En diciembre
de 2020, el gobierno kirchnerista de Alberto Fernández reglamentó
la Ley de Góndolas (Ley 27.545). Esta normativa establecía un máximo
del 30% del espacio de venta, físico o virtual, para una categoría de producto
por proveedor.
Además,
exigía que hubiera al menos cinco proveedores de distintos grupos
empresarios, que las micro y pequeñas empresas contaran con al menos un
25% del espacio de venta por cada categoría de productos y que las
cooperativas, mutuales, empresas de la agricultura familiar y economía popular
tuvieran al menos un 5% de espacio.
La
implementación de la Ley de Góndolas resultó ser un absoluto
fracaso, provocando mayor inflación y desabastecimiento en los
supermercados. Ahora, el gobernador krichnerista de la provincia de Buenos
Aires, Axel Kicillof, busca reinstalar esta ley a nivel provincial,
luego de que el presidente Javier Milei la derogara por decreto en diciembre.
El proyecto
propuesto por Kicillof juega con la ilusión de que los precios pueden ser
controlados mediante regulaciones burocráticas. Sin embargo, esta ley es
inaplicable. En el pasado, los sectores productivos supuestamente beneficiados nunca
calificaron para ofrecer sus productos en góndola, lo que acarrea
una imposibilidad de aplicación y cumplimiento para PyMEs y
emprendimientos de la economía popular.
El nuevo
plan, denominado “Fomentar la Competencia en Góndolas Bonaerenses”,
tiene como objetivo principal la "promoción y fortalecimiento de
las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) de
la provincia de Buenos Aires". Este plan, según Kicillof, busca "potenciar
el crecimiento" de estas empresas y proporcionar un marco normativo que
garantice la venta de productos regionales mediante un sistema "equitativo
de comercialización".
El
gobernador ultrakirchnerista de la Provincia de Buenos Aires quiere reinstalar
una ley que demostró ser un rotundo fracaso, resultando en mayor inflación y
desabastecimiento en las góndolas.
En diciembre
de 2020, el gobierno kirchnerista de Alberto Fernández reglamentó
la Ley de Góndolas (Ley 27.545). Esta normativa establecía un máximo
del 30% del espacio de venta, físico o virtual, para una categoría de producto
por proveedor.
Además,
exigía que hubiera al menos cinco proveedores de distintos grupos
empresarios, que las micro y pequeñas empresas contaran con al menos un
25% del espacio de venta por cada categoría de productos y que las
cooperativas, mutuales, empresas de la agricultura familiar y economía popular
tuvieran al menos un 5% de espacio.
La
implementación de la Ley de Góndolas resultó ser un absoluto
fracaso,
provocando mayor inflación y desabastecimiento en los
supermercados. Ahora, el gobernador krichnerista de la provincia de Buenos
Aires, Axel Kicillof, busca reinstalar esta ley a nivel provincial,
luego de que el presidente Javier Milei la derogara por decreto en diciembre.
El proyecto propuesto por Kicillof juega con la ilusión de que
los precios pueden ser controlados mediante regulaciones burocráticas. Sin embargo, esta ley es
inaplicable. En el pasado, los sectores productivos supuestamente beneficiados nunca
calificaron para ofrecer sus productos en góndola, lo que acarrea
una imposibilidad de aplicación y cumplimiento para PyMEs y
emprendimientos de la economía popular.
El nuevo
plan, denominado “Fomentar la Competencia en Góndolas Bonaerenses”,
tiene como objetivo principal la "promoción y fortalecimiento de
las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) de
la provincia de Buenos Aires". Este plan, según Kicillof, busca "potenciar
el crecimiento" de estas empresas y proporcionar un marco normativo que
garantice la venta de productos regionales mediante un sistema "equitativo
de comercialización".
El texto del
plan, que ahora comenzará a discutirse en la Legislatura bonaerense,
destaca la necesidad de enfrentar un contexto de "concentración
oligopólica". La normativa propuesta abarcará establecimientos
dedicados a la comercialización mayorista y/o minorista de alimentos, bebidas,
productos de higiene personal y de limpieza del hogar.
Este marco
regulatorio aplicará a establecimientos que pertenezcan a una cadena
comercial o que cuenten con una superficie destinada a la comercialización
mayor a 300 m² y/o que tengan dos o más líneas de cajas.
El mismo
gobierno kirchnerista que promovió la norma nunca la puso en práctica ni
recibió la adhesión de las provincias para que fuera una política de alcance
federal. La ley de
góndolas fue imposible de controlar por los gobiernos provinciales, y
resulta inimaginable que los municipios, con sus limitadas
estructuras, puedan hacerlo.
Además, esta
normativa obstaculiza las relaciones comerciales entre ciudadanos y promueve
un rol persecutorio del Estado. Desalienta el libre comercio al
advertir sobre sanciones a los actores en la cadena de comercialización. Este
enfoque no solo es contraproducente, sino que también genera un clima de
inseguridad e incertidumbre entre los comerciantes y productores.
A comienzos
de la administración de Milei, el DNU 70/2023 derogó la Ley de Góndolas, de
Abastecimiento y el Observatorio de Precios ya que obstaculizaban
las relaciones comerciales entre ciudadanos, promovían un rol
persecutorio del Estado y no generaban ningún tipo de beneficio. Esta
medida permitió que los supermercados pudieran decidir libremente qué
mercadería exhibir, a qué precio y en qué lugar ubicarla. Como
resultado, los precios de los productos han bajado en términos reales,
demostrando que la libertad de mercado es más efectiva para regular
precios que las intervenciones estatales forzadas.
Reinstalar
la Ley de Góndolas en la provincia de Buenos Aires es un paso atrás en la
búsqueda de una economía más libre y eficiente. La experiencia pasada demuestra
que esta ley no solo es inaplicable, sino que también genera
desabastecimiento e inflación. El gobierno de Kicillof, gran defensor de la
intervención estatal en la economía vuelve a recurrir a regulaciones ineficaces
y perjudiciales para el pueblo argentino.