Las cárceles no dan abasto. El delito crece de manera incesante, con casi 12.000 internos solo en penales federales; la realidad penitenciaria desafía la creatividad de una sociedad que debería promover la reinserción social de los reclusos y no la reincidencia.
El interno tiene el derecho y el deber de trabajar, según fija la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad, pudiendo ganar así una remuneración que respete la legislación laboral. Se calcula que el 70% de la población carcelaria tiene un trabajo remunerado por el que debería cumplir un mínimo de ocho horas de labor. No cobran por ser presos, sino por trabajar, y su sueldo no será inferior a las tres cuartas partes del salario mínimo vital y móvil. La ley dispone que el 10% será para indemnizar los daños y perjuicios causados por el delito, que rara vez llega a sus destinatarios; 35%, para su alimentación; 25%, para costear los gastos que causare en el establecimiento, y 30%, para formar un fondo propio que se le entregará a su salida.
El Ministerio de Seguridad de la Nación anunció que un 5% de los presos que no realizan tareas de reinserción social podrán cumplir tareas generales. Los pagos a internos que no realizaban ninguna labor habían venido sufriendo fuertes incrementos en los últimos años. Solo el 38% realizó alguna actividad; la mayoría cobró una suerte de subsidio encubierto sin contraprestación alguna.
El Gobierno anunció que no quiere que los delincuentes, en vez de trabajar, cobren un salario por no hacer nada. En adelante, todos los internos deberán dedicar hasta cinco horas diarias, que no serán remuneradas, a tareas de mantenimiento y limpieza de los espacios propios y comunes de los establecimientos penales.
El progreso de quien cometió un delito no puede reducirse exclusivamente a ver transcurrir el tiempo en prisión. Tiene que haber un uso productivo de este. La ociosidad ha demostrado promover la violencia y el desorden en favor de una subcultura carcelaria ligada al delito.
Un 80% del total de detenidos cursan clases en los tres niveles o en práctica de oficios a través del Programa Manos a la Obra. Trabajos de herrería, fabricación de mobiliario, provisión de adoquines y confección de uniformes para el Servicio Penitenciario son algunas de las actividades.
Cárceles sanas y limpias, no para castigo sino para reinserción, son responsabilidad del Estado, sin olvidar que los reos no son víctimas sino victimarios dentro de la sociedad.
Las redes de corrupción penitenciaria contribuyen a sostener sistemas de privilegios que unos cargan sobre los otros. Hay muchísimo por hacer desde distintas áreas para que la cuestión carcelaria sea debidamente reencauzada. Demasiados años de burdo e insostenible garantismo nos han traído hasta aquí. No podemos quedar prisioneros de esta situación.
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San Bernardo del Tuyú - Buenos Aires
