Hay pocos antecedentes en la historia democrática argentina en los que más de 50 muertes hayan pasado prácticamente inadvertidas para la opinión pública. Y, aun peor, con la mirada lejana de parte de la Justicia Federal y el silencio cómplice de sectores del poder político.
El fentanilo mortal cuenta muertos de a decenas mientras el silencio rodea un caso que parece estremecer a pocos. Desde que se conocieron las primeras muertes, a comienzos de mayo, inmediatamente se supo cuál era el laboratorio que había producido el veneno mortal y, poco después, quiénes eran los responsables técnicos. Con el nombre de las plantas donde nacieron aquellas ampollas, HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, llegar a los dueños era cosa de minutos.
Sin embargo, pese a las muertes y a la evidencia, el cuestionado juez federal de La Plata Ernesto Kreplak recién dispuso dos meses después la “inhibición general de bienes” a 31 personas y a una docena de sociedades que estarían relacionadas con la “existencia de una estructura que entrelaza personas físicas y jurídicas cuyas actividades de momento no resultan del todo claras, pero de las que sí se sabe que guardan directamente vinculación con los responsables de HLB Pharma, Laboratorios Ramallo y Droguería Alfarma, esta última distribuidora principal de los medicamentos producidos por HLB”.
Durante ese tiempo, los medios de comunicación fueron los encargados de poner de manifiesto las irregularidades que se observan en cada uno de los movimientos del laboratorio, pero, sobre todo, los potenciales vínculos que existían entre los productores del fentanilo mortal y el narcotráfico. Recién ahora se les prohibió salir del país a los sospechosos, que podrían haberse fugado en los últimos 60 días.
A lo largo de estos dos meses se conoció también que decenas de familias que lloraron a sus muertos por una rara “pulmonía bilateral” podrían haber estado equivocadas en el diagnóstico.
Con solo una pregunta a los médicos se podría saber que, en realidad, todos ellos fueron tratados con fentanilo. La irregularidad del caso llega al extremo de que no es posible contestar dos preguntas básicas, si podría haber más muertos que los 52 reportados o si es posible conocer el listado de los fallecidos. Nadie lo tiene. Nadie reclama.
La investigación periodística aportó datos a la opinión pública, como la relación de los hermanos García Furfaro –responsables del laboratorio– con Lázaro Báez, condenado por corrupción y detenido, amigo de Néstor Kirchner. Esa cercanía tomó cuerpo en una sociedad que administraba los aviones del convicto y que compartía domicilio con las empresas de los hermanos García Furfaro.
La gran mayoría de las creaciones societarias tenían como sede la casa de la madre de los hermanos. A ese domicilio en Caballito también arribó la firma de Báez, que, vale aclarar, es un edificio particular, de barrio, y no un bloque de oficinas donde el azar los podía haber unido.
También LA NACION reveló los vínculos con el poder de Paraguay que llega al expresidente y líder del Partido Colorado y hoy oficialista Horacio Cartes. Los García Furfaro importaron una planta farmacéutica a la Argentina, beneficiados por los permisos que se entregaban discrecionalmente durante el último gobierno kirchnerista, que encabezó Alberto Fernández. Arropados por el dólar oficial, montaron un laboratorio en Ciudad del Este, en la Triple Frontera, uno de los lugares más permeables al crimen organizado.
La cabecera de playa en aquel país la tramitó, como socio en una de las empresas, Gustavo Leite, senador nacional por el paraguayo Partido Colorado, desde 2023, actualmente nominado como embajador de ese país en los Estados Unidos.
Como se dijo, la causa penal que se empezó a instruir después de que trascendieron las primeras muertes en el Hospital Italiano de La Plata la lleva adelante el juez Ernesto Kreplak, hermano de Nicolás, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. La mención de estos hermanos no es menor. Sucede que las muertes se produjeron en territorio bonaerense, en este caso en una clínica que no depende del hermano ministro, pero bien podría darse que la consecución de la investigación lleve la pesquisa a las puertas de la oficina del titular de la cartera, ya que la provincia de Buenos Aires, además de muchos de los municipios, era compradora de productos como el fentanilo de la droguería Alfarma, de los García Furfaro.
La incompatibilidad de tareas ha quedado muy cerca para el magistrado. Por ahora, los querellantes en la causa son el Ministerio de Salud de la Nación y la Municipalidad de Rosario, otro de los epicentros de las muertes y de la actividad de los productores del fentanilo mortal. El municipio santafesino apunta en su presentación a los antecedentes del laboratorio en esa ciudad, donde algunos de sus socios estuvieron relacionados con la mafia de los medicamentos y tratan de probar la relación con Mario Segovia, conocido como “el rey de la efedrina”, socio de los García Furfaro en un laboratorio, Apolo, que se incendió de manera sospechosa.
El gobierno bonaerense no ha movido sus fichas. De hacerlo, el juez debería declararse incompetente.
Una última curiosidad tiene que ver con el carácter de querellante del Ministerio de Salud nacional. Sucede que dentro de esta cartera funciona el organismo regulador y de contralor de los medicamentos: la Anmat. Gran parte de las pruebas y de las irregularidades se esconden en los archivos de estas dependencias. No resulta fácil verlos con la ropa de querellantes; más bien deberían ser motivo de una exhaustiva investigación para conocer qué es lo que pasó, qué control se pasó por alto y quiénes incumplieron sus deberes.
Mientras tanto, las muertes se suceden y los responsables están libres.
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