Afirmar que la justicia social es un ideal podría entenderse como una manera elegante de relegarla al reino de las buenas intenciones, pero es sólo un modo de recordar que aquélla, en cuanto ideal, debe conservar una sana tensión con la realidad. Invocarla sin un propósito serio de transformar las situaciones injustas sería un acto de cinismo. Pero pretender llevarla a la práctica de modo inmediato y exhaustivo, cueste lo que cueste, equivale a caer en el extremo opuesto, la utopía, una variante romántica del fanatismo. La justicia social no es solo un buen deseo, pero tampoco un proyecto de sociedad perfecta. Como ideal, busca inspirar tanto los corazones como las estructuras sociales, imprimiéndoles un dinamismo positivo que perfeccione progresivamente la convivencia colectiva.
Un claro ejemplo de lo dicho es la enseñanza de Pío XI sobre el salario justo. Por un lado, afirma que para determinar el salario deben tenerse en cuenta diferentes parámetros, entre los cuales el primero –pero de ningún modo el único– es que su monto sea suficiente para el sustento del trabajador y su familia. A continuación, sin embargo, añade una aclaración de gran importancia: “Y si en las actuales circunstancias esto no siempre fuera posible, la justicia social postula que se introduzcan lo más rápidamente posible las reformas necesarias para que se fije a todo ciudadano adulto un salario de este tipo” (Quadragesimo Anno, 70). Este pontífice reconoce así que, incluso tratándose de situaciones objetivamente injustas, las soluciones pueden no ser simples e instantáneas.
Según el Catecismo de la Iglesia Católica “la sociedad asegura la justicia social procurando las condiciones que permitan a las asociaciones y a los individuos tener lo que les es debido” (no. 1943). La solidaridad en cuanto a la distribución de bienes “supone el esfuerzo en favor de un orden social más justo en el que las tensiones puedan ser mejor resueltas, y donde los conflictos encuentren más fácilmente su solución negociada” (no. 1940). Las citas podrían multiplicarse, pero estas pocas, con su referencia constante a la gradualidad de los objetivos, llevan a una conclusión muy clara: si bien la justicia social es considerada por la Iglesia como un ideal que debe plasmar la realidad, no desconoce las limitaciones que a menudo impiden soluciones en el corto plazo. El imperativo de la justicia social busca orientar los esfuerzos de la sociedad y sus miembros hacia condiciones progresivamente más justas. Ni cinismo ni utopía.
Esta reflexión puede arrojar luz sobre algunos debates que dividen hoy nuestra sociedad. Quienes afirman que la situación de los jubilados, docentes, médicos o personas con discapacidad es injusta e inaceptable tienen razón. Pero tales injusticias son fruto de décadas de políticas inadecuadas, malas decisiones y un manejo irresponsable o poco transparente de los recursos. Es de conocimiento público que, en los últimos 20 años, millones de personas fueron incorporadas al sistema jubilatorio a través de moratorias, transformando en derechos previsionales una ayuda que, en el mejor de los casos, debió haberse canalizado a través subsidios. Más: en ese mismo período, los fondos de la Anses se destinaron a financiar la compra de bicicletas, electrodomésticos, créditos al consumo, programas gubernamentales, así como para transferencias a otros organismos del Estado.
Muchas personas que no pueden ignorar de buena fe estos hechos del pasado reciente –o que incluso los han convalidado– exigen hoy del Gobierno soluciones inmediatas y a cualquier costo, haciéndose eco del viejo aforismo latino Fiat iustitia, pereat mundus: que se haga justicia ya mismo, aunque se hunda el mundo. En el mejor de los casos, esta actitud es expresión de un utopismo romántico; en el peor, demostración de un cinismo calculado. Cualquiera sea la motivación, en ningún caso se trata de lo que la Iglesia denomina “justicia social”.
Pbro. Consejo Asesor Instituto Acton Argentina
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