La causa que destapó el escándalo de los trabajadores fantasma de la Legislatura bonaerense en la que resultó detenido el puntero Julio “Chocolate” Rigau en 2023 es apenas una de las muchas puntas de un enorme iceberg de vieja conformación. Se estableció que la banda operaba desde 2012 y que, en apenas dos años, habría causado un perjuicio al Estado bonaerense calculado en varios cientos de millones de pesos.
El jefe directo de Rigau, Facundo Albini, renunció a su banca de concejal de Unión por la Patria y está preso al igual que su padre, Claudio, quien se hallaba a cargo de la oficina de personal de la Cámara de Diputados bonaerense, desde donde se habría manejado administrativamente este desfalco. Padre e hijo, hoy detenidos con prisión preventiva y sus bienes inhibidos, respondían a Rubén Eslaiman, diputado y articulador massista oriundo de la localidad de San Martín, a quien los vecinos recuerdan súbitamente enriquecido.
Hablamos apenas de los niveles más bajos de un entramado delictivo cuyos responsables máximos, sin distinción de banderías, gracias a una hedionda y transversal complicidad, siguen en las sombras.
Los movimientos de dinero apropiado indebidamente, tras la incorporación de empleados “ñoquis” designados a cambio de resignar parte de sus haberes, también se hicieron online. Así se detectaron irregularidades en el Senado bonaerense a partir de algunas denuncias, la primera de ellas de hace dos años y medio. Media docena de casos ya fueron probados en la Justicia. Al frente de la maniobra estaba la senadora bonaerense en segundo mandato Flavia Delmonte (UCR) y dos de sus asesores, Kevin Alan Razimoff y Gonzalo Javier Torrijo Fuertes. Transferencias, depósitos, pagos de gastos personales, financiamiento de campañas, compra de dólares e incluso inversiones condujeron a los nombres y apellidos de los acusados por “defraudación contra la administración pública”. El flujo del dinero que movió Razimoff desde su cuenta bancaria, por ejemplo, superó en un 1200% sus ingresos mensuales. En el caso de la senadora provincial del Partido de la Costa, que consideró que se trató de una “denuncia mediática” con “inexactitudes y mentiras” en el marco de su juicio de divorcio, el juez ya pidió su desafuero y avaló la investigación del fiscal.
El nivel de audacia en las maniobras se revela en que operaban desde las computadoras del mismo Senado y que llegaron incluso a usar para el home banking una cuenta denominada “flaviadelmonte2015″.
En diciembre de 2019, un oficial en tareas de prevención porteño observó cómo dos hombres realizaban múltiples operaciones con varias tarjetas en cajeros automáticos de una sucursal bancaria de la avenida Callao al 100. Estos anticipados compañeros de fechorías de Rigau resultaron imputados en agosto de 2021 como coautores del delito de “defraudación mediante la utilización de tarjeta de débito obtenida del legítimo emisor mediante ardid o engaño reiterado en seis oportunidades”. La investigación reveló que los titulares de las tarjetas incautadas eran parte de una misma cooperativa y que los dos hombres inicialmente detenidos, más un tercero, integraban una asociación ilícita activa desde 2017 en la Capital Federal y en localidades del sur bonaerense que habría defraudado a unas 25 personas que recibían planes sociales de los programas Potenciar Trabajo. Simulaban tener injerencia en el otorgamiento y quita de beneficios sociales y, una vez tramitados y obtenidos estos por sus vulnerables víctimas, les cobraban forzosamente un porcentaje mensual.
La investigación condujo a confirmar que las víctimas eran además obligadas a mantenerse dentro de la cooperativa, a captar nuevos candidatos para la maniobra y a asistir a las marchas de movimientos sociales. Los tres procesados tuvieron primero arresto domiciliario y luego vigilancia electrónica, con sus bienes embargados hasta cubrir más de un millón y medio de pesos cada uno. De sus superiores, nada se sabe.
En estos días en los que la Suprema Corte de Justicia bonaerense estudia el caso que involucra a la destituida número dos de la Procuración de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, que investigó al exgobernador Sergio Uribarri, vale recordar que ella afirmó que el caso de Chocolate Rigau era un calco de la causa denominada “contratos truchos” investigada en dicha provincia, demorada hace años pese a estar remitida a juicio. Intuía ya entonces la fiscal que el mismo patrón de sustracción de dinero estaba seguramente en varias legislaturas del país. Asimismo reflexionaba respecto de que la política se esmera en tener influencias dentro del sistema judicial para garantizarse la impunidad. Y vaya si las tiene, como a la destituida Goyeneche le consta.
Una sociedad empobrecida por años de corrupción reclama que los escándalos destapados conlleven castigos ejemplificadores y de cumplimiento efectivo, y que el régimen de extinción de dominio permita recuperar lo robado. Los ciudadanos de bien soñamos con que una Justicia independiente desentrañe tantas marañas y castigue sin dilaciones procesales a los peces gordos detrás de ellas, cualquiera que sea su afiliación, anulando los fueros parlamentarios por delitos económicos.
Lamentablemente, así como hay tantos jueces probos, los hay también de otra condición e incluso algunos estarían cerca de ocupar estrados en la Corte Suprema. No hay juicios efectivos de responsabilidad para los jueces; muchos no tienen nada que temer y continúan favoreciendo a sus amigos de la política sin que nadie les ponga límite. El verdadero cambio de época estará dado por la reinstauración de los valores que distinguen entre honrados y delincuentes. Nuestros ojos están puestos en la Justicia; no nos cansemos de reclamar.
LA NACION
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