La fiscalía acusó al jefe del Servicio Penitenciario de Jujuy
La fiscalía de Jujuy acusó al jefe del Servicio Penitenciario de la provincia, Julio Arnaldo Vaca, y a otros 22 miembros de esa fuerza de haber maltratado, vejado y humillado en prisión a dos hombres que estuvieron 53 días presos por haber hecho publicaciones en las redes sociales sobre una supuesta infidelidad de la mujer del exgobernador Gerardo Morales.
El fiscal jujeño Diego Funes, que investigó el caso, firmó este jueves el pedido de elevación a juicio contra los 23 imputados. Precisó en su acusación que las víctimas fueron Nahuel Morandini y Roque Villegas, detenidos tras la denuncia de la mujer de Morales, pero advirtió que lo padecido por ellos dos “no fue una situación particular o excepcional, sino que formaba parte de un comportamiento habitual e institucionalizado, extendido a lo largo del tiempo”.
El fiscal afirmó que los miembros del Servicio Penitenciario obligaron a Morandini y a Villegas -y a otros detenidos- a “permanecer desnudos ante la presencia de los guardiacárceles, realizar sus deposiciones en un fuentón, miccionar en una botella, trasladarse completamente desnudos y corriendo hacia la zona de los baños, ya sea para lavar los baldes con excremento u orina, ya sea para higienizar su cuerpo; comer pan mojado con el agua del piso que contenía orín y soportar dentro de la celda baldes con excremento de terceras personas”.
También, a “pernoctar en celdas con las paredes rociadas de orín, permanecer aislados en celdas carentes de luz y de ventilación, y comer sin cubiertos y con la mano” entre otras “severidades y humillaciones”.
La fiscalía consideró acreditados todos los maltratos que Morandini y Villegas denunciaron haber sufrido en la cárcel durante los tres primeros días que estuvieron presos (el 5, 6 y 7 de enero de este año). Horas después de su liberación, en su casa de Lozano (a las afueras de San Salvador de Jujuy), Morandini dijo a LA NACION que con esos modos degradantes pretendían hacerlo confesar. “Me quisieron quebrar para que admitiera cosas que no hice”, afirmó.
El Servicio Penitenciario que dirige Vaca depende del gobernador Carlos Sadir, ahijado político del radical Morales, que fue dos veces gobernador de la provincia y, el año pasado, precandidato a vicepresidente en la fórmula que encabezó Horacio Rodríguez Larreta. Morales es querellante en la causa -que sigue abierta- contra Morandini y Villegas.
Ese expediente se inició el 4 de enero pasado por una denuncia de Tulia Snopek. Un día más tarde, fueron detenidos los dos hombres. Morandini, porque publicó un tuit en el que sostuvo que parecía “que uno de los tekis le enseña a tocar la quena a la mujer del exgobernador”. Roque Villegas, porque replicó en su cuenta de Facebook un mensaje que vio en TikTok sobre la supuesta infidelidad de Snopek. Después, en Jujuy se viralizaron rumores que daban por cierta esa relación prohibida o que ponían en duda, muchos en tono jocoso, la paternidad de Morales (tiene una hija de dos años con Snopek). Según Morales, todo esto le generó un “daño tremendo” a su familia.
Morandini y Villegas están acusados de delitos que, sumados como pidió el fiscal Walter Rondón, que lleva esa causa, los podrían enviar a prisión hasta ocho años: lesiones psicológicas (a Snopek) y afectación a la identidad de una menor (la hija de Snopek y Morales).
En un primer momento, el caso contra Morandini y Villegas avanzó a toda velocidad, pero fuentes con acceso al expediente dijeron a LA NACION que entró en un letargo después de la difusión nacional que tomaron las detenciones y las críticas que recibió el caso, que se multiplicaron hasta que los dos encarcelados fueron liberados.
Los acusados: jefes y celadores
La causa por los maltratos la abrió el fiscal Funes dos días después de que dejaron la cárcel Morandini y Villegas. La inició “de oficio” (sin una denuncia formal), cuando se conoció lo que ellos relataron haber sufrido.
Entre las pruebas que reunió el fiscal y que citó en su acusación hay imágenes de las cámaras de seguridad en las que se ve a los presos corriendo desnudos por el pabellón; también, declaraciones testimoniales de otros detenidos y de gente que trabaja en la cárcel, además de documentación que se secuestró en el penal.
Los acusados son empleados y funcionarios del Servicio Penitenciario de la provincia -incluida su máxima autoridad-. Para el fiscal, todos cometieron los delitos. “Aquí estamos ante clara coautoría funcional en donde algunos idearon y ordenaron el ilícito, y otros lo llevaron a cabo, teniendo todos los coautores la conciencia de que su acción se complementaba con la acción de su consorte de causa”, afirmó.
Funes detalló: “Las vejaciones y severidades impuestas de forma sistemática a los presos alojados en el Pabellón Nº 2 de la Unidad Nº 1 del Servicio Penitenciario de Jujuy fueron ordenadas y dirigidas por quienes ostentaban un rol jerárquico dentro de la estructura del Servicio Penitenciario, es decir por el director del Servicio Penitenciario, el imputado Julio Arnaldo Vaca, y los jefes del sector, Pablo Agustín Herrera, Flores Hernán Emanuel y Espinosa Marcos Mauricio. A su vez, los celadores del Pabellón Nº 2 (...) eran los encargados de imponer de manera concreta las severidades y los vejámenes a los presos que guardaban, ciñéndose por supuesto las directivas de sus superiores jerárquicos”.
Según el fiscal, “las prácticas vejatorias que han sido constatadas durante el curso de la presente investigación denotan de manera palmaria un comportamiento absolutamente violatorio de reglas consagradas internacionalmente aplicables a personas privadas de su libertad”. El fiscal afirmó: “Todo indica que las prácticas vejatorias constatadas forman parte de una larga, ilegal y arraigada costumbre dentro de los muros de la referida cárcel”.
Cuando Morandini y Villegas relataron cómo fueron tratados en el penal, Vaca dio una conferencia de prensa en la que negó que fuera cierto lo denunciado. Dijo que, como todos los detenidos, antes de ir a un pabellón general ellos dos pasaron por “Admisión”, pero dijo que fue para su “propio resguardo” y que “en ningún momento se vieron vulnerados sus derechos”.
Los 23 empleados y funcionarios que el fiscal pidió enviar a juicio están acusados del delito previsto en el artículo 144 bis (vejaciones y severidades), que prevé una pena de uno a cinco años de prisión.
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