El juicio que inició Cristina Kirchner con la pretensión de volver a cobrar sus dos asignaciones de privilegio -dadas de baja por la Anses en noviembre de 2024, tras confirmarse la condena en su contra por corrupción- tiene desde esta semana una jueza a cargo, a partir de una decisión de la Sala 3 de la Cámara Federal de la Seguridad Social. Es el Juzgado Federal de Primera Instancia N°1 del fuero previsional, a cargo de Karina Alonso Candis, el encargado de tomar la causa.
La sentencia interlocutoria que incluye esa definición llega después de cinco meses de idas y vueltas del expediente, que, según expresa en términos poco elegantes un escrito presentado meses atrás por el abogado de la expresidenta, “dos magistrados se han tirado por la cabeza“ para evitar que el tema quedara bajo su responsabilidad.
A mediados de junio, la citada sala del fuero previsional había resuelto el conflicto planteado entre dos jueces de primera instancia, que rechazaban tener que ocuparse del expediente. En ese entonces, los jueces camaristas no admitieron la excusación del magistrado sobre el cual había recaído en principio la causa, Ezequiel Pérez Nami, subrogante del Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 10. Aquella negación a tomar la causa había provocado que el expediente se remitiera a otro juzgado, el ya mencionado N°1 a cargo de Alonso Candis, en el cual también había sido rechazado.
De esta manera, lo resuelto casi tres meses atrás había dejado el expediente en manos de Pérez Nami. Pero la Anses -que es la parte demandada- recusó sin causa al juez. Es decir, pidió que fuera apartado del caso, generando que el expediente volviera al juzgado N°1, que consideró que no correspondía admitir la recusación.
El organismo de la seguridad social, entonces, apeló ese rechazo a su recusación. La novedad de las últimas horas es que los camaristas admitieron el recurso presentado por el Gobierno y enviaron el expediente al Juzgado N°1, de Alonso Candis.
La sentencia firmada ahora por los jueces Sebastián Russo y Adriana Cammarata resuelve admitir el recurso de apelación de la Anses. Y también dispone “revocar la resolución dictada el día 27/06/25″, en referencia a la medida mediante la cual la jueza Alonso Candis se había inhibido de entender en la causa.
El litigio en cuestión fue iniciado por Cristina Kirchner -condenada por el delito de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”- para recuperar sus asignaciones. La expresidenta cobraba dos beneficios, uno por ser expresidenta y otro por ser viuda del expresidente Néstor Kirchner. Ello, pese a las incompatibilidades mencionadas en la ley 24.018, que regula estos beneficios especiales.
En noviembre pasado -último mes de pago-, las prestaciones sumaron, en bruto, $35.255.297,73, en tanto que la cifra neta fue de $21.828.203,92, equivalente a casi 70 veces el haber mínimo más el bono pagado entonces por el sistema general de la Anses. Eso incluía unos $6 millones de plus por zona austral, ya que el domicilio declarado era en Santa Cruz, pese a que la exfuncionaria no residía allí. Por esto último, la Anses hizo una denuncia penal.
En este caso no hubo juicio político ni remoción, pero en la resolución de las bajas se argumentó que la expresión de la ley lleva a interpretar que es incompatible cobrar el beneficio con el hecho de haber cometido delitos al ejercerse un cargo público, algo probado por la Justicia. La baja de las prestaciones se decidió luego de que la Cámara de Casación Penal confirmó el fallo en contra de la exfuncionaria en la causa Vialidad, ratificado luego por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El cobro simultáneo de ambas prestaciones -algo que ocurrió, como se mencionó, hasta la baja- está en el eje de otro litigio, cuyo expediente se encuentra en la Corte Suprema de Justicia, a la espera de que se resuelva algo respecto de una presentación de Graciela Ocaña. La legisladora porteña busca ser tenida en cuenta en la causa, para que se atienda su pedido de declaración de nulidad de la renuncia hecha por la Anses (bajo la gestión anterior) a su propia apelación al fallo dictado en 2020 por Pérez Nami, que favoreció a Cristina Kirchner en su reclamo por la reposición de la asignación que le había sido suspendida.
Se trata de una demanda también iniciada por CFK, en ese caso luego de que el gobierno de Mauricio Macri dejó de pagarle una de las dos asignaciones, por entender que el cobro de ambas a la vez era incompatible. La restitución había llegado, de todas formas, en 2021, con la causa judicial abierta y por decisión de la entonces directora ejecutiva de la Anses, la camporista Fernanda Raverta.
Las prestaciones son consideradas de privilegio porque, además de sus elevados montos, no requieren del cumplimiento de requisitos ni de edad ni de cantidad de aportes.












