Tres días después de las elecciones sospechadas de fraudulentas en Venezuela, que desataron una oleada de protestas y dejaron 16 manifestantes muertos y más de mil detenidos, los distintos sectores del peronismo empezaron a tomar distancia de Nicolás Maduro. Lo hicieron por medio de comunicados en los que reclamaron al gobierno chavista que publique las actas del escrutinio, la misma demanda que esgrimieron otros espacios de la política argentina abiertamente refractarios al régimen bolivariano. El giro del amplio conglomerado de Unión por la Patria (UP) no deja de ser paradójico, dada la sociedad histórica del kirchnerismo con Caracas, pero tiene matices al interior de la principal fuerza de oposición.
Según pudo saber LA NACION, entre los principales dirigentes de UP anidaba hasta el martes por la noche la convicción de que la Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela accedería a publicar las actas de escrutinio, en el marco de un proceso de mediación que encararía Brasil. Así interpretaron las declaraciones de Lula Da Silva, que no se plegó a los cuestionamientos directos a Maduro para preservarse -entendían en UP- como una suerte de “puente” entre el chavismo y la oposición venezolana llegado el momento. Pero la posibilidad de tender esa mesa de negociaciones “se rompió cuando Maduro se negó a publicar las actas”, deslizó un dirigente peronista al tanto de las conversaciones reservadas.
La primera demostración de esa nueva línea corrió por cuenta del Frente Renovador (FR) de Sergio Massa. El partido que conduce políticamente el exministro de Economía reclamó que “el pueblo venezolano tenga acceso a una verificación clara y precisa” de los resultados de las elecciones del domingo pasado y se exhibió crítico de un “régimen que no respeta los derechos humanos”. Si bien Massa tuvo históricamente una postura crítica del chavismo, que lo diferenció del kirchnerismo en ese aspecto, también había entre los renovadores cierta expectativa en que Brasil lograría apaciguar la crisis. “Más allá de nuestra coalición electoral, como fuerza política, nuestro líder ha mantenido esta posición pública y consistente a lo largo del tiempo”, sostuvo el FR en un comunicado.
Más ruido interno que la ratificación de la postura del massismo provocó el comunicado del bloque de diputados nacionales de UP, redactado a puertas cerradas por el jefe de la bancada, Germán Martínez, y un puñado de legisladores que integran la comisión de Relaciones Exteriores, entre ellos Santiago Cafiero y Lorena Pokoik. “Es imprescindible la publicación de las actas de las elecciones en Venezuela”, escribieron desde la oficina del bloque. En tanto, en el despacho de un diputado que no participó de la reunión deslizaron que la iniciativa no fue compartida por todos los integrantes de la bancada. Es más, algunos ni siquiera estaban enterados de que publicaría un pronunciamiento.
En una postura inédita para diputados acostumbrados a seguir a pie juntillas la línea del kirchnerismo, el bloque de UP sostuvo que Maduro es “el responsable de garantizar que el escrutinio sea transparente, con el correspondiente conteo de votos y exhibición de las actas ante veedores de las fuerzas políticas nacionales e internacionales”. Y ante a escalada de violencia que se vive en aquel país, los legisladores exhortaron a las autoridades venezolanas “a que las actuaciones de las Fuerzas Armadas y de seguridad se realicen de acuerdo a los estándares del derecho internacional”.
Según pudo saber este medio, en el peronismo confiaron inicialmente en un mensaje que les hizo llegar la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, para quien la protesta de los opositores al régimen “se apagaría en tres días” siempre y cuando los manifestantes no tuvieran apoyo desde el exterior. Pero tras la escalada de violencia en Caracas y otras ciudades de Venezuela, y con la represión de las fuerzas de seguridad a la vista de la comunidad internacional, se multiplicaron los nervios en la principal fuerza de oposición argentina, que no quiere quedar pegada a la suerte de Maduro.
A tal punto, que hasta La Cámpora había tenido que aclarar, el lunes por la noche, que la agrupación no estaba en la lista de 100 organizaciones que habían manifestado su apoyo a Maduro y que difundió con total intencionalidad el canciller de Venezuela, Yvan Gil. “No sabemos por qué estamos en ese listado”, dijeron fuentes cercanas a Máximo Kirchner. En el puesto 94 de esa nómina aparecía “La Cámpora-Argentina”, cuyos miembros habían hasta ahora mantenido silencio sobre la proclamación de Maduro hasta 2031.
La que oficializará la postura del espacio sobre los hechos que conmueven a Venezuela será la propia Cristina Kirchner, quien participará el sábado de un seminario organizado por Morena -la agrupación del presidente Andrés Manuel López Obrador- en la ciudad de México y se explayará sobre la situación político-electoral de la región. El sitio que eligió la expresidenta para su presentación hace suponer que comulgará con la línea histórica de la diplomacia azteca, que tiene su piedra fundamental en los principios de la no injerencia en asuntos internos y la autodeterminación de los pueblos.
Tal vez por eso el gobernador Axel Kicillof decidió patearla afuera este miércoles cuando le preguntaron, en medio de una conferencia de prensa, qué pensaba de la situación que atraviesa Venezuela. “Pregúntenle a Cristina”, respondió en forma lacónica, sin meterse en la controversia y alimentando, de paso, un cúmulo de especulaciones sobre el tenor de la frase. “L preguntaron lo que piensa ella y Axel no habló con Cristina del tema”, explicaron en La Plata. Desde el Gobierno bonaerense había sido el ministro Andrés Larroque el más explícito en su pronunciamiento, al condenar sus “expresiones llamando a un golpe de Estado”.
Pese al intento por despegarse de Maduro y de seguir la línea de política exterior de Brasil y México, que se diferencia notoriamente de la de Argentina bajo el comando de Milei, en el peronismo también pegó fuerte el hecho de que algunos de sus dirigentes estuvieron en Venezuela como veedores de un proceso electoral que se sospecha fraudulento. El propio expresidente Alberto Fernández había sido convocado por el CNE y luego fue dado de baja cuando declaró que Maduro debía aceptar el resultado de las elecciones en caso de resultar derrotado.
Entre los veedores estuvieron varios integrantes del Frente Grande, el partido que fundó Carlos “Chacho” Alvarez en los años 90 y que ahora se mantiene dentro de la coalición panperonista UP. Dirigentes como Eduardo Sigal, Ariel Basteiro y Carlos Raimundi estuvieron en la capital venezolana hasta ayer. Uno de ellos, Sigal, dijo a LA NACION que el proceso se desarrolló “con total prolijidad” pero que ahora, a su juicio, “se necesita que publiquen las actas” del escrutinio porque “se ha provocado un escándalo mundial”. Incluso, algunos de esos veedores le hicieron llegar esta demanda a la administración chavista.
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