Enfrentado con Chubut por los fondos de la coparticipación y con la mira puesta en otras provincias que arrastran deudas, el presidente Javier Milei dispuso este lunes un nuevo recorte que afecta a la provincia de Buenos Aires, que administra Axel Kicillof, quien ya advirtió que judicializará la medida. En paralelo, mediante otro decreto, el jefe del Estado ordenó desfinanciar un fondo fiduciario mediante el cual se urbanizan barrios populares y que está vinculado al dirigente kirchnerista Juan Grabois.
De manera sorpresiva, Milei eliminó ayer el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires, creado también por un decreto de la administración de Alberto Fernández –luego ampliado por una ley del Congreso–, con el que buscó compensar en plena pandemia a la provincia en el reparto de la coparticipación y que significó la quita de más de un 1% de su porción a la ciudad de Buenos Aires. Solo durante este mes, la gestión de Kicillof dejó de recaudar $40.000 millones por este recorte, según indicaron a LA NACION fuentes oficiales del gobierno bonaerense.
De acuerdo a un informe publicado por la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto anual será considerable para los planes de Kicillof: el organismo estimó en $873.765 millones la quita que padecerán las arcas bonaerenses.
La reacción oficial se dio tras un reclamo de Kicillof ante el ministro de Economía, Luis Caputo, por la falta de pago de más de $15.000 millones que asegura que le corresponden. La presentación la hizo el ministro de Finanzas bonaerense, Pablo López, a través de una carta. Se solicitó el “inmediato pago del saldo adeudado por noviembre y diciembre de 2023 y enero de 2024, relativo al Fondo para el Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires”, se precisó.
Sin embargo, ayer, a través del decreto 192/2024 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno derogó el artículo 4° del decreto N°735, del 9 de septiembre de 2020, que creaba el Fondo de Fortalecimiento de la provincia de Buenos Aires con el fin de “contribuir a sostener el normal funcionamiento de las finanzas de la provincia”. En aquel entonces, Fernández lo anunció a través de una cadena nacional en la que precisó que sería usado también por el gobernador para pagar salarios de la policía bonaerense, que en ese entonces llevó sus protestas hasta las puertas de la quinta presidencial.
El gobierno nacional justificó su decisión en que se realiza “un ajuste necesario” amparándose en las facultades del Poder Ejecutivo y en lo establecido en el megadecreto del 20 de diciembre pasado, que declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal y administrativa, entre otros sectores.
“El mencionado Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires afectó los intereses generales de la Nación en su conjunto, privando al Estado nacional de recursos necesarios para el ordenamiento de las cuentas públicas”, indicaron en los considerandos de la decisión, que lleva las firmas del presidente Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse.
Herencia y emergencia
En ese sentido, agregó que “ningún gobierno nacional ha recibido una herencia institucional, económica y social tan crítica como la que recibió la actual administración, por lo que es imprescindible adoptar medidas que permitan superar la situación de emergencia creada por las excepcionales condiciones económicas y sociales que la Nación padece, especialmente como consecuencia de un conjunto de decisiones intervencionistas”.
Por lo tanto, justificaron: “Con la intención de solucionar la enorme cantidad de problemas derivados de la herencia que la administración saliente dejó a todos los argentinos, es necesario efectuar un ajuste fiscal en el sector público nacional de cinco puntos del PBI”. En consecuencia, asegura que “no hay solución alternativa a un urgente ajuste fiscal que ordene las cuentas públicas”.
Desafiante, Kicillof decidió continuar con la disputa en la Justicia con una medida cautelar ante la Corte Suprema (ver aparte). Además, explora consensos entre los 23 gobernadores restantes para unificar un mensaje en medio de la pelea por los recursos que mantienen con la Casa Rosada.
En otro decreto publicado ayer en el mismo Boletín Oficial, el Gobierno modificó el impuesto PAIS, también creado en 2020, y en consecuencia la asignación de fondos que hasta ahora eran designados al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), la herramienta fiduciaria por la cual se urbanizaban barrios populares y que quedó en medio de la polémica tras descubrirse que esos recursos eran administrados por dirigentes sociales ligados a Juan Grabois.
Se modificó la asignación específica del 30% que estaba establecida en el inciso “b” del artículo 42 de la ley Nº 27.541, de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública. El artículo 2 original de la mencionada ley establecía que un 70% iba a financiar los programas a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y las prestaciones del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (Inssjp) y el 30% restante se repartía entre obras de infraestructura económica que recibían el 65%, un 30% para el FISU y el 5% restante para fomento del turismo nacional.
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