El Gobierno definió este martes rescindir el contrato de Anses con ExClé SA, la empresa de origen argentino que proveyó las máquinas y el software en Venezuela, cuestionado por la oposición a Nicolás Maduro por facilitar el fraude electoral. Desde hace más de década que la compañía está involucrada con el organismo previsional argentino, pero en 2022 volvió a firmar un contrato para el mantenimiento de los datos biométricos, pese a que dos años antes la sociedad quedó envuelta en una investigación y denuncia por parte de Estados Unidos por asistir al régimen chavista, como dio a conocer LA NACION.
Fuentes del Ministerio de Capital Humano, bajo cuya órbita se encuentra Anses, confirmaron a este medio que entre hoy y mañana se terminará el contrato, que se encontraba vigente hasta fines de septiembre, por lo menos, por una prórroga otorgada el año pasado. Sin embargo, no dieron detalles técnicos de cómo resolverán el mantenimiento hasta que se lleve adelante una nueva licitación o compra por parte del organismo.
La empresa ExClé SA fue expandiendo sus negocios dentro de Anses. El último acuerdo de acceso público se concretó durante la gestión de Fernanda Raverta, por US$109.113 por año. Previo a las sanciones impuestas por EE.UU., en 2018, la empresa también había sido contratada de manera directa para la prestación de un servicio de soporte y mantenimiento de la plataforma de software biométrico, por dos años, por un total de $6.458.448 (unos US$150.000).
El contrato venció en 2020, justo cuando le empresa fue sancionada por EE.UU. ExClé SA sumó otro cliente del sector público en 2019, cuando ganó una licitación pública de la Dirección Nacional de Migraciones para la provisión de una solución integral para la identificación de extranjeros no residentes y el control biométrico sobre personas con restricciones en la Argentina.
De acuerdo con fuentes que intervinieron en el armado del proceso electoral de 2023, ExClé SA intentó participar de la licitación para el recuento de votos, pero no tenía los requisitos básicos por no cumplir con experiencia previa probada, pese a su involucramiento en comicios venezolanos, entre otros motivos porque la cantidad de electores es menor.
La empresa fue fundada por Luis San Agustín y ahora es manejada por sus hijos Eduardo y Guillermo San Agustín. En 2004 abrieron su oficina en Venezuela y menos de tres años después, empezaron a trabajar con Consejo Electoral Nacional (CNE).
La familia tiene múltiples negocios en la Argentina y en el exterior. Eduardo San Agustín, que maneja la operación local, fundó en el 2000 Smartfield, una consultora abocada a la rentabilidad agrícola y luego Dronescope, de servicios tecnológicos con drones. Su principal socio es Hernán Pellegrini, otro empresario argentino. LA NACION intentó comunicarse con ellos a través de distintos medios, pero no recibió respuesta.
Sus socios en Venezuela son, de acuerdo a investigaciones llevadas adelante en EE.UU., Marcos Javier Machado Requena y Carlos Enrique Quintero Cuevas, quien fue rector suplente del Consejo Nacional Electoral venezolano y miembro de las fuerzas militares, y el vínculo entre la empresa y el gobierno chavista.
En la página oficial de la empresa aseguran que tienen como clientes a varios organismos de Mendoza, entre los que está el Ministerio de Seguridad, la Obra Social de Empleados Públicos y el Registro Civil. En el portal de compras de la provincia se constatan dos contratos hechos con la empresa, ambos en 2021.
Camila Dolabjian
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San Bernardo del Tuyú - Buenos Aires
