y se cumpliera, ¿cómo sería el día después? ¿Acaso, estamos viviendo las vísperas de la escisión de la Patagonia? ¿Hasta esos extremos llegarían los ampulosos discursos de la política argentina? ¿Una soberanista Cataluña en la pacífica argentina? Imposible. Ni la Patagonia se irá de la Argentina ni el país se quedará sin energía. Los dirigentes sindicales petroleros fueron, en ese sentido, más sensatos que los políticos; esos líderes gremiales, o varios de ellos, anticiparon que no acatarán la orden de frenar la producción de petróleo y gas. Los políticos hacen otra cosa. Torres cargó de dramatismo la situación, y Milei le colocó al caso su cuota de tragedia y de adjetivos. Los dos perdieron el sentido de las proporciones.
Es cierto, por otro lado, que las provincias están mal. Los impuestos coparticipables, como el IVA, cayeron verticalmente por la recesión de la economía. La caída coincide con el derrumbe de Ingresos Brutos, que es el impuesto de las provincias, también como consecuencia de la parálisis económica. Al gobierno nacional le va un poco mejor porque recauda más con las retenciones a las exportaciones y con el impuesto PAIS a las importaciones, pero estos gravámenes no son coparticipables con las provincias. A su vez, el conflicto con la coparticipación comenzó cuando esta se convirtió en una especie de plan de “redistribución de la riqueza” por el cual las provincias con mayor recaudación debían correr en auxilio de las que tienen menos actividad económica. Según un estudio de Roberto Cachanosky, con datos del Ministerio de Economía, provincias como Formosa, La Rioja, Santiago del Estero y Catamarca financian entre el 90 por ciento y casi el 93 por ciento de sus gastos (este es el caso de Formosa) con fondos de la coparticipación federal. Jujuy, Chaco, San Juan y Catamarca necesitan que la coparticipación cubra casi el 88 por ciento de sus compromisos. Las que menos necesitan son la Capital Federal (solo requiere del aporte federal en un 23 por ciento) y la provincia de Buenos Aires, que financia con recaudación propia el 42,55 por ciento de sus gastos. La distribución de la coparticipación no es, entonces, según la producción y la recaudación de cada provincia, sino según la necesidad de las menos productivas de ser subvencionadas por el resto de las provincias. En 1994, los constituyentes que reformaron la Constitución incluyeron la necesidad de una ley de coparticipación federal, pero la condicionaron a un acuerdo previo entre la Nación y las provincias. “Una ley convenio, sobre la base de acuerdos entre la Nación y las provincias”, dice textualmente. La interpretación correcta es que todas las provincias, sin excepción, deben estar de acuerdo con el proyecto de ley de coparticipación antes de que este ingrese al Congreso. Por eso, pasaron casi 30 años (se cumplen este año) desde la reforma constitucional del 94 y nunca nadie propuso siquiera comenzar a debatir sobre una ley de coparticipación. Nadie cederá nunca nada si se trata de dinero contante y sonante. Ese es el centro del conflicto. Quizás ha llegado el tiempo en que el país sea pensado de una manera distinta. Tal vez debería analizarse la posibilidad de crear regiones en lugar de tantas provincias, cada una de ellas con su Poder Ejecutivo, su Poder Legislativo, su Poder Judicial, su policía y hasta su servicio de inteligencia propio. Una idea parecida circuló en la época de Carlos Menem, más precisamente en la cabeza de Domingo Cavallo, pero nunca pudieron avanzar más allá de los primeros borradores.
Cerca de Mauricio Macri sostienen posiciones más modestas: que una reunión en la cumbre entre el presidente actual y el expresidente lleve armonía a una política que carece de armonía. Tales fuentes estiman que hablar de “fusión” de Pro y La Libertad Avanza es ir a un extremo demasiado ambicioso y no explorado todavía. Es mejor, dicen, comenzar por aceitar la relación entre los bloques parlamentarios de ambas fuerzas políticas y ayudar a mejorar la implementación de las políticas de Milei. “El Presidente tiene las ideas claras y un gran coraje, pero a su gobierno le falta capacidad para gestionar esas ideas”, reseñan dirigentes de Pro. De hecho, Macri venía proponiendo una reunión de Milei con los gobernadores más cercanos a Pro; su propósito consistía en separar los mandatarios provinciales que nunca estarán cerca de Milei de los que pueden ser aliados del actual presidente. “Es increíble que el Presidente haya logrado colocar en una misma posición a Torres, a Jorge Macri, a Frigerio y a Kicillof”, destacan. El obstáculo que tienen esos acuerdistas es que Milei cree que el conflicto le sienta bien. El Presidente ha hecho del combate una estrategia y un programa. Ocupado como está en leer la red social X, en tuitear, en retuitear o en mandarles like a otros mensajes de los usuarios de la exTuitter, su tiempo para la batalla es tan importante como el que le dedica a gobernar. Hasta ahora no le fue mal porque conserva casi las mismas adhesiones sociales que tenía en el momento del balotaje, antes de la hiperdevaluación, de la inflación alta y de la caída en el consumo de productos básicos como medicamentos y alimentos, por ejemplo. No siempre será así. Pero un presidente que llega desde fuera de la política desconoce razonablemente que la vida pública está llena de vaivenes. Una oscilación permanente entre la victoria y la ruina.
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