Un mes después del lanzamiento y colapso de la criptomoneda $LIBRA, los tribunales estadounidenses registraron la primera demanda colectiva o “class action” contra los responsables internacionales de la movida: la familia Davis, Julian Peh, Benjamin Chow y las firmas Kelsier Ventures, Kip Protocol y Meteora.
Representados por un estudio jurídico que registra triunfos en otros casos de criptoactivos y estafas, Burwick Law, los inversores afectados reclamaron una compensación, además de “la restitución de las ganancias obtenidas injustamente por los demandados, medidas cautelares para evitar futuras ofertas fraudulentas de tokens y el nombramiento de un síndico para proteger al público y garantizar los activos restantes de los inversores”.
El estudio Burwick excluyó de manera deliberada entre los demandados al presidente Javier Milei y a su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. También obvió a otros protagonistas argentinos de $LIBRA, entre los que figuran Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, el colaborador de ambos en Tech Forum, Ariel Parkinson, y el entonces asesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Sergio Morales, entre otros.
La exclusión del Presidente y otros argentinos entre los demandados respondió a la decisión de los demandantes de ir por la vía civil y buscar un resarcimiento económico en Estados Unidos, y evitar un eventual contrapunto dilatorio con el Estado argentino y sus funcionarios o agentes, por lo que calificaron como un “lanzamiento engañoso, manipulado y fundamentalmente injusto” de la criptomoneda.
Para los demandantes, sin embargo, el Presidente resultó una figura decisiva en las maniobras “fraudulentas” que desarrollaron Hayden Davis y otros para captar inversionistas, y mencionaron a Milei por su nombre, de manera explícita, en seis ocasiones a lo largo de las 45 carillas. “Estos esfuerzos promocionales aprovecharon el respaldo de alto perfil del presidente de Argentina, Javier Milei”, sostuvieron los afectados en el segundo punto de la demanda, “lo que creó una apariencia de legitimidad y un valor de inversión significativo para el token”.
Presentada ante la Suprema Corte del Estado de Nueva York, la demanda abarca a más de 200 víctimas de la criptomoneda $LIBRA provenientes de media docena de países, y representa la primera acción judicial que se formaliza contra protagonistas del lanzamiento y colapso de $LIBRA, el 14 de febrero, en medio de versiones sobre iniciativas similares que podrían concretarse en California, España y China.
De avanzar en los tribunales neoyorkinos, la demanda colectiva podría arrojar luz sobre cómo fue la gestación, lanzamiento e implosión de $LIBRA, y qué roles asumieron los hermanos Milei, otros argentinos, Hayden Davis, su hermano Gideon y su padre Thomas en las maniobras financieras cuestionadas.
La acción civil en busca un resarcimiento para los afectados corre en paralelo, además, al “reporte de operaciones criminales” que recibió el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que ya emitió las primeras órdenes de presentación de información –“subpoenas”- a diversas plataformas de operaciones.
De acuerdo al escrito de la demanda, cuya copia obtuvo LA NACION, los compradores de $LIBRA fueron engañados por Davis, Peh, Chow y sus empresas, que “implementaron una estrategia de distribución de tokens intrínsecamente injusta y manipuladora, utilizando fondos de liquidez unilaterales en la plataforma de intercambio descentralizado Meteora”. Y eso, a su vez, “infló artificialmente el precio inicial del token $LIBRA, creando una ilusión de estabilidad y valor en el mercado donde realmente no existía”.
Con el precio de $LIBRA “controlado artificialmente” y con la “dinámica del mercado manipulada”, abundó el estudio Burwick, Davis y los demás demandados controlaron la valuación y liquidez del criptoactivo de manera exclusiva y extraer cerca de107 millones de dólares de manera “discreta y sistemática”, hasta causar el “colapso” de la valuación.
“Estas tácticas engañosas se combinaron con la omisión de revelar información esencial a los compradores”, remarcó Burwick Law. “Los Demandados no informaron a los potenciales compradores sobre las verdaderas estructuras de liquidez, el control interno del suministro de tokens ni los mecanismos deliberados que permitían a estos últimos monetizar secretamente sus tenencias de tokens. En cambio, los Demandados crearon una narrativa engañosa que promocionaba el token $LIBRA como un producto legítimo destinado a impulsar el crecimiento económico en Argentina”.
De acuerdo a la demanda, en tanto, los tribunales de Nueva York son competentes ya que uno de los responsables aparentes de la movida, Ben Chow, y la empresa que lidera, Meteora, tienen base en esa ciudad, además de que múltiples actividades financieras e instrumentos financieros están “directamente vinculados a los mercados financieros” de Manhattan.
A través de la infraestructura que proveyó Meteora, abundó el estudio Burwick, Davis y el equipo de Kelsier Ventures utilizaron “la imagen de personas influyentes, específicamente del presidente argentino, Javier Milei” para captar potenciales inversionistas, bajo la falsa premisa de que ayudarían a “fortalecer la economía argentina desde la base, apoyando el emprendimiento y la innovación”.
Pero si ese era el enunciado, planteó la demanda colectiva, la realidad era muy distinta, con “técnicas de infraestructura predatorias, como fondos de liquidez unilaterales y tráfico de información privilegiada, mediante las cuales el equipo de lanzamiento y las partes relacionadas obtuvieron el control mayoritario de la oferta de memecoins disponible durante el lanzamiento [de $LIBRA], lo que creó una ventaja injusta frente a los inversores minoristas”.
En ese contexto, la “class action” incluyó el pedido expreso de designar un síndico que desarrolle una auditoría forense sobre las cuentas de la plataforma Meteora y complete un relevamiento de las transacciones vinculadas a $LIBRA y otros criptoactivos similares, y resguarde todos los activos vinculados a #LIBRA, entre otras tareas.
“En resumen –completó el estudio Burwick-, las acciones de los demandados constituyeron un esquema fraudulento clásico: inflaron artificialmente el valor del token, difundieron públicamente afirmaciones sustancialmente falsas y engañosas sobre su propósito económico y gestión, y estructuraron deliberadamente la liquidez del mercado para que los inversores internos obtuvieran ganancias sustanciales a expensas de los compradores minoristas. Como resultado, los compradores minoristas fueron engañados y posteriormente sufrieron un daño financiero significativo, lo que convirtió el lanzamiento del token $LIBRA en un acto fundamentalmente injusto, engañoso y fraudulento”.
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