La Cámara Federal de Casación Penal ordenó que se someta a juicio oral y público a un integrante de la comunidad mapuche de la zona de Villa Mascardi, Gonzalo Fabián Coña, que era el lugarteniente del líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jonas Huala, acusado de usurpar tierras. Lo hizo al revocarle el beneficio de la suspensión del juicio a prueba, lo que se denomina probation, por la cual había obtenido su liberación.
Coña había sido detenido en medio de los violentos conflictos en Villa Mascardi que provocó el grupo Lof Lafken Winkul Mapu. El fallo unipersonal es del juez Diego Barroetaveña, de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, que hizo lugar al recurso que planteó el fiscal contra la decisión del juez federal subrogante de San Carlos de Bariloche, Hugo Horacio Greca, quien otorgó la suspensión del proceso penal a Coña.
Coña está acusado de haber despojado de forma violenta, mediante el empleo de armas, desde el 25 de noviembre de 2017 hasta por lo menos el 3 de abril de 2019, a la Administración de Parques Nacionales de la posesión del predio ubicado en el kilómetro 2006 de la Ruta Nacional 40 sur, Villa Mascardi, en las inmediaciones de la ciudad de San Carlos de Bariloche.
El lugar había sido desalojado dos días antes del inicio de los sucesos por orden de ese juzgado federal y se encontraba custodiado por personal de Prefectura Naval Argentina. Los agentes de esa fuerza fueron obligados violentamente a retirarse del lugar por Coña y el resto de los integrantes de la comunidad mapuche, quienes atentaron contra los funcionarios mediante el uso de piedras, lanzas y armas de fuego. Así lograron el repliegue de la fuerza.
Por el grave hecho, calificado como usurpación en concurso ideal con atentado a la autoridad agravado por haber sido cometido con armas, Coña fue citado a juicio perono compareció, por lo que fue declarado rebelde. No se sabía dónde estaba hasta que el acusado fue detenido por tener en su poder, sin autorización legal, varias armas de fuego y municiones.
Todas estas circunstancias fueron consideradas por el Ministerio Público Fiscal para oponerse a la concesión de la probation requerida por la defensa de Coña, pero no fueron atendidas por el juez federal, quien además de conceder la suspensión del juicio a prueba, dispuso su inmediata libertad.
El juez Barroetaveña sostuvo que cuando la fiscalía general se opone a la suspensión del juicio a prueba expresa su voluntad de continuar la acción penal y ello está fundamentado adecuadamente en las particularidades del proceso. Esa decisión del fiscal, dijo Barroetaveña, debió tener carácter vinculante para el juez, aun cuando éste no compartiera sus fundamentos.
Por tales motivos, el magistrado revocó la decisión adoptada por el juez Greca de San Carlos de Bariloche y dispuso que se dicte una nueva resolución que decida si el imputado debe o no esperar el juicio en libertad.
Las tierras del Ejército
En tanto, en otro expediente relacionado con la toma de tierras por parte de los mapuches en la zona, el fiscal Carlos Stornelli apeló la decisión del juez federal Daniel Rafecas de sobreseer a Gastón Havela, Agustín Gasparini y Luis Nicolás Rodríguez Vaccarezza, exabogados del Ministerio de Defensa que apelaron fuera de tiempo un fallo que entregaba 180 hectáreas de tierra de una guarnición militar de Bariloche a una comunidad mapuche. Rafecas archivó el caso.
En la causa principal, la Corte Suprema de Justicia decidió esta semana anular la entrega de tierras a los mapuches realizada durante el kirchnerismo, pero quedó este expediente donde se investiga a los abogados por no apelar a tiempo la decisión.
Stornelli fue crítico de la decisión de Rafecas y la manera de llevar este caso. “Desde etapas muy tempranas de la instrucción, la actuación de Usía [Rafecas] se mostró orientada al cierre de la investigación o bien, frente a la falta de convalidación de la Alzada, a mantener temperamentos expectantes -que tampoco le fueron avalados-, siempre otorgando a la pesquisa un cansino ritmo que se contraponía, permanentemente, con las peticiones de impulso y celeridad pretendida por esta parte, en atención a la naturaleza y gravedad de los hechos”.
El fiscal habló de una mirada “sesgada” del juez y dijo que de los intercambios de mensajes entre los abogados surge la voluntad de no apelar el fallo que entregaba las tierras del Batallón de Montaña a los mapuches. Para el fiscal se demostró que Gasparini y Havela tomaron parte en la decisión e instrucción informal impartida en cuanto a no recurrir la la sentencia del 2 de febrero de 2022 por el Juzgado Federal de Bariloche que cedió las tierras.
Se trató de una decisión e instrucción que no fue plasmada en acto administrativo alguno y por tanto lo fue en incumplimiento de la norma legal aplicable. Por más que luego le hubieran dado, 11 minutos después de vencido el plazo para apelar, de recurrir al resolución. La apelación tardía determinó que el recurso fuera rechazado. El fiscal dijo que se debe seguir investigando el caso y se opuso a su archivo.
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