La Cámara Federal de Casación citó a una audiencia para el 11 de septiembre para definir si confirma o modifica el monto del decomiso de lo bienes que debe devolver Cristina Kirchner por el fraude al Estado cometido con las licitaciones de las rutas santacruceñas.
Los jueces Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos realizarán la audiencia con el fiscal Mario Villar y los abogados defensores que cuestionaron el monto de actualización del decomiso que había dispuesto al tribunal oral federal N° 2.
El tribunal oral dispuso que la suma actualizada a pagar por todos los condenados es de $684.990.350.139, pero Cristina Kirchner cuestiona el índice de actualización utilizado y, según sus cálculos, solo debe pagar el 6 por ciento de esa suma.
El presidente de la Sala IV de Casación, Mariano Borinsky, fijó audiencia para el 11 de septiembre para que las partes presenten sus argumentos.
El 15 de julio, los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso dispusieron actualizar el monto del decomiso que originalmente, el 6 de diciembre de 2022, cuando se dictó la condena por la causa de Vialidad, era de $84.835.227.378.
Los jueces dijeron que el monto debía ser ajustado a través de la intervención de organismos técnicos, cuando la sentencia adquiera firmeza.
Esto ocurrió el 17 de junio pasado cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó y dejó firme la condena de Cristina Kirchner a seis años de prisión por corrupción en el manejo de la obra pública de Santa Cruz.
Luego de la exposición de las partes, la Cámara de Casación tendrá cinco días para resolver.
Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron que se ejecuten de manera inmediata los bienes de Cristina Kirchner y del resto de los condenados en la causa Vialidad.
Y rechazaron las objeciones de la expresidenta para avanzar con el decomiso del dinero que se le exige por el daño provocado mediante el fraude en las obras públicas de Santa Cruz.
El tribunal oral federal N° 2 ya dijo que, a pesar de conceder el recurso para que la Casación revise el monto del decomiso, esta decisión no suspende el trámite, con lo que podrían disponer el remate de manera inmediata como piden los fiscales.
En el dictamen conjunto, los fiscales escribieron: “En este juicio se acreditó la existencia −entre 2003 y 2015− de una de las matrices de corrupción más extraordinarias que, lamentablemente, se hayan desarrollado en la historia de nuestro país. Esta defraudación colosal trajo perjuicios inconmensurables para las arcas del Estado“.
Y agregaron: “Sin embargo, la principal responsable de esta maniobra, sin mostrar ningún tipo de arrepentimiento, sigue anteponiendo todo tipo de artilugios y excusas”.
Cristina Kirchner, quien cumple condena bajo arresto domiciliario, rechazó la intimación para que deposite $684.990.350.139,86, unos 530 millones de dólares, y planteó que el Tribunal Oral Federal Nº2 −el mismo que la condenó− es incompetente para ordenar el decomiso de sus bienes.
La expresidenta sostuvo que quien debe resolver sobre el decomiso es la justicia civil y comercial federal, que justamente decidió que no corresponde que pague un “peso”, al declarar caduca la demanda del Estado nacional en su contra por 21.000 millones de pesos.
Lázaro Báez también planteó la incompetencia de los jueces del tribunal que lo condenó, y afirmó que, en todo caso, sus bienes deben ser decomisados por el tribunal de la causa conocida como la “Ruta del Dinero K”, que unificó las condenas en su contra en 15 años.
En un dictamen de 21 páginas, los fiscales solicitaron que no se haga lugar al planteo de incompetencia y que “se haga efectiva la intimación cursada por el Tribunal y se proceda inmediatamente a la ejecución de los bienes de los condenados”.
Luciani y Mola fueron contundentes en su reclamo por el dinero. Afirmaron que Cristina Kirchner solo busca, mediante “artilugios y excusas”, impedir el recupero de los fondos. Sostuvieron que las defensas intentan obstruir la recuperación de los efectos del delito.
“El decomiso de la suma que estableció el tribunal no es una opción; es una obligación”, afirmaron, e instaron a que se concrete el recupero del dinero producto del delito.
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