Solo en un tema resulta sencillo el acuerdo entre los 24 gobernadores, incluyendo al jefe de gobierno porteño. Siendo de muy diferentes proveniencias políticas e intereses, se unieron para pedir y presionar al Poder Ejecutivo Nacional por más fondos, por encima de los que reciben automáticamente por el régimen de coparticipación. El planteo es colectivo, no relacionado con proyectos en particular. En esta cuestión no se pone en juego ningún contrafavor por apoyos parlamentarios. El pedido concreto es el de distribuir los fondos aún no utilizados de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y agregar a la masa coparticipable el impuesto a la transferencia de combustibles. En ambos casos solicitan que los porcentajes de distribución por provincia sean los de la ley de coparticipación federal de impuestos. Dos proyectos de ley en ese sentido ya tuvieron ingreso al Senado con pedido de tratamiento sobre tablas. De ser finalmente sancionadas esas leyes, el Presidente tendrá que vetarlas si quiere sostener el equilibrio fiscal, y así lo ha anunciado. La insistencia legislativa requeriría dos tercios de los votos en ambas cámaras, que hoy estarían asegurados. Esta es una nueva sombra en el futuro del programa económico, que, como otras iniciativas que solo ven la parte pero no el todo, atenta contra equilibrios necesarios para la sociedad.
Los gobernadores alegan que han hecho su ajuste, lo que no parece convalidarse al suceder este reclamo. Hay excepciones, pero la mayoría de los gobernadores no se han empeñado en reducir el gasto con la misma voluntad y convencimiento con que lo ha hecho el gobierno nacional.
El Pacto de Mayo se puso como objetivo reducir el gasto público del país a un 28% del producto bruto interno (PBI). Se partió en el año 2023 con el 43% del PBI. La reducción de 15 puntos se estimaba que correspondía en 7,1 puntos al gobierno nacional, 7 a las provincias y 0,9 a los municipios. Según los datos disponibles actualmente, la administración nacional logró en 2024 una reducción de su gasto en 5,1 puntos del PBI de los que solo 0,6 lo fueron por una disminución de las transferencias discrecionales a las provincias. Si es que hubo algún ajuste en las provincias, fue excepcional, de escasa magnitud y muy lejos de lo realizado a nivel nacional y del objetivo del Pacto de Mayo.
Esta falta de convergencia refleja una diferencia y hasta una oposición en los objetivos políticos de la mayoría de los gobernadores con respecto a los del presidente Javier Milei. Pero no debe dejar de observarse que hay una cuestión de carácter institucional que induce estos comportamientos. Es la ausencia de correspondencia fiscal que resulta de nuestro régimen tributario. Por correspondencia fiscal se entiende que quien gasta debe ser responsable de recaudar los fondos que gasta. Esto está lejos de suceder. Dos tercios de las provincias reciben más del 70% de sus ingresos desde el gobierno nacional. Sus gobernadores tienen el beneficio político de gastar y no el perjuicio de recaudar. Así se alimenta la propensión de los gobiernos provinciales a gastar más y a atender prioridades políticas sin la resistencia de sus propios contribuyentes. Con el correr del tiempo se tiende a un aumento sistemático del gasto y finalmente el conjunto de provincias cae en un déficit crónico. Los gobernadores no se plantean la opción de bajar el gasto para reducir impuestos y atraer inversiones. Esta sensibilidad se ha perdido y se observa en la facilidad con que casi todas las provincias han aumentado el alcance y la alícuota del impuesto a los ingresos brutos o en el cobro de tasas viales municipales que no se refleja en el mantenimiento de los caminos. No hay competencia tributaria entre las provincias. Apenas un puñado de municipios –como el de Tres de Febrero– han exhibido vocación por reducir sus tasas de seguridad e higiene para seducir capitales y bajar costos a las empresas.
Casi todas las provincias han aumentado el alcance y la alícuota del impuesto a los ingresos brutos
La masa coparticipable se integra con impuestos de recaudación nacional y, de ella, el 54% va a las provincias. Los porcentajes de distribución entre provincias no responden a la recaudación en sus territorios, sino que favorecen relativamente a las más pobres. Por lo tanto, el pasaje a un sistema de correspondencia fiscal pura debería contemplar una transición o amortiguación. La esencia de una reforma debe ser la devolución de potestades tributarias a las provincias en el marco de una más amplia reforma del sistema impositivo que incluya la supresión o la sustitución de los impuestos distorsivos.
Se conocen algunas iniciativas de reforma del federalismo fiscal que plantean la derogación del régimen de coparticipación federal de impuestos. Una de las alternativas propone un IVA provincial, quedando un IVA nacional con una alícuota muy reducida. El impuesto a los ingresos brutos quedaría sustituido por el IVA provincial. Otra propuesta distinta es la de transferir a los gobiernos provinciales la recaudación de los impuestos generados en su territorio comprendiendo Ganancias de personas humanas, Combustibles, Bienes Personales e Internos. El IVA y el impuesto a las ganancias de personas jurídicas, así como los impuestos al comercio exterior quedarían como nacionales. En esta alternativa, Ingresos Brutos sería sustituido por un impuesto a las ventas finales.
La viabilidad política de una reforma de este tipo requeriría que, al menos en el empalme con el régimen actual, no se produzcan cambios abruptos en los ingresos de las provincias menos desarrolladas. Esto debiera resolverse mediante un fondo transitorio de redistribución horizontal entre provincias con una duración preestablecida de no más de tres o cuatro años. Luego se entraría en una situación de plena correspondencia fiscal. No solo se crearía un alineamiento de incentivos hacia el mejor control del gasto público, sino que, además, quien gobierne la Nación dejará de disponer del poder de negociar apoyos políticos contra la transferencia discrecional de fondos.
Un auténtico federalismo requiere una reforma de este carácter. Mientras tanto, debe pedirse a los gobernadores que piensen si hoy su deber es eficientizar su gestión o cubrir la falta de ese esfuerzo poniendo en riesgo la estabilidad macroeconómica.
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