Al mediodía del 20 de diciembre de 2001, cuando en Buenos Aires el gobierno de Fernando de la Rúa vivía sus últimas horas, el doctor Claudio Palacin asumía como fiscal general ante la Cámara Federal de Rosario. Tomó el compromiso de velar por la vigencia de la Constitución y los tratados internacionales cuya jerarquía fueron reconocidos en la reforma de 1994.
El mismo objetivo persiguió en sus 19 años de su actuación como fiscal-hasta 2020, después de la pandemia- y ese compromiso fue puesto a prueba el 30 de octubre de 2007, pocos días después del triunfo electoral de Cristina Kirchner, cuando firmó un dictamen, de 130 páginas, para que se investigue como delito de guerra y crimen de lesa humanidad el asesinato del coronel Argentino del Valle Larrabure.
Se trata del caso del militar asesinado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en agosto de 1975, luego de permanecer 372 días en cautiverio en dos “cárceles del pueblo”, en Córdoba y en Rosario, durante la vigencia del gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón. Un caso que hoy está en manos de la Corte Suprema de la Nación, a partir de la denuncia que efectuó Arturo Larrabure, el hijo de la víctima, y cuya actualidad se renueva por la decisión de la vicepresidenta Victoria Villarruel de impulsar la reapertura de causas judiciales por ataques y crímenes de organizaciones guerrilleras en los años 70.
“Eran ejércitos regulares que adoptaron tácticas guerrilleras, en medio de una guerra revolucionaria, como lo definió en su sentencia la Cámara Federal en el Juicio a las Juntas”, resumió a LA NACION el doctor Palacin, que detalló los pormenores del caso en su flamante libro “1975 Larrabure”, presentado en el Círculo Militar por los abogados Daniel Sabsay y Javier Vigo Leguizamón.
Más allá de haber estudiado detenidamente la causa Larrabure cuando elaboró el dictamen, el libro le demandó a Palacin un año y medio de investigación, a lo largo del cual analizó documentos y posiciones jurídicas, apoyado en datos y elementos históricos.
Para sustentar su posición, Palacin cita en su libro opiniones de juristas y funcionarios judiciales de renombre, como el recordado fiscal federal Julio Strassera, que tuvo una decisiva actuación en el Juicio a las Juntas. Recordó que en una entrevista que le realizó Magdalena Ruiz Guiñazú, publicado en Perfil en 2008, dijo: “Hay cosas que a mí no me satisfacen, como el fallo en el que se señala que los delitos de lesa humanidad solo pueden cometerse desde el Estado- Y eso no es así. La Argentina firmó el protocolo de Roma, que dice claramente que son crímenes de lesa humanidad aquellos cometidos por el Estado o una organización”.
El caso
El militar Larrabure fue secuestrado en la madrugada del 11 de agosto de 1974, durante el ataque de un centenar de soldados del ERP, vestidos con uniforme de combate, que irrumpieron en la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Villa María, luego de que un infiltrado les facilitara el ingreso, con el propósito de apoderarse de0.
El autor del libro recuerda que entre 1969 y 1979 se produjeron en la Argentina 5215 atentados con explosivos, 1052 ataques incendiarios, 2013 acciones intimidatorias con armas, 52 atentados a medios de comunicación, 1748 secuestros de personas, 1501 asesinatos2402 robos de armamentos, 80 copamientos de fábricas y 157 izamientos de banderas subversivas, en una abrumadora lista de delitos y agitaciones. “Había un atentado cada cuatro horas”, resumió Palacin.
El dictamen del fiscal, en un momento de efervescencia del gobierno kirchnerista, tuvo un efecto negativo inmediato: la resolución 158/07 firmada por el entonces procurador general Esteban Righi, quien ordenó a los fiscales no investigar los crímenes de las organizaciones guerrilleras como delitos de lesa humanidad. La medida llevaba la firma de quien había sido ministro del Interior durante los 49 días del gobierno de Héctor Cámpora y artífice de la amnistía que favoreció a guerrilleros y presos políticos en 1973.
En el diálogo con LA NACION, Palacin afirmó que las publicaciones de las organizaciones guerrilleras, como la revista Estrella Roja –el órgano de prensa del ERP- alegaban que en ese tiempo enfrentaban una “guerra revolucionaria. “Y sostenían que debían aplicarse los Convenios de Ginebra de 1949, cuyo artículo 3 común a los cuatro tratados se refiere a los conflictos armados internos. El mismo instrumento ordena que a los detenidos se les debía garantizar un trato humanitario “.
El autor de “1975 Larrabure” mencionó, además, un debate que en 2017 mantuvieron por Canal 26 Victoria Villarruel y los jefes guerrilleros Arnold Kremer (alias Luis Matini y segundo jefe del ERP) y el dirigente montonero Roberto Perdía, en el que “los líderes guerrilleros reconocían que ellos conducían un ejército y que su misión era instalar un régimen socialista”.
El lugar de las víctimas
El libro de Palacin lleva un prólogo del constitucionalista Daniel Sabsay, quien en la presentación definió a Larrabure como “un héroe”. Celebró que el autor dedicara su obra a “todas las víctimas de crímenes de lesa humanidad de la República Argentina y a sus familias”, porque –dijo. “nos han querido convencer de que solo son víctimas las personas ejecutadas por el Estado.
El jurista recordó que el Estatuto de Roma, que creó la Corte Internacional de Justicia, equipara los hechos delictivos cometidos tanto por militares como por bandas terroristas”.
Y el abogado Vigo Leguizamón, que patrocina al hijo de Larrabure en la causa judicial que llegó a la Corte Suprema, dijo que en los 52 años que lleva en el ejercicio de la profesión nunca ha defendido “causas tan nobles y justas como las de la familia Larrabure y de otras víctimas de los infames asesinatos ocurridos en los años 1974 y 1975″.
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