En momentos en que el Gobierno enfrenta una crisis por no repartir a comedores comunitarios alimentos próximos a vencer que tenían almacenados, el Ministerio de Capital Humano contraatacó: formalizó una denuncia contra el exfuncionario Pablo de la Torre, a quien acusó de contratar empleados triangulando con un organismo internacional y dijo que pagaba en dólares.
Por sorteo, el juez federal Ariel Lijo investigará este caso, con la intervención del fiscal Ramiro González, que analiza impulsar mañana la acción penal para ahondar en el asunto. Lijo es el candidato del Gobierno para integrar la Corte Suprema de Justicia. El presidente Javier Milei elevó su pliego al Senado, que recién le dará ingreso cuando se vote la Ley Bases, dentro de quince días.
La denuncia del ministerio a cargo de Sandra Pettovello se presentó en momentos en que el organismo está en jaque: primero negó tener alimentos almacenados, luego dijo que los tenía, pero solo los utilizaría en caso de emergencias, en un principio negó y después reconoció que había mercadería próxima a vencer y finalmente echó a De La Torre de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Semanas antes, había trascendido que De la Torre amenazó con presentar su renuncia, precisamente, porque pretendía que esos alimentos fueran distribuidos y que Pettovello se negaba.
La Justicia federal, entre tanto, realizó una inspección ocular el fin de semana en los depósitos de Villa Martelli y de Tafí del Valle, en Tucumán, donde verificó qué mercaderías había allí y sus fechas de vencimiento. Actuó la justicia federal de Tucumán y el juez federal porteño Sebastián Casanello.
La actuación de Casanello, que requirió a Pettovello que presente un plan para distribuir los alimentos, fue descalificada por las autoridades del Gobierno, en boca de Leila Gianni, subsecretaria de Asuntos Legales de Capital Humano. Gianni, una exmilitante del Frente de Todos que apoyó la candidatura de Sergio Massa, con el cambio de Gobierno se acopló a las filas libertarias y salió a desacreditar al juez, calificándolo de “militante”, y a la fiscal Paloma Ochoa, que investiga la retención de la comida
“Vamos a defender la democracia, porque no vamos a permitir ni que fiscales ni que jueces militantes nos digan cómo diseñar y ejecutar una política pública”, afirmó Gianni. Si bien la fiscal Ochoa había pedido que se ordene al Gobierno que entregue la comida acopiada, Casanello tuvo una postura más prudente y expresó que su función no era diseñar políticas alimentarias, sino hacer cesar un delito, por lo que pidió que le expliquen cómo se iban a organizar para repartir en etapas esos alimentos almacenados.
Gianni apuesta a que este martes le den la razón, tras una audiencia que convocó la Cámara Federal para analizar la orden de Casanello de presentar un plan. Sin embargo, el propio Gobierno informó que firmó un convenio con la Fundación Conin para iniciar este martes el reparto de alimentos de los depósitos inspeccionados por la Justicia.
En un comunicado oficial, Capital Humano dijo que el reparto lo hará Conin, a través de 64 centros de distribución, sus comedores y merenderos, para facilitar la provisión de más de 465.000 kilos de leche en polvo para sectores sociales vulnerables. El reparto se hará en dos semanas con la colaboración del Ejército Argentino y del Ministerio de Defensa, dado que los alimentos están próximos a vencer.
En este contexto es que Gianni ahora se presentó en Tribunales con otra denuncia contra De la Torre. Sostuvo que Federico Antonio Fernández, director general de Administración de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, describió una situación que podía implicar graves delitos.
Indicó que Fernández contó que en enero pasado hubo una reunión de funcionarios donde se decidió contratarlos mediante la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y que parte del sueldo se les pagaba en dólares (para que los billetes ocuparan menos lugar). Y dijo que los remanentes de dólares eran entregados a De la Torre “para saldar la del personal que nunca fue nombrado”.
Por escrito, Gianni afirmó que en la reunión donde se decidió esto participaron el exsecretario de Coordinación de Capital Humano, Maximiliano Keczeli; la jefa de Gabinete de la Secretaría, Lucía Raskowsky, y el exsubsecretario de Administración, Agustín Sánchez Sorondo, que no llegó a ser nombrado. Sostuvo que este último fue quien propuso el mecanismo de la OEI para contratar a 50 personas.
Dice el escrito que se decidió contratarlos por tres meses, que actualmente no hay contratos vigentes y que Pettovello era ajena a esta “situación irregular”. Asimismo, señaló que “el dinero que cobraban algunos de los consultores era cambiado a dólares norteamericanos a fin de reducir el volumen de billetes a entregar, siendo este entregado directamente a trabajadores que no formaban parte de la nómina vigente y otros a funcionarios de hecho con bajas retribuciones”.
“Los remanentes de dinero en dólares eran entregados a Pablo De la torre, actual Secretario Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, para saldar la del personal que nunca fue nombrado”, dice la denuncia
El próximo paso en este expediente es que el fiscal Gonzalez impulse la acción penal para que el juez Lijo tome las primeras medidas de prueba, en medio del ruido político de todos los casos ligados al ministerio de Capital Humano, donde los funcionarios de Milei aparecen como denunciantes, pero también como denunciados.
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