“Águila no caza mosca, diputada”, le había espetado ofensivamente el presidente Hugo Chávez ante la Asamblea Nacional Venezolana a una joven María Corina Machado en 2012, cuando ella reclamaba que aceptara el debate sobre una nueva Venezuela. “Que gane las primarias, está fuera de ranking para debatir conmigo, lo lamento mucho…”, agregaba con displicencia quien, ya enfermo, sobreactuaba su megalomanía ante su decadencia política.
Sus tan oprobiosos como corruptos e impunes herederos son hoy testigos de los crecientes efectos de aquella resistencia, capaz de convocar una adhesión popular que ni Chávez ni Maduro consiguieron nunca y de desafiar las persecuciones más feroces de un régimen represor que inhabilitó por los próximos 15 años, sin mediar juicio, la amenazante candidatura de quien logró unificar a la oposición, Machado, como luego también haría con la de Corina Yoris.
Años de denuncias de la OEA y del Alto Comisionado de la ONU, entre otros organismos, sobre todo tipo de violaciones de los derechos humanos, incluidas torturas, muertes y detenciones de opositores – 300 detenidos, 300 asesinados, más de 14.000 ejecuciones judiciales–, censura, bloqueos informativos, se sumaron más recientemente a los impedimentos que fijó el régimen para el ingreso al país de veedores, periodistas, líderes internacionales y expresidentes de la región con motivo del acto electoral. Su debilidad frente a un escenario que las encuestadoras ya anticipaban desfavorable se hacía evidente con estas medidas de por sí extremas.
En la que fue una de las economías más sólidas de América Latina, con las primeras reservas mundiales de petróleo y muchas otras riquezas naturales, la castigada población venezolana sufre desde hace años una apabullante crisis económica, con desabastecimiento de productos básicos –alimentos, medicamentos, artículos de higiene– que se comercializan en el mercado negro. Sin luz, sin agua potable, millones de habitantes bajo la línea de pobreza. Según cifras de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), son 7,7 millones los venezolanos que abandonaron el país, familias desgarradas y desparramadas por el mundo. Sin embargo, el voto del exilio fue posible solo para 69.000 personas. Solo unos mil de los 220.000 residentes en la Argentina pudieron votar aquí debido a las trabas de todo tipo que impuso el régimen.
Varios opositores arrestados ayer, cuyos paraderos se desconocen, se suman al luctuoso saldo de muertos, heridos y más de 800 detenidos
Pensar que un narcoestado dictatorial con más de 25 años de antigüedad que cooptó los poderes alguna vez independientes podría ser desplazado por un instrumento propio de las democracias como el voto libre, utilizando nuevamente la misma maquinaria electoral que en la anterior oportunidad, era cuanto menos inocente. La firma argentina ExClé SA, sancionada por los Estados Unidos por sus vínculos con Irán y el chavismo –y contratada en 2022 por la Anses en nuestro país–, es desde 2017 la proveedora de la tecnología para la votación cuyo mecanismo no asegura el secreto del voto ni su fiscalización. Además, las Fuerzas Armadas y las agencias de seguridad respaldan al dictador, que cuenta con el apoyo de dirigentes rusos, iraníes, chinos y nicaragüenses, entre otros de su misma estofa, que ya reconocieron el triunfo y que le permitirán resistir a las sanciones.
Por años, el kirchnerismo alimentó su cercanía a Chávez, primero, y a Maduro, después. La ruidosa propaganda ideológica corrió en paralelo con una más silenciosa renegociación de dólares, transferencias encubiertas, burdos lavados a gran escala y todo tipo de irregularidades financieras, de las que solo conocimos una de las valijas de Antonini, destinada a financiar la campaña de Cristina Kirchner. No faltaron los vínculos con las FARC colombianas ni con Hezbollah; tampoco los acuerdos de cooperación nuclear de nuestro país con Irán, a partir del triángulo Caracas-Teherán-Buenos Aires. Veintinueve dirigentes kirchneristas, entre ellos el impresentable Roberto Baradel, recibieron una protocolar carta-invitación para convertirse en “acompañantes internacionales” de la cuestionada elección venezolana. Por su parte, con imperturbable fidelidad, las Madres de Plaza de Mayo desearon suerte al presidente Maduro al grito de “¡Viva la revolución bolivariana de Venezuela!”. No fueron las únicas.
Una angustiosa espera siguió al cierre de los comicios. El Consejo Nacional Electoral (CNE) denunció, sin pruebas, ataques al sistema de transmisión y, con el 80% de las mesas escrutadas, dio ganador a Maduro con el 51,2% de los votos frente al 44,2% de Edmundo González Urrutia, datos que no estuvieron disponibles en su web. La oposición denunció fraude electoral y mientras sus testigos fiscalizadores pedían acceder a las actas depositadas en las cajas recolectoras, Colombia, Brasil y México, junto a otros países de la región, exigían una revisión completa de los resultados.
“Tenemos cómo probar la verdad de lo que pasó en Venezuela”, afirmó Machado, en posesión de un 85% de las actas que le otorgan una apabullante victoria por una abultada diferencia de votos. Para el chavismo, “Machado y González tienen que ir presos”. Varios responsables de la campaña opositora fueron arrestados ayer y se desconocen sus paraderos mientras el luctuoso saldo de muertos superaba los 11, con incontables heridos y más de 800 detenidos.
Los posibles escenarios para millones de venezolanos son desoladores. Mientras se pide a las Fuerzas Armadas que respeten el resultado electoral y que detengan la represión, cuesta imaginar la salida de Maduro del poder mientras pesa sobre él la amenaza de ir preso por innumerables crímenes, además de que los Estados Unidos ofrecen 15 millones de dólares por su captura. Podría también terminar extraditado o lanzado a un exilio forzoso en alguno de sus países aliados. Al igual que en Cuba, las instituciones armadas son del partido gobernante y no del Estado. Los beneficios económicos de los altos rangos en complicidad con el poder tornan muy poco probable pensar en que abandonen al régimen para apoyar al pueblo; solo algunos uniformados de bajo rango se resisten a combatir a sus conciudadanos.
Lo cierto es que, hoy más que nunca, los gobiernos de la región no pueden convalidar tan flagrante fraude electoral y deben apoyar todos los intentos de la oposición para conseguir una salida concertada que evite un baño de sangre. Los “demonios y demonias” sueltos en Venezuela que denuncia Maduro solo ansían retomar la senda de la libertad en paz. Basta de moscas.
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