El Ministerio de Capital Humano suspendió a una cooperativa de recicladores de la provincia de Buenos Aires por uso indebido de fondos.
La decisión se tomó luego de que una auditoría del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) revelara irregularidades en los gastos de la agrupación, utilizados -según consigna en el comunicado oficial- “en beneficio personal” de su presidente y entorno familiar.
“El Ministerio de Capital Humano, a través de la INAES, dispuso la suspensión de la Cooperativa de Trabajo Recuperadores del Sur Ltda. y la apertura de un sumario, tras detectar irregularidades graves en el uso de fondos”, informó la cartera de Sandra Pettovello a través de sus redes sociales.
Según consigna en el comunicado oficial, la agrupación está presidida por Héctor Eduardo Morillo, cuya esposa e hija también se desempeñan en la cooperativa. Los tres habrían utilizado los fondos de la organización para solventar gastos personales que van desde vacaciones hasta compras de vehículos.
“Los fondos de la cooperativa fueron utilizados para abonar, entre otras cosas, una estadía en un SPA de la Costa Atlántica, bebidas alcohólicas, indumentaria no de trabajo, el seguro del auto de la hija de Morillo y una Moto Honda 750, cuyo único autorizado a conducir es Héctor Morillo, un vehículo que no sirve para las actividades de la cooperativa”, detalla el comunicado del Gobierno.
La auditoría del Inaes también reveló “millonarias transferencias” de dinero de la cooperativa a las cuentas personales de Morillo y su hija y el cobro de cheques por ventanilla.
Sin embargo, no se logró precisar el destino de dichas erogaciones en el marco de la investigación por malversación.
El Ministerio de Capital Humano también vinculó al gobierno de la provincia de Buenos Aires, en particular al Ministerio de Ambiente local, con la cooperativa. La agrupación de recicladores está inscripta ante el organismo como transportista de residuos industriales no especiales y gestor refuncionador de residuos electrónicos.
Debido al servicio de transporte y tratamiento brindado, el mes pasado habría recibido un vehículo para “fortalecer el sistema de recolección diferenciada” en Pilar, municipio gobernado por Federico Achával, cuyo nombre se mencionó en las últimas semanas como posible candidato nacional de Fuerza Patria.
Así fue notificado -según argumenta la cartera de Pettovello- en una publicación de redes sociales de Jaquelina Flores, subsecretaria de Residuos Sólidos Urbanos y Economía Circular, con fecha del 30 de julio.
“En ese posteo, menciona que la cooperativa es una unidad productiva con más de 100 trabajadores”, dice el comunicado del gobierno nacional, en el que también se aclara que la auditoría realizada permitió corroborar que la agrupación no alcanza ese número de asociados. Tal inconsistencia podría reflejar una falta de control de parte de la administración provincial.
LA NACION buscó la publicación citada en las cuentas de la funcionaria, pero tras la comunicación de Capital Humano, no se encontró ningún posteo de esa fecha en el que se haga mención a la cooperativa suspendida.
En el comunicado, la cartera nacional también destaca que, previo a asumir en el gabinete de Axel Kicillof, Flores se había desempeñado como autoridad de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (Faccyr), donde Morillo también habría ocupado un cargo jerárquico. La entidad integra la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), fundada por Juan Grabois, a quien el Gobierno también buscó asociar con la cooperativa a tres días del cierre de listas para los comicios nacionales en los que el dirigente social podría ser candidato.
La Federación, sin embargo, buscó desligarse de la denuncia del Gobierno y desmintió que el titular de la cooperativa ejerzan como autoridades. “Ni el presidente ni ningún otro miembro de la cooperativa Recicladores del Sur poseen cargos en los órganos de administración y/o fiscalización de la Federación, ni tienen poder ni facultades de gestión y/o representación de ésta y sus demás miembros ante terceros”, señalaron.
Además, la asociación se comprometió a colaborar con la regularización de la agrupación recicladora y exigió que se proceda con la investigación correspondiente sin que aquello sea utilizado como “excusa para atacar o impugnar los sistemas de reciclado con inclusión social” construidos en las últimas dos décadas.
Al cierre de esta nota, pese a su mención en el comunicado de la administración libertaria, Grabois no había realizado un descargo público al respecto.
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