Es una legisladora (UCR) acusada de corrupción.
Pasaron siete meses desde que la Justicia requirió el desafuero de la senadora provincial Flavia Delmonte, acusada de liderar un entramado de “ñoquis” y “chocolates”. Pero el Senado bonaerense cerró filas. ¿Cómo? No trató el pedido judicial, no le dio estado parlamentario, ni le envió una respuesta al juez o al fiscal del caso, ni siquiera para acusar recibo del pedido o informarles que no lo tratarían, según confirmaron fuentes tribunalicias y legislativas consultadas por LA NACION.
El contrapunto entre los dos poderes del Estado provincial tiene como protagonista central a la senadora Delmonte (UCR), acusada de montar una red de corrupción con prestanombres y “ñoquis” a los que designó como empleados y debían entregarle parte o todos sus salarios a cambio de acceder a obra social y aportes jubilatorios. Con la recaudación, detectaron los investigadores, solventó gastos personales y sus campañas electorales.
El titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Mario Rafael Pérez, reclama su desafuero para avanzar en la investigación, que también tiene como acusados a dos estrechos colaboradores de la senadora Delmonte, Kevin Alan Razimoff y Javier Gonzalo Torrijos Fuertes. Ambos, de acuerdo a las probanzas judiciales, se habrían encargado de la recaudación delictiva de fondos.
Consultada por LA NACION, la senadora Delmonte remarcó que se presentó de manera espontánea ante la Justicia, que declaró por escrito, que la investigación sólo se basa en un testimonio dudoso de su excuñada –y también exempleada suya- y que, tras tres años de pesquisa, no hay pruebas sólidas que fundamenten la denuncia. “Yo he sido y sigo siendo muy respetuosa del Poder Judicial, pero al mismo tiempo resulta evidente que el fiscal se ha tomado atribuciones impropias, al punto de provocar situaciones abusivas, como que me hayan seguido agentes de la Policía Federal”, sostuvo.
Según reconstruyó LA NACION, sin embargo, los agentes federales no siguieron a Delmonte, sino a uno de sus colaboradores, Razimoff, bajo autorización judicial. Y al controlar los movimientos de Razimoff se toparon con un encuentro con la senadora. Del mismo modo, la Fiscalía Especializada no pidió las llamadas entrantes y salientes de la legisladora, sino de Razimoff. Y en esa “tira” de comunicaciones aparecieron algunas conversaciones con ella, que de todos modos invocó ambos ejes para reclamar la recusación del fiscal Pérez, lo que definirá el juez tras una audiencia.
La Fiscalía determinó, además, la propia Delmonte o alguno de sus colaboradores llegaron a operar el homebanking de la cuenta salarial de la mujer que terminó por denunciarlos, Tamara Yanina Arce. ¿Qué nombre habilitaron para operar ese homebanking? “flaviadelmonte2015″. ¿Y desde dónde lo operaron? Según verificaron los sabuesos informáticos, desde computadoras que funcionaban en el Senado bonaerense o en los domicilios particulares de Razimoff en Gonnet y en San Bernardo.
A través de ese homebanking que habilitaron sobre la cuenta salarial de Arce, pero a nombre de “flaviadelmonte2015″, manos anónimas intentaron ir más lejos. Gestionaron un préstamo por $252.000 –cerca de US3700 al tipo de cambio entonces vigente-, pero no llegaron a concretarlo por las demoras ocasionadas por la pandemia Covid-19, indicó el abogado de Arce, Rodrigo Bonzo, a LA NACION.
Para la Fiscalía, sin embargo, ese sistema recaudatorio electrónico no sólo abarcó a Arce, sino también a por lo menos otros cinco supuestos empleados de Delmonte, quien comenzó su recorrido político a la sombra del presidente del Comité Provincia de la UCR, el senador nacional Maximiliano Abad, aunque en el partido de la Costa se mueve en tándem con el peronista Juan de Jesús, y para el balotaje presidencial de 2023 apoyó a Javier Milei, en contraposición con la neutralidad de la UCR.
Apoyado en las evidencias que acumuló en la investigación, el fiscal Pérez ya requirió las indagatorias de los cinco empleados de Delmonte bajo sospecha, como también de sus dos colaboradores, Razimoff y Javier Gonzalo Torrijos Fuertes, que al ser indagados negaron todas las imputaciones criminales. También requirió el desafuero de la senadora, el 20 de febrero, pedido al que dio luz verde el juez de Garantías de Dolores, Diego Olivera Zapiola, tres meses después, el 24 de mayo.
Para la senadora Delmonte, la ofensiva de la Fiscalía tiene motivaciones políticas de fondo. “Yo era la candidata natural de mi espacio para la intendencia del Partido de la Costa, pero esta causa penal se armó para afectar mi candidatura, para que otros logren a través de los tribunales lo que no logran con los votos. Yo sigo viviendo donde siempre viví, voy a la panadería y por la calle se solidarizan conmigo”.
Datos llamativos
Algunos datos obtenidos durante la investigación llamaron la atención de la Fiscalía. Entre ellos, que la presunta recaudación ilegal se destinó a pagar el impuesto automotor de un auto que pertenece a la senadora Delmonte y a abonar el impuesto inmobiliario de sus padres. También, que el flujo de dinero que movió Razimoff a través de su cuenta bancaria superó en hasta el 1200% sus ingresos mensuales como empleado del Senado y la actividad comercial que declaró ante los organismos tributarios.
Desde la Legislatura bonaerense, mientras tanto, apuestan al “factor tiempo”, según coincidieron dos referentes legislativos de distintos espacios que consultó LA NACION por separado. Por un lado, confían en que las aguas se calmarán con el paso de las semanas y de los meses, más aún cuando la senadora Delmonte completará su mandato en 2025, lo que le evitaría al Senado tener que sobrellevar el “desgaste” de evaluar su eventual desafuero. Por el otro, el “caso Chocolate” que protagonizan Julio Rigau y Claudio y Facundo Albini aparece “encapsulado” en ellos, sin subir a las instancias superiores de responsabilidad.
Delmonte rechaza esas especulaciones. “La investigación que yo afronto desde hace ya más de tres años no es otro ‘caso Chocolate’. Y en cuanto a mis fueros, resulta innecesario mi desafuero porque el fiscal ya avanzó más allá de lo que le permite la ley y yo no me quejé para no obstaculizar la investigación del Poder Judicial. Por eso mis colegas consideran que avanzar con mi desafuero no tiene lugar, porque no corresponde, no porque mi mandato venza en 2025”.
Desde los tribunales de Dolores indican, no obstante, que el desafuero resulta insoslayable para indagar a Delmonte, según estipula la legislación vigente, y avanzar con la investigación. Pero aún si el Senado bonaerense no trata el pedido de desafuerola senadora podría afrontar dificultades en el mediano plazo. Podría seguir los pasos de otro senador bonaerense por el radicalismo, Antonio Armando Nieto, que afrontó dificultades judiciales similares. La Justicia lo condenó a cuatro años y tres meses de prisión por quedarse con los salarios de al menos 39 “ñoquis”.
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San Bernardo del Tuyú - Buenos Aires
