Agentes que responden al Ministerio de Seguridad nacional comenzaron a recabar información sobre los manifestantes que participan en las movilizaciones de los miércoles frente al Congreso tras catalogarlos como posibles “anarquistas K” que podrían afectar la “gobernabilidad democrática” y la “seguridad institucional”, confirmaron cuatro fuentes consultadas por LA NACION por separado.
Las tareas de “perfilamiento” empezaron semanas atrás, cuando las movilizaciones de jubilados y agrupaciones políticas terminaron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y episodios de violencia. La Casa Rosada decidió entonces que el ministerio que lidera Patricia Bullrich coordine más y mejor con la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) para prevenir nuevos incidentes, según una de las fuentes oficiales consultadas.
“Lo están haciendo, sí”, confirmó una segunda fuente oficial. “El primer paso es reunir información sobre los líderes de las marchas y algunos manifestantes recurrentes, y se recogen datos para el ‘perfilamiento’, además del análisis de fuentes abiertas y oficiales, como pueden ser redes sociales, servicios como Nosis o Migraciones, entre otras opciones, y que luego puede continuar con la búsqueda de datos menos accesibles”, agregó.
En la práctica, según las fuentes consultadas, existiría una división de tareas. “La Dirección de Inteligencia Criminal [del Ministerio de Seguridad] se encarga de anticipar potenciales conflictos y recabar datos sobre quiénes van a las marchas, y remite a la Dirección de Operaciones [de la SIDE] si se registran detenidos para que los analicen con mayor profundidad, por ejemplo, o si se registran incidentes”.
El punto de inflexión para el Gobierno, según coincidieron tres de los informantes ante las consultas de LA NACION, se habría registrado en los días previos o posteriores a la marcha frente al Congreso del 12 de marzo pasado. Es decir, cuando el fotógrafo Pablo Grillo sufrió heridas gravísimas en su cabeza por el disparo de un cartucho de gas lacrimógeno.
En los días que siguieron, el oficialismo aportó indicios sobre el desarrollo de tareas de inteligencia sobre manifestantes y protestas callejeras. El 18 de marzo, el asesor presidencial Santiago Caputo convocó a su despacho a la ministra Bullrich y a los números 1 y 3 de la SIDE, Sergio Neiffert y Diego Kravetz, para coordinar el operativo de seguridad que desplegaría el Gobierno ante la siguiente marcha al Congreso.
La presencia de las autoridades de la SIDE en esa reunión alertó a las entidades que integran la llamada “Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia” (ICCSI), como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que enviaron una nota a las autoridades de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso.
“Nos alarma la participación de la Secretaría de Inteligencia en la coordinación de un operativo cuyo objetivo debería ser el asegurar las condiciones para que la manifestación se desarrolle de manera segura”, remarcó la ICCSI. “Históricamente el rol de los organismos de inteligencia en torno a la protesta social no respetó [los] límites [legales]: bajo el pretexto de la lucha contra el ‘terrorismo’ o hipótesis de ‘desestabilización’ o de ‘golpes de Estado’”.
“Anarquistas y kirchneristas”
La ministra Bullrich ofreció indicios de esas tareas de inteligencia en los días posteriores a la protesta que concluyó con Grillo en un hospital. La ministra sostuvo por televisión que el fotógrafo se encontraba “detenido”, que era un “militante kirchnerista” y que, según ella, “trabaja con Julián Álvarez en la Municipalidad de Lanús y antes estuvo en el Ministerio de Justicia cuando estaba Alberto Fernández”.
Álvarez desmintió los dichos de Bullrich esa misma noche, a través de la red social X. Precisó que Grillo no se encontraba detenido, sino internado en grave estado en el Hospital Ramos Mejía y que no trabajaba en la Municipalidad de Lanús. “Ninguna de las dos cosas es cierta”, aclaró en un posteo, en el que confirmó que conoce al joven de espacios de militancia.
El 4 de este mes, en tanto, Bullrich describió una supuesta metodología que manifestantes que calificó como “anarquistas y kirchneristas” habrían implementado contra las fuerzas federales a cargo del operativo de seguridad alrededor del Congreso.
“Recién estaba viendo que hay un informe de los grupos más violentos que se reúnen los miércoles. Tenemos imágenes terribles de cómo les pegan a las fuerzas. Estaba mirando una publicación que ellos mismos hacen, en la que dicen que van a ir con un alambre a la altura de las piernas para avanzar y hacer caer a las fuerzas. Un alambre para caminar y hacer caer al miembro de las fuerzas. Es un nivel de preparación y provocación muy fuerte”, comentó.
Sin embargo, Bullrich evitó brindar precisiones sobre qué fuerza de seguridad redactó ese “informe” sobre los “grupos más violentos” que protestarían frente al Congreso, ya fueran de raigambres “anarquistas” o “kirchneristas”. Tampoco presentó evidencias sobre ese supuesto “alambre a la altura de las piernas” que utilizarían esos manifestantes, aunque afirmó que los grupos que se movilizaran quedarían “identificados” (LA NACION procuró contactar a voceros del Ministerio de Seguridad sobre ese supuesto informe con datos sobre grupos “anarquistas” o “kirchneristas” y las tareas que desarrolla la Dirección de Inteligencia Criminal, pero al cierre de esta edición no obtuvo respuesta).
Las declaraciones de la ministra Bullrich, de todos modos, remiten al Plan de Inteligencia Nacional (PIN) de la SIDE, un documento secreto de 170 páginas que entreabre la puerta a tareas de espionaje interno que podría recaer sobre periodistas, economistas, académicos y todo aquel que cuestione al presidente Javier Milei o al gobierno nacional, según reveló LA NACION el domingo 25 de mayo pasado.
Ese mismo documento secreto también colocó como foco de interés de la SIDE a todos aquellos sujetos, extranjeros o locales, que puedan poner en riesgo la “gobernabilidad democrática” o la “seguridad institucional”. Entre ellos, aquellos que estén sospechados de incurrir en “actividades terroristas de raigambre anárquica”, sin mayores precisiones.
Una de las fuentes oficiales ahondó por esa senda argumental ante la consulta de LA NACION. “Quiénes van a las marchas es tarea de la DNIC [por la Dirección de Inteligencia Criminal], y la SIDE se involucra cuando la cosa ya pasó a castaño oscuro, como cuando se registraron los incidentes dentro de [las instalaciones de la señal de cable] TN u otra cosa grave, para determinar si se está, por ejemplo, ante un atentado al orden constitucional”.
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