Diciembre fue un mes tenso en la Unidad de Información Financiera (UIF). Meses antes, el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Julián Ercolini habían considerado desestimar una denuncia contra Cristina Kirchner por endebleces en las declaraciones juradas presentadas como presidenta y vicepresidenta ante la Oficina Anticorrupción. La causa se iba a desestimar por inexistencia de delito, pero la UIF, a cargo entonces de Ignacio Yacobucci, decidió apelar.
La Cámara Federal, con los votos de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi (que entienden también en causas como Cuadernos) hizo lugar al reclamo de la UIF y pidió profundizar la investigación, el pasado seis de diciembre. Fue entonces cuando Yacobucci recibió un llamado de una persona cercana a Mariano Cúneo Libarona, que cuestionó su actuar.
La reciente salida de Yacobucci abrió una interrogante. No hay dudas de que el Gobierno quiere que la UIF deje de querellar en causas de corrupción. Los detractores de esta decisión del Poder Ejecutivo plantean que tiene que ver con pactos múltiples con distintos actores de la política, complicados en Comodoro Py, mientras que otros creen que es una opinión oficial estrictamente programática, en rechazo a utilizar fondos públicos en decenas de abogados para cumplir una función que le corresponde al Ministerio Público Fiscal. Yacobucci sabía que el nuevo gobierno no quería ejercer el rol de querellante hace meses, incluso se lo habían advertido al comienzo de su gestión, en febrero del año pasado
Entre los que comparten la primera postura ronda un ejemplo. Si la UIF no intervenía, es probable que el caso Cuadernos hubiese sufrido un embate que varios miembros de la Justicia consideran casi criminal.
Fue Yacobucci el que recusó a los tres camaristas de la Cámara de Casación que fallaron a favor de Angelo Calcaterra, al sostener que no había pagado coimas sino “aportes de campaña” no declarados, y por lo tanto se trataba de una cuestión de competencia electoral. El primo de Mauricio Macri respiró por un momento, pero el fallo se dio vuelta en medio de un escándalo, a través del reclamo de la UIF. Fuentes de Comodoro Py no descartan que esto haya sellado la suerte de Yacobucci, aun más que las molestias ocasionadas a funcionarios del kirchnerismo.
En diciembre, el kirchnerismo recibió otras dos malas noticias en causas que tienen a la UIF como querellante. El 16 de diciembre, la Corte Suprema confirmó el juicio oral contra Cristina Kirchner en el expediente Hotesur y Los Sauces, que tendrá a Cristina y Máximo Kirchner en el banquillo de los acusados. El 10 de diciembre, y a raíz de una apelación de la UIF, la Cámara Federal ordenó el decomiso anticipado de los bienes en las islas Turcas y Caicos del fallecido Daniel Muñoz, exsecretario de los Kirchner, señalado en la causa Cuadernos como quien recibía, en el departamento de Retiro de la expresidenta, bolsos con dinero de las coimas.
A simple vista, pareciera que el Pro defiende la postura de mantener a la UIF como querellante en las cerca de 190 causas en las que interviene. La mitad involucran a exfuncionarios. Del otro lado, aparentan encontrarse las filas de Cristina Kirchner (su mensaje transmitido a través de Juan Martín Mena, ministro de Justicia bonaerense) y las de Milei, específicamente Santiago Caputo. “Hasta 2015 la UIF no investigó, ni acusó a ningún político, se avanzó en las investigaciones del delito precedente para crímenes organizados” y “La UIF está para prevenir lavado de activos y perseguir al terrorismo. No para meter presos dirigentes políticos que no te gustan”, fueron dos de los mensajes que circularon en X. El primero, de Mena. El segundo, de una cuenta atribuida a Caputo. El mensaje, casi el mismo. También lo que buscaron desmentir: que la salida de Yacobucci no fue un gesto del Gobierno al kirchnerismo para conseguir los votos que necesita en el Senado para que el juez federal Ariel Lijo llegue a la Corte Suprema.
Si bien en palabras parecen compartir la visión sobre el rol de la UIF, en la práctica no ha sido así, pese a que Cristina Kirchner lo haya negado al avalar el mensaje de Mena en redes sociales. Un ejemplo: en junio de 2020, la UIF aportó información y pidió ser querellante en la causa penal que investigaba a los ejecutivos de Vicentin y al extitular del Banco Nación Javier González Fraga por el préstamo que recibió la empresa agropecuaria durante la gestión de Mauricio Macri. También pidió evaluar embargos preventivos a la empresa y la inhibición general de bienes de los imputados en la causa: Macri, González Fraga, el extitular del BCRA Guido Sandleris y dos directivos de la empresa, Alberto Padoan y Gustavo Nardelli.
Mena, en su mensaje de la red social X, fue específico: “Hasta 2015 la UIF no investigó, ni acusó a ningún político”. Pero del gobierno anterior también fue parte Kirchner. Félix Marteau, experto en lavado de activos y uno de los que sostiene que la UIF no debería ser querellante recordó un hecho que desmiente a Mena. “Conozco la historia bien de adentro, como abogado del Grupo Clarín desde el año 2009. El tema de la querella en cabeza de la UIF lo inventó en 2009 Cristina Fernández de Kirchner, específicamente, para ir en contra del Grupo Clarín”.
La explicación oficial de la salida de Yacobucci fue otra, aunque ningún funcionario niega que el objetivo del Gobierno es que la UIF deje de querellar en las causas en las que hoy participa. Un mandato que tendrá que cumplir Paul Starc, el fiscal federal de Tres de Febrero y exmarido de la extitular de la UIF María Eugenia Talerico. Desde el Gobierno dijeron que se trató de una decisión tomada por los gastos y viajes excesivos de Yacobucci. Cerca de él no niegan los viajes. Fueron 15, de los cuales uno solo fue en turista premium (a Comodoro Rivadavia) debido a que, según explican, no había más pasajes en otras categorías.