La causa por los destrozos durante el debate de la Ley
Bases en el Senado, ocurridos en las afueras del Congreso, ha comenzado a
avanzar. Los 33 detenidos quedaron bajo la jurisdicción de la jueza
federal María Servini, quien iniciará las indagatorias en las próximas
horas. El fiscal Carlos Stornelli los acusó de graves delitos
contra el orden público, sedición y acciones terroristas, solicitando sus
prisiones preventivas.
Inicialmente, el Ministerio de Seguridad, dirigido
por Patricia Bullrich, había anunciado su intención de presentarse como
querellante en el caso. Sin embargo, posteriormente decidieron retractarse de
esta decisión. Según fuentes, "Dado el requerimiento de Stornelli, no hace
falta convertirnos en querellante".
La causa involucra a más de 30 detenidos, con
aproximadamente una veintena de personas bajo la jurisdicción de la justicia
porteña desde ayer miércoles, y una decena bajo la justicia federal. Además, un
par de detenidos por robos fueron puestos bajo la órbita de la justicia de
instrucción ordinaria. Hoy, los otros fueros decidieron remitir sus casos a la
jueza Servini, quien centralizará todo el expediente en Comodoro Py 2002.
Según la justicia porteña al remitir el expediente,
"Esta es la respuesta más razonable tanto desde la perspectiva de la
correcta administración de justicia, como de la preservación de los derechos y
garantías de las personas que podrían resultar acusadas, ya que proceder de
forma contraria, implicaría duplicar los procesos, y posibilitar el dictado de
pronunciamientos contradictorios respecto de un mismo contexto fáctico, además
de poder dilatar cuestiones que resultan de urgente tratamiento y resolución”.
En base a esto, el fiscal Stornelli ha determinado que
el caso investiga acciones y conductas que en algunos casos podrían haber
sido organizadas, dirigidas a incitar a la violencia colectiva contra las
instituciones, imponer ideas por la fuerza o el temor, y generar un
temor público que conduzca a tumultos o desórdenes. Además, se sospecha de
un posible alzamiento contra el orden constitucional y la vía democrática,
con el objetivo de perturbar o impedir temporalmente el ejercicio libre de
las facultades constitucionales de los representantes del Senado que estaban en
sesión.
Estas acciones, según el fiscal, involucraron el ejercicio
de violencia que se manifestó en diversos atentados contra la autoridad,
agresiones al personal de seguridad, daños simples y agravados, incendios,
estragos dolosos y en algunos casos, posesión y uso de material explosivo o
incendiario.
Los delitos imputados incluyen una amplia gama de
acusaciones graves según se informó, como lesiones, daños simples y
agravados, incendio o estrago, intimidación pública, incitación a la violencia
colectiva contra las instituciones, pertenencia a agrupaciones con objetivos
coercitivos, atentado contra los poderes políticos y el orden constitucional,
atentado contra la autoridad agravada, resistencia a la autoridad y
perturbación del orden en sesiones legislativas, y acciones terroristas.
El
Ministerio de Seguridad de la Nación reportó en un comunicado que como
resultado de estos eventos, ocho efectivos de la Policía Federal y cuatro
de la Gendarmería Nacional resultaron heridos. Además, se registraron daños
significativos que incluyen un automóvil incendiado intencionalmente, la
totalidad de las bicicletas del Gobierno de la Ciudad destinadas al uso público
y varios contenedores, entre otros objetos. Actualmente hay 33 personas
detenidas, con la expectativa de más arrestos a medida que se identifiquen más
involucrados.
El
Ministerio Público también adelantó que buscará recuperar los costos del
operativo, los cuales aún están siendo determinados y abarcarán tanto los
gastos de la operación como los costos de tratamiento médico para los efectivos
heridos y la reposición del material dañado. Según el Gobierno porteño, solo
la reposición del mobiliario urbano afectado podría ascender a casi 100
millones de pesos.
De Kevin Frank para La
Derecha Diario.
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