La investigación judicial contra
dirigentes sociales y piqueteros por "extorsión" y "facturas
falsas", que comenzó en el juzgado federal de Sebastián Casanello y
en la fiscalía de Sergio Pollicita, tiene una derivación de gran
relevancia en el juzgado federal de Quilmes a cargo de Luis Armella.
Este
último está investigando a más de 80 responsables y referentes de
merenderos, comedores y cooperativas de trabajo a través de 44 expedientes.
Estos líderes utilizaban la misma metodología para presionar a los
beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, obligándolos a asistir a marchas, concentraciones,
campañas políticas y actos en estadios y espacios públicos donde debían apoyar
a los candidatos a gobernador y presidente de la nación de Unión por la Patria.
La
mayoría de las organizaciones investigadas forman parte de la Unión
Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), destacándose el Movimiento
Evita, liderado por Emilio Pérsico; Barrios de Pie, encabezado
por Daniel Menéndez; y la Corriente Clasista y Combativa, dirigida
por Juan Carlos Alderete.
Pérsico estaba en una posición
dual, siendo también el titular de la Secretaría de Economía Social, bajo
la órbita del ex Ministerio de Desarrollo Social, utilizado por el
kirchnerismo para mantener los "curros" que hoy en día están saliendo
a la luz. Menéndez, que ocupaba un cargo en la misma entidad, actualmente es
Subsecretario de Economía Popular en el gobierno de Axel Kicillof.
Además,
se están investigando organizaciones piqueteras de izquierda como el Polo Obrero, dirigido
por Eduardo Belliboni; Libres del Sur, liderado por Silvia
Saravia; el Frente de Trabajadores Combativos (FTC); y el Movimiento
Teresa Rodríguez (MTE).
En
mayo, el juzgado de Armella recibió dos expedientes en los que Casanello se
declaró incompetente, ya que las llamadas al 134, el número habilitado por el
Ministerio de Seguridad de la Nación para denuncias sobre presiones a
beneficiarios de planes sociales, provenían de domicilios en localidades
bonaerenses como Berazategui, Florencio Varela, Quilmes y Avellaneda. Estas
áreas correspondían a la jurisdicción del Juzgado Federal de Quilmes.
Por
razones prácticas, el juez y su secretario, Diego Quiroga, dividieron los
dos casos en 44 expedientes, agrupándolos según movimientos sociales,
agrupaciones políticas, piqueteras, etc. Las diligencias judiciales y las
investigaciones en el terreno son realizadas por la Prefectura Naval
Argentina, una de las fuerzas federales que responden a la ministra Patricia
Bullrich. Los agentes son responsables de verificar cada uno de los datos
denunciados en las llamadas telefónicas al 134.
Según
fuentes judiciales, "la mayoría de las declaraciones de las personas
que denunciaron ser extorsionadas y presionadas fueron corroboradas de manera
fehaciente".
Aunque
la instrucción lleva poco más de un mes, la investigación "está muy
avanzada". En estos momentos, se siguen verificando direcciones e
identidades de los dirigentes sociales mencionados en las denuncias telefónicas.
Los
lugares ya corroborados complican a las organizaciones que concentran gran
parte de sus actividades en la zona sur del conurbano bonaerense, como el
Movimiento Evita, Barrios de Pie, la CCC y el Polo Obrero, entre los
movimientos más relevantes.
Las
diligencias de Armella también determinaron que algunos comedores que recibían alimentos no
existen, fueron cerrados o las direcciones eran falsas.
Las
denuncias más destacadas incluyen amenazas como "te vamos a sacar el plan"
por no asistir a las marchas o concentraciones; advertencias porque "estás
llevando poca gente"; o acusaciones de que "hace mucho que no van"
o "hace mucho que no se movilizan".
También
se denunció que, en lugar de asistir a la cooperativa de trabajo o al comedor,
lugares que funcionaban como Unidades de Gestión del Potenciar Trabajo, los
beneficiarios debían asistir a una actividad partidaria o piquetera,
donde se pasaba lista. A los tres ausentes se les tramitaba la baja del
plan ante la Secretaría de Economía Social, a cargo de Pérsico. Otras víctimas directamente
señalaron que los referentes sociales les quitaron el plan o los amenazaron con
hacerlo.
"Me
llamaron de mi organización y me dijeron que hace mucho que no movilizamos y
que por eso me daban de baja al Potenciar", se lee en una de las
transcripciones asentadas en el expediente. Otros recibían el lapidario mensaje
de "te quedaste afuera" o "te vas a quedar afuera la
próxima vez que faltes a la marcha". También hay referencias a
exigencias como repartir volantes a favor de los candidatos kirchneristas
de Unión por la Patria.
Los
investigadores a cargo de Armella esperan terminar de reunir la
información de campo para ordenar intervenciones telefónicas y,
posteriormente, los allanamientos. Por esta razón, de momento se reservan
los nombres de los dirigentes mencionados.
Así
como en las causas que tramitan en el fuero federal porteño, donde una
gran mayoría de dirigentes están vinculados al Polo Obrero, en el juzgado
federal de Quilmes el
mayor peso de las denuncias parece recaer en movimientos sociales
peronistas como el Movimiento Evita.
La
línea 134, habilitada por el Gobierno a través de la ministra de Seguridad,
Patricia Bullrich, ya ha reportado más de 170,000 llamadas realizadas contra organizaciones
sociales y algunos sindicatos a lo largo del país. Las denuncias provienen
de las personas más vulnerables que recibían un plan social por parte del
Estado y que, según informaron, eran extorsionadas y amenazadas.
Los juzgados que investigan estas maniobras delictivas están llenos de nombres
y apellidos, afiliaciones a organizaciones, videos, capturas de pantalla y
correos de voz.
En todos estos casos, la recopilación de
datos, antes de ser aportados a los tribunales, fue realizada por funcionarios
de los ministerios de Seguridad y de Capital Humano. Este último está a cargo
de Sandra Pettovello, quien ayer denunció un hecho de "intimidación" ya
que intentaron ingresar por la fuerza a su propiedad, ubicada en un barrio
cerrado de la zona oeste del conurbano bonaerense.
De Kevin
Frank para La Derecha Diario.
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