El tránsito de una monarquía a una república es siempre un desafío, pues el poder embriaga y quienes lo ostentan no quieren bajarse de su pedestal. Recordemos el Decreto de supresión de honores que dispuso la Primera Junta de gobierno el 10 de diciembre de 1810, a instancias de Mariano Moreno y en repudio a un brindis dedicado a la esposa de Cornelio Saavedra cuando se llamó a este “primer rey y emperador de América”. En su artículo 4° el decreto decía: “Ni el Presidente ni algún otro individuo de la Junta revestirán carácter público ni tendrán comitivas, escoltas o aparato que los distinga de los demás ciudadanos”.
La Asamblea del año XIII reafirmó esa tradición republicana al disponer “la supresión de los títulos y signos de nobleza y la eliminación de los mayorazgos”, entre otras medidas de índole social, como la libertad de vientres. Finalmente, la Constitución nacional de 1853 establece, en su artículo 16°, un principio que los argentinos tenemos grabado a fuego en nuestra memoria, por haberlo aprendido en la escuela primaria: “La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento: No hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas”. Sin embargo, la propensión a las prerrogativas reaparece de tiempo en tiempo cuando los gobiernos pierden el rumbo y la apropiación de lo público se facilita al ocurrir descalabros económicos e institucionales.
Así fue hace casi medio siglo, el 4 de junio de 1975, cuando el ministro de Economía, Celestino Rodrigo, aplicó un ajuste feroz liberando precios, tarifas y el tipo de cambio, con lo que la inflación trepó al 777 por ciento anual. El recordado Rodrigazo fue a instancias del ministro de Bienestar Social, José López Rega, durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón. El 7 y 8 de julio siguientes, la CGT, liderada por Casildo Herreras y Lorenzo Miguel, desbordada por los acontecimientos, declaró una huelga general. López Rega huyó del país el 19 de julio y Celestino Rodrigo renunció dos días más tarde.
Durante esas semanas de caos político y económico, en el Congreso de la Nación se vivía otro clima. Entre gallos y medianoche, la mayoría prefirió pelucas empolvadas a calzarse el gorro frigio, emulando a Raúl Lastiri, yerno de López Rega y presidente de la Cámara de Diputados, destacado por su colección de corbatas lujosas. En un corto período se dictaron dos leyes aún vigentes sin que ningún escrupuloso diputado conservador, ningún representante de la izquierda jacobina o del progresismo nacional y popular hayan propuesto, desde entonces, derogarlas en homenaje a los próceres austeros cuyos retratos lucen en los imponentes recintos legislativos.
A diferencia de los exalumnos de un colegio, de los graduados de una profesión o de quienes tienen intereses artísticos, científicos o deportivos comunes, que constituyen asociaciones mantenidas con su dinero, el Círculo de Legisladores se financia, en su mayor parte, con recursos públicos
El 3 de julio de aquel año, quizás por las dificultades que provocaban las marchas populares, se dictó la ley 20.959 que dispuso lo siguiente: “Los senadores y diputados de la Nación y los secretarios y prosecretarios de ambas Cámaras del Congreso de la Nación, tendrán derecho al uso de una credencial que los habilitará para la libre circulación y el libre estacionamiento de los automotores que utilicen en todo el territorio de la república”.
Casi 50 años más tarde, pueden observarse todavía vehículos mal estacionados en la ciudad de Buenos Aires exhibiendo ese permiso sobre el panel y detrás del parabrisas, para que ninguna autoridad se atreva a exigirles cumplir con las normas que rigen para el resto de los ciudadanos. Como la picardía existe hasta en las mejores familias, esos automóviles “extraterritoriales” suelen resolver urgencias de parientes cuando necesitan hacer trámites donde no está permitido estacionar.
El peor agravio al principio de igualdad republicana ocurrió un mes después, el 13 de agosto, al sancionarse la ley 20.984, que creó el Circulo de Legisladores como organismo del Congreso para “agrupar en una institución que posibilite y estimule la consolidación permanente del vínculo entre los que ejercieron y los que ejerzan la función legislativa, sin discriminaciones partidistas”.
Gracias a esa norma los exlegisladores tienen “libre acceso a las dependencias del Congreso Nacional” y gozan “de las franquicias que les acuerde la reglamentación. Podrán continuar utilizando el título que corresponde al cargo legislativo que ejercieron, con el aditamento de las letras MC, que significan mandato cumplido”. A diferencia de los exalumnos de un colegio, de los graduados de una profesión o de quienes tienen intereses artísticos, científicos o deportivos comunes, que deben constituir asociaciones civiles y mantenerlas de su peculio, el Circulo de Legisladores se financia, en su mayor parte, con recursos públicos. Y así, los centenares de exlegisladores que han bajado al llano pueden superar el síndrome del jubilado, mantener elevada su autoestima y reducir sus gastos personales, accediendo a las magníficas instalaciones del Congreso sin molestar en su casa. Pueden deambular por la biblioteca, el comedor, la peluquería, los salones, los recintos y paraninfos hasta presenciar las sesiones desde los sitios reservados para las autoridades. Amén de otras comodidades a su disposición bajo el amparo de las seis Victorias Aladas que los protegen de los rigores de la calle.
En la página web del organismo se describen las múltiples actividades que despliega esa repartición estatal, incluyendo “estudios, asesoramiento, conferencias, cursos, cursillos, publicaciones y demás medios de divulgación para el afianzamiento e incremento del prestigio de la institución parlamentaria” (artículo 1 inciso b de la ley 20.984).
Lo más irritante de esa norma es el permiso a los exlegisladores para continuar utilizando el título del cargo que ejercieron seguido de las letras MC. Nada más parecido a las imposturas que condenaba el Decreto de Supresión de Honores de 1810 y que motivó la ira de Mariano Moreno.
Es probable que la mayor parte no haya abusado de esa prerrogativa, por considerarla poco ética. Pero algunos habrán exhibido su credencial con el críptico MC para impresionar a agentes de tránsito, inspectores de AFIP, vistas de Aduanas y a personas, comunes y corrientes, que les dan precedencia para no polemizar con jerarcas documentados.
Durante los ocho años siguientes (1976-1983) el Congreso estuvo clausurado por la dictadura militar. Recién con el advenimiento de la democracia esas normas fueron redescubiertas por las nuevas camadas de representantes, las que les dieron vigencia efectiva. En tiempos cuando la política es denostada por dirigentes populistas con tendencias autoritarias, es necesario reafirmarla como única forma de alcanzar consensos duraderos para reconstruir los cimientos de nuestro orden social. Por la misma razón y para honrarla, debe ser depurada de privilegios irritantes como los descriptos, que distorsionan la tradición republicana distintiva de la Argentina desde su origen como nación independiente.
LA NACION
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