El 6 de junio pasado, el Senado
aprobó una resolución que establece que, a partir de agosto o septiembre
próximos, los empleados permanentes y una parte de los trabajadores
temporales deben registrar su asistencia. Aproximadamente 1.500 empleados de
varias divisiones del Senado ya comenzaron a hacerlo, pero según información
difundida, unos 200 empleados ya han faltado.
De estos, alrededor de 140 no
cumplimentaron el registro sin una justificación válida, mientras que
unos 70 explicaron su ausencia. Esto significa que aproximadamente
entre el 8% y el 10% de los empleados involucrados no justificaron su
falta. No obstante, el Senado está considerando ofrecer una semana adicional
para resolver esta situación y evitar cualquier inconveniente o sospecha.
La resolución para implementar el
registro de asistencia y prevenir posibles casos de empleados
fantasmas fue emitida por María Laura Izzo, secretaria administrativa
del Senado bajo la gestión de la vicepresidente Victoria Villarruel.
El sistema fue inicialmente
implementado durante la gestión de Gabriela Michetti pero fue
posteriormente suspendido por el kirchnerismo durante la presidencia
de Alberto Fernández. En la pandemia, la Secretaría Administrativa de
Cristina Kirchner, María Luz Alonso, actualmente diputada provincial en La
Pampa y miembro de La Cámpora, modificó temporalmente las normativas de
habilitación y control de ingreso a las instalaciones del organismo, lo que
implicó la suspensión implícita del Sistema de Presentismo por Datos
Biométricos.
La resolución establece que una vez
que cesaron las razones sanitarias que motivaron dichas modificaciones, las
actividades presenciales fueron normalizadas progresivamente. Por lo tanto, se
procederá a aprobar un cronograma para citar al personal según lo
dispuesto en la ley de empleados legislativos, la ley 24.600, con excepción de
los empleados temporarios asignados a los despachos de los senadores, y se
tomarán medidas para actualizar el registro de huellas dactilares
correspondiente.
Además, el documento propone la aprobación de un formulario de declaración
jurada y requiere que los empleados lo completen y suscriban, proporcionando
los datos necesarios para actualizar sus expedientes laborales en el contexto
del registro de huellas dactilares, con el objetivo de agilizar y
simplificar los trámites administrativos.
Para alcanzar este objetivo, el cronograma de registro comenzó el lunes
10 de este mes y concluirá el viernes 16 de julio. Se dispusieron 26 días en
total para llevar a cabo el escaneo de empleados permanentes y temporarios
afectados por la resolución.
En marzo, un empleado que no asistía al trabajo fue despedido el 1 de
febrero pasado. Tras una investigación que duró semanas, se descubrió que el extrabajador había
admitido su culpabilidad en un caso de daños y amenazas en un juicio abreviado
en Río Negro en agosto de 2021. Durante meses, utilizó una tobillera
electrónica que no le impidió mantener su relación laboral con el Senado.
Desde el 10 de diciembre pasado, también se desocuparon 12 oficinas
de legisladores cuyos mandatos habían terminado, se rechazaron
compensaciones a empleados que solicitaban beneficios por estudios realizados (incluso
uno de ellos no tenía completados sus estudios secundarios) y se despidieron
a varios empleados por ausentarse sin justificación, entre otras medidas
adoptadas por la presidenta del Senado y la secretaria administrativa.
Paralelamente a la implementación del nuevo sistema de presentismo, está
en marcha la Comisión de Análisis de la Dotación (CAD). Se espera que, con
la activación real del registro de huellas, se solucione definitivamente un
problema histórico del Congreso.
De Kevin Frank para La Derecha Diario.