Una investigación en desarrollo en tribunales de La Plata afecta al ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, dirigente del distrito de Pilar alineado con Sergio Massa. Se trata de una trama de gestores que se dedicaban a contactarse con infractores de tránsito para darles de baja las multas a partir del pago de un porcentaje del monto adeudado. En la pesquisa está en la mira la presidenta del Concejo Deliberante de Pilar, Claudia Pombo, cercana al funcionario del gobierno de Axel Kicillof. En paralelo, se investigan también concesiones vinculadas a la Verificación Técnica Vehicular (VTV).
La causa comenzó el año pasado con la denuncia de un particular -que investiga el fiscal Álvaro Garganta en la justicia platense-, en la que se señalaba que existía una maniobra en la provincia de Buenos Aires mediante la cual se transferían fondos a un grupo de “gestores” que borraban las multas de tránsito existentes. En esa denuncia, se presentó como particular damnificado la empresa Secutrans (que provee la tecnología para las fotomultas, entre otros servicios) que había experimentado una merma en su recaudación por las fotos multas en la provincia “de entre 4 y 10 millones de dólares por mes”, según indicó a LA NACION una fuente con acceso al expediente. “Una multa por exceso de velocidad vale 200 mil pesos”, ejemplificó la fuente.
“Captaban clientes con infracciones y les ofrecían que paguen un monto que iba entre el 25% y el 50% de la infracción. Esos clientes les transferían la plata y, en 48 horas, la multa dejaba de aparecer. La causa avanzó y las personas involucradas eran D’Onofrio, Pombo y jueces de faltas”, resumió la fuente judicial consultada por LA NACION, que identificó a Pombo como “quien se encargaba de reunir a todos los gestores”. Tenían, según la fuente, “una dinámica de reparto de dinero”. El diario Clarín dio cuenta el domingo pasado de la existencia de esta causa y sus implicancias.
La causa que tramita en la fiscalía de Garganta tiene en su carátula como acusado a Mario Quattrochi, un juez de faltas provincial de La Plata, y a “otros”, por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
“Esperamos que el fiscal produzca la prueba en la que quedará demostrado que el sistema no permite el borrado de multas”, dijo D’Onofrio a LA NACION. “Al fiscal le dimos acceso remoto al sistema, puede ver online todo lo que se hace y se hizo. Esperamos la pericia informática para que se termine con esta falsa denuncia”, completó el ministro.
Ante la consulta de LA NACION, en la administración de Kicillof respaldaron a D’Onofrio. “Es una operación, totalmente falsa la información. Estamos muy conformes con el desempeño del ministro”, señaló una alta fuente del gobierno provincial al negar que el gobernador quiera desplazarlo del cargo.
Las denuncias también apuntan a concesiones por la VTV, por la existencia de contratos de la empresa Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica, de Sebastián Desio, con las concesionarias del servicio. Desio es identificado como simpatizante del espacio político de D’Onofrio en Pilar. La firma suscribió contratos para prestar servicios de innovación tecnológica con prestadoras de la VTV que, luego de concretar esos convenios, fueron oficializadas en resoluciones del ministerio de D’Onofrio para tener a cargo la verificación en distintas zonas de concesión. Cobra 8,5% más IVA del valor total de cada pago realizado a las concesionarias por la tarifa de cada VTV.
“Nosotros no contratamos los servicios que requieren los prestadores, como por ejemplo, ‘turneras’ o pago online. Eso lo hacen las empresas, a través de la cámara [del sector de la revisión técnica vehicular]. Es el mismo servicio que funciona en la ciudad de Buenos Aires y son los mismos prestadores”, argumentó D’Onofrio, en diálogo con LA NACION.
La trama de la VTV derivó en otra causa, que está en el Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charbay (se encuentra de licencia hasta el 9 de diciembre). En ese caso, los denunciantes (el abogado Pedro Aribe, en representación de la empresa Secutrans) piden investigar por presunto lavado a D’Onofrio. El expediente no avanzó todavía, el juez se declaró incompetente y la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín revocó la decisión y debe volver a remitirle el expediente. “El fiscal no promovió la acción porque entendió que el asunto no era lavado, sino enriquecimiento ilícito”, dijo una fuente judicial a este diario. Los denunciantes sospechan que existirían inversiones de Pombo y Quattrochi en España. LA NACION intentó comunicarse con Pombo, pero no obtuvo respuestas.
La escalada de las sospechas derivó en un fuerte ruido político. La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, adelantó que Luciano Bugallo (un diputado provincial alineado con ella) pedirá la renuncia de D’Onofrio a su cargo de ministro. “En 2020, en Pilar sucedió un hecho por el cual [el titular de la Coalición Cívica de Pilar] Matías Yofe expresó su preocupación. Se designaba por unanimidad Claudia Pombo como presidenta del Concejo Deliberante. La Coalición Cívica denunciaba que esta persona ya había sido condenada en una causa de malversación de fondos. Recuerdo que esta acción le valió todo tipo de amenazas”, indicó Carrió en su cuenta de la red social X. “Hoy, el tiempo demostró que no se equivocó. El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, y Pombo, están nuevamente bajo la lupa”, agregó.
La condena que tuvo Pombo y que Carrió recordó fue por “peculado”, ya que se la había investigado por sustraer “caudales públicos correspondientes a montos recaudados en concepto de impuestos y trámites registrales” cuando era titular del Registro Automotor Nº2, de San Miguel.
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