¡Dónde estabas Thomas Griesa! Fallecido en 2017, el exjuez del Distrito Sur de Nueva York tuvo durante años el caso de los fondos buitre que desde la gran crisis de 2001 y 2002 litigaban con los bonos argentinos en default que les habían comprado a los primeros dueños de esos títulos. Muchas veces los acreedores le pidieron el embargo de bienes argentinos, entre ellos YPF, pero el magistrado nunca respondió a ese requerimiento. La Justicia de Ghana embargó por esos casos la fragata Libertad en el puerto ghanés de Tema, pero no fue una orden de Griesa. En cambio, su sucesora, la jueza Loretta Preska, es quien el martes resolvió que la Argentina debía entregar el 51 por ciento de los acciones de YPF (es decir, el control de la empresa) a los fondos Burford y Eton Park como parte de pago de la indemnización por la expropiación de esa compañía por el gobierno de Cristina Kirchner en 2012. En 2023, la magistrada norteamericana estableció en 16.100 millones de dólares el valor de la indemnización por aquella pésima expropiación kirchnerista, que se pareció bastante a una confiscación.
En el centro del conflicto no está Repsol, que era el accionista mayoritario de YPF cuando estaba en manos de la petrolera española, porque esa empresa ya acordó una indemnización en 2014 con el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, por valor de unos 5000 millones de dólares en bonos que vencerán hasta el año 2033. Sumados los respectivos intereses, la Argentina terminará pagando por esos títulos de deuda pública unos 10.000 millones de dólares. Si se le suman los 16.100 millones dispuestos ahora por la jueza Preska, el total del pago que el país debería hacer por su empresa petrolera sería de 26.100 millones de dólares.
Según las últimas estimaciones del mercado, el valor actual de YPF no supera los 14.000 millones de dólares. Ese es el deplorable manejo que el matrimonio Kirchner hizo de YPF y que la jueza Preska sancionó el martes; fue, en los hechos, una nueva condena contra Cristina Kirchner. Néstor Kirchner había “argentinizado” a la compañía petrolera cuando presionó a los españoles para que incorporaran a un socio argentino, que era la familia Eskenazi, y Cristina Kirchner decidió después la compulsiva reestatización de YPF.
Tanto Néstor como Cristina Kirchner habían sido entusiastas simpatizantes de la privatización de YPF, dispuesta en 1998 por el gobierno de Carlos Menem. Esa privatización le significó a Santa Cruz, entonces bajo el estricto poder político de los Kirchner, contar con los famosos “fondos de Santa Cruz” en concepto de participación en la venta (la provincia tiene pozos petroleros de YPF), que según algunos analistas financieros llegaron a ser de 1000 millones de dólares. Esos fondos desaparecieron luego y nadie explicó nunca qué pasó con ellos. La empresa Petersen, de la familia Eskenazi y titular del 25 por ciento de las acciones de YPF, no fue tenida en cuenta en el arreglo de Kicillof con Repsol; entonces, Petersen se declaró en quiebra y su derecho a litigar fue comprado por los fondos Burford y Eton Park. Preska está decidiendo sobre los planteos de resarcimiento de estos fondos, eventuales derechos que fueron originalmente de los Eskenazi.
Según las últimas estimaciones del mercado, el valor actual de YPF no supera los 14.000 millones de dólares. Ese es el deplorable manejo que el matrimonio Kirchner hizo de YPF y que la jueza Preska sancionó el martes; fue, en los hechos, una nueva condena contra Cristina Kirchner. Néstor Kirchner había “argentinizado” a la compañía petrolera cuando presionó a los españoles para que incorporaran a un socio argentino, que era la familia Eskenazi, y Cristina Kirchner decidió después la compulsiva reestatización de YPF.
Tanto Néstor como Cristina Kirchner habían sido entusiastas simpatizantes de la privatización de YPF, dispuesta en 1998 por el gobierno de Carlos Menem. Esa privatización le significó a Santa Cruz, entonces bajo el estricto poder político de los Kirchner, contar con los famosos “fondos de Santa Cruz” en concepto de participación en la venta (la provincia tiene pozos petroleros de YPF), que según algunos analistas financieros llegaron a ser de 1000 millones de dólares. Esos fondos desaparecieron luego y nadie explicó nunca qué pasó con ellos. La empresa Petersen, de la familia Eskenazi y titular del 25 por ciento de las acciones de YPF, no fue tenida en cuenta en el arreglo de Kicillof con Repsol; entonces, Petersen se declaró en quiebra y su derecho a litigar fue comprado por los fondos Burford y Eton Park. Preska está decidiendo sobre los planteos de resarcimiento de estos fondos, eventuales derechos que fueron originalmente de los Eskenazi.
El abogado Bernardo Saravia Frías, exjefe de los abogados del Estado en tiempos de Mauricio Macri, reconoció que la jueza Preska tuvo en cuenta todos los incumplimientos de los gobiernos anteriores (incluida la época del juez Griesa), pero también recordó que hay un artículo de la ley norteamericana que es central en el vínculo de Estados Unidos con otros países. Se llama international comity y “se traduce en que el Estado norteamericano no puede inmiscuirse en los asuntos internos de otro país”. Ese principio, según Saravia Frías, “limita, salvo excepciones, el accionar de la Justicia contra otros Estados”. Y concluye: “La decisión de Preska viola ese principio”, sobre todo porque la ley que expropió YPF establece que el “Estado argentino no puede disponer de las acciones de YPF sin el consentimiento del Congreso con una mayoría agravada de los dos tercios”. Saravia Frías confía en las decisiones que pueda tomar la Cámara donde irán las apelaciones del gobierno argentino. Y dice al final: “Un juicio que no termina no es un juicio perdido. Acá hay instancias de apelación y hay flancos débiles que dan una luz al final del túnel del país. Se debe actuar con astucia y prontitud”. Todo puede ser, pero, aun si hubiera solución judicial, tal desenlace no liberaría de la culpa del error en el manejo de la empresa petrolera a los contradictorios gobiernos peronistas de las últimas tres décadas.
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San Bernardo del Tuyú - Buenos Aires
