La decisión del gobierno nacional de empezar a pagar las deudas con los jubilados que hayan obtenido sentencia firme a sus reclamos constituye un acto de justicia. En situaciones normales, en países donde la ley se respeta, que un gobierno la acate no debería ser una noticia. Sin embargo, lo es en el nuestro, donde en muchas ocasiones llegan a ser desoídos hasta los fallos de la Corte Suprema.
En el caso de las demandas de los jubilados se agrega un condimento extra que no puede ser subvalorado: se trata de gente de edad avanzada que merece que se le restituya lo más rápido posible lo que le pertenece.
Los juicios resultaron ya larguísimos como para seguir haciéndoles esperar todavía más. Muchos de los querellantes han fallecido antes de que la Justicia o el gobierno de turno se abocaran a resolverles sus situaciones, basados generalmente en problemas de caja de la Anses, uno de los organismos más saqueados por los gobiernos kirchneristas para usar esos fondos en cuestiones totalmente desvinculadas de lo previsional. Nada más inhumano y triste que jugar con la vida de las personas.
Según trascendió, el Ministerio de Capital Humano estudia la forma en que se hará efectivo lo más rápido posible el abono por reajuste a jubilados dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Admiten, no obstante, que el pago de retroactivos no será inmediato.
Si cumplir con la ley es una obligación, el pago de los reajustes a jubilados dispuesto por la Corte no debería ser noticia, pero lo es en nuestro país, donde durante décadas de gobiernos dilapidadores se usó la plata de la Anses para solventar cuestiones totalmente ajenas al sistema previsional
Anteayer, mediante un comunicado, la Anses aseguró que ese nuevo plan optimiza el proceso de actualización “reduciendo significativamente el tiempo de resolución, que era de 650 días hábiles, a un máximo de 120″. En rigor, lo que ahora se anuncia oficialmente es que se cumplirá con el plazo tope que está dispuesto por la ley actualmente vigente y que se vino incumpliendo durante larguísimos años.
Como se sabe, existe en el Congreso un proyecto sobre jubilaciones aprobado por la Cámara de Diputados a instancias del kirchnerismo, el radicalismo y Hacemos Coalición Federal, que ha sido severamente cuestionado por el Poder Ejecutivo por entender que resulta inviable.
Como informó LA NACION, esa iniciativa produciría como efecto inmediato un aumento del 7,2% de todos los haberes previsionales del sistema general de la Anses, con efecto retroactivo a abril último. También derivaría en el pago de una garantía, por la cual el ingreso más bajo del sistema sería –si la eventual norma rigiera este mes– de $300.315, una cifra 5,16% más elevada que el monto efectivamente garantizado para julio, de $285.580,82.
De ser aprobada por el Senado en esos términos, el Presidente anunció que la vetaría, razón por la cual se está negociando algún tipo de atenuación de su contenido para evitar que atente contra la meta del equilibrio fiscal que se ha venido logrando, en los dos primeros meses de 2024, como consecuencia del congelamiento, precisamente, de esos haberes jubilatorios, entre otras cuestiones tendientes a lograr ese objetivo.
La pulseada por las jubilaciones se había trasladado la semana pasada al recinto de la Cámara alta, donde el apuro –especialmente el kirchnerista– sufrió un duro revés. Por iniciativa del radicalismo, la propuesta solo podrá ser llevada a una sesión con el pronunciamiento previo de las comisiones.
Sin embargo, el apoyo de la oposición dialoguista empezó a mostrar grietas en las últimas horas, sobre todo después de que el Gobierno anunció que pagarán los juicios previsionales que tengan sentencia firme. “El Gobierno dice que va a pagar los juicios y después nos piden que seamos nosotros los que paguemos el costo político de quedar demorando la recomposición de las jubilaciones”, se quejó ante LA NACION un legislador de la UCR.
Como en otros muchos temas, hay más de una variable por tener en cuenta. Nadie lo va a decir en voz alta, pero en el Senado no son pocos los que aseguran que la discusión recién se retomará en agosto. ¿Por disidencias insalvables?, ¿sufrirá cambios la norma, lo que obligará a que vuelva a Diputados?, ¿preocupa la mayoría con que eventualmente se hagan esas modificaciones de modo de que Diputados no pueda insistir en su versión original? Tal vez la respuesta haya que buscarla en la preferencia por desacelerar el paso para aprovechar el receso de invierno. Mientras tanto, los jubilados siguen esperando.
La buena noticia de que finalmente se cumplirá en el plazo legal con el pago de las sentencias firmes sobre los reajustes es apenas una pequeña parte de las soluciones que se adeudan a los jubilados. Importante, pero pequeña comparada con la verdadera, seria y duradera reforma del sistema para que nunca más quienes aportaron debidamente en su vida activa tengan que mendigar que se lo reconozcan a la hora de jubilarse.
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