La mayoría de los miembros de la Cámara de Diputados decidieron ayer que cualquier delincuente con condena judicial confirmada en segunda instancia pueda seguir presentándose a competir por cargos públicos electivos. No se trata de una lectura calamitosa ni de una exageración de lo ocurrido. La semana pasada, el quorum no se consiguió por apenas un legislador. Ayer faltaron 13. Un espectáculo bochornoso. Como viene ocurriendo desde hace ocho años en que se fracasa en sancionar la ley de ficha limpia, nuevamente se evaporó la oportunidad de poner freno a los corruptos que buscan ampararse en fueros para no ir presos.
Desde diversos sectores de la política se venía deslizando con insistencia que esa norma iba dirigida a coartarle la posibilidad a Cristina Kirchner de volver a ser candidata a legisladora en 2025 por hallarse condenada en segunda instancia a seis años de prisión e inhabilitada de por vida para ocupar cargos públicos como consecuencia del avance de la causa Vialidad. Con esa interpretación reduccionista, entre otras fundamentaciones simplificadoras, se terminó por habilitar nuevamente a que todos los corruptos que le rehúyen a la Justicia puedan aspirar a tener en el Congreso una guarida donde refugiarse.
De confirmarse en el tiempo las numerosas versiones que surgieron sobre la razón por la cual se ausentaron hasta los legisladores que una semana antes estaban dispuestos a dar quorum, la situación sería más grave aún. Desde un pacto entre el oficialismo y el kirchnerismo para ratificar a Martín Menem en la presidencia de la Cámara hasta una supuesta “devolución de gentilezas” de La Libertad Avanza al peronismo senatorial, que acaba de ofrendarle, con la firma de Lucía Corpacci, el último aval al dictamen para impulsar al controvertido juez federal Ariel Lijo como miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Libertad Avanza fue uno de los bloques convocantes de la sesión de ayer, no obstante lo cual faltaron numerosos de sus diputados. Tras el escándalo, fuentes del oficialismo negaron las versiones de eventuales pactos.
También se ausentaron legisladores de Pro, impulsor principal de la iniciativa que suscribe la diputada Silvia Lospennato y varios de otras bancadas, los que pretendieron justificarse en el malestar de algunos gobernadores por la demora en el tratamiento del presupuesto de gastos de la administración nacional para 2025 y en rencillas partidarias para ver qué sector interno logra posicionarse mejor con vistas a los próximos comicios.
Negociar es la base de la política en el sentido más amplio, tendiendo a la búsqueda de consensos. Otra cosa muy distinta es presionar para obtener beneficios sectoriales despreciando las necesidades del conjunto. La sociedad ha dado y sigue dando claras señales de su asqueamiento frente a tanta corrupción, frente al deliberado y sistemático quiebre del imprescindible contrato moral.
Como bien ha dicho la diputada Lospennato, “la corrupción es la contracara de la pobreza” y, en nuestro país, sobran pobres y falta poner a muchísimos corruptos tras las rejas, producto también de sectores judiciales que parecieran no querer hacer justicia.
Lo ocurrido ayer es mucho más que una derrota numérica en un recinto: sin ficha limpia, ganó la corrupción.
La Nación
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