Cristina Kirchner, detenida en su casa cumpliendo una condena de seis años de prisión por el fraude de Vialidad, pidió hoy a la Justicia suspender la ejecución de sus bienes y anular esa decisión. En paralelo, cuestionó la manera en que se calculó el monto del perjuicio provocado al Estado con la maniobra y se reservó el derecho llegar a la Corte Suprema con su reclamo.
“No tengo bienes producto del delito”, escribió la expresidenta en un documento presentado ante los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, del Tribunal Oral Federal N°2, que la condenaron. Agregó que el cálculo del dinero que debe depositar es “un disparate jurídico”.
La presentación de Cristina Kirchner, realizada en primera persona y firmada también por el abogado Alberto Beraldi, se efectuó al filo de que venza el plazo −a las 9.30 de este miércoles− para que deposite, junto con el resto de los condenados en la causa Vialidad, los 530 millones de dólares establecidos por el tribunal oral por el decomiso de bienes para reparar el perjuicio ocasionado al Estado.
En paralelo, la expresidenta hizo otro planteo ante los jueces Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos, de la Cámara de Casación: recurrió el monto del decomiso y dijo que no se puede ejecutar porque el cálculo no es producto de una sentencia firme.
Ahora tienen que pasar dos cosas: el Tribunal Oral Federal 2 debe responder si suspende o no el trámite (una decisión rápida) y la Cámara de Casación tramitar el recurso de apelación contra el monto del decomiso. Se analizará si le dan vista o no al fiscal Mario Villar.
Eventualmente, Cristina Kirchner puede intentar seguir con su reclamo por este asunto económico en la Corte Suprema.
Al cuestionar el índice de actualización, la expresidenta solicitó que se declare la nulidad absoluta del fallo que la intima a depositar el dinero. Y señaló que, “dada la ausencia de sentencia judicial firme en torno al monto”, corresponde “que se suspendan todas las actividades patrimoniales ejecutivas”.
Es decir que, en la práctica, la expresidenta no depositará ni un centavo.
Dijo, además, que se deben excluir los bienes de sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, ya que son ajenos a la causa de Vialidad. La expresidenta les hizo en 2016 un anticipo de herencia y los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola señalaron que de todos modos se les deben decomisar esos bienes.
Por eso, Cristina Kirchner pidió que se convoque a Máximo y Florencia Kirchner al proceso para defender sus derechos. Argumentó que la cesión de derechos sobre la herencia de Néstor Kirchner a sus hijos, en 2016, fue un acto jurídico legítimo, investigado y sobreseído judicialmente.
El fallo del TOF 2 estableció que también se deben decomisar los bienes del resto de los condenados en la causa Vialidad: el exsecretario de Obras Públicas José López (condenado a seis años de prisión); los extitulares de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti (seis años), Mauricio Collareda (cuatro años) y Raúl Daruich (tres años y seis meses); y los extitulares de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz Juan Carlos Villafañe (cinco años) y Raúl Pavesi (cuatro años y seis meses) y José Santibáñez (cuatro años).
“Absolutamente legítimo”
Tras explicar que el decomiso pretende recuperar los bienes producto del delito, la expresidenta sostuvo: “Toda mi evolución patrimonial, al igual que la del resto de la familia Kirchner, resulta absolutamente legítima”. Afirmó que así lo acreditan los fallos donde fue sobreseída por enriquecimiento ilícito.
Cristina Kirchner insistió: “No tuve ni tengo en mi patrimonio cosas que hayan servido para cometer el hecho enjuiciado en autos, ni tampoco bienes o ganancias que resulten el producto o el provecho del referido episodio, y por ende sean decomisables”.
La expresidenta dijo que los jueces que la condenaron son incompetentes para decidir y sostuvo que deben resolver los jueces del fuero civil y comercial federal, donde tramita una demanda paralela por daños y perjuicios que planteó la Dirección Nacional de Vialidad. Allí le reclaman 1100 millones de dólares de indemnización.
La expresidenta cuestionó la metodología de cálculo de actualización que hicieron los jueces Gorini, Basso y Giménez Uriburu del monto del decomiso establecido en $684.990.350.139. Planteó que hubo graves violaciones constitucionales.
La defensa de Kirchner argumentó que hubo “errores fácticos y jurídicos” al calcular la suma a decomisar porque se “convirtió una estimación provisoria en definitiva sin sustanciación ni debate previo". Dijo que se usó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) “sin explicar por qué se descartaron alternativas técnicas sólidas, como la aplicación de tasas bancarias”.
Por eso, Cristina Kirchner se quejó de recibir un “trato desigual y arbitrario”, ya que el mismo tribunal, días antes de la intimación o en casos similares, utilizó “la tasa activa del Banco de la Nación Argentina” para actualizar reparaciones económicas o embargos.
Dijo que al usar el IPC se incrementó “en cien veces el monto”, lo que evidenciaría un “proceso de carácter confiscatorio” prohibido por la Constitución Nacional.
Utilizar el IPC para el decomiso “supone trasladar criterios propios de la acción civil de reparación al decomiso penal, lo cual resulta inválido” y genera una “superposición indebida de efectos jurídicos”, argumentó.
La presentación subraya que existió una “clara confusión” entre el decomiso y la reparación de perjuicios”.
Además, planteó que si ya la están ejecutando en la demanda civil y comercial federal, no pueden al mismo tiempo y por los mismos hechos decomisarle sus bienes en este tribunal federal penal.
El escrito también señala que el decomiso es una pena accesoria que no implica responsabilidad solidaria, a diferencia de la reparación de perjuicios. Extender el decomiso a otros bienes violaría los principios de culpabilidad y trascendencia de la pena, sostuvo.
Además, señaló que la casi totalidad de los bienes recibidos por Máximo y Florencia Kirchner fueron adquiridos por sus padres en fechas muy anteriores a los hechos por los que fue condenada.
En su escrito ante la Casación, la expresidenta dijo que en caso de que no le den la razón, se reserva la facultad de recurrir a la Corte Suprema de Justicia para cuestionar el monto del decomiso.
Cristina Kirchner reiteró además la posibilidad de acudir a “organismos internacionales competentes en materia de derechos humanos” ante lo que calificó como graves violaciones a garantías constitucionales y convencionales de las que se considera víctima.
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