Una empleada de la Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación seguía cobrando aquí su sueldo estatal, pero vivía en Miami. Otro empleado no concurría a trabajar al Congreso, pero también percibía sus haberes: ¿un ñoqui más para sumar a la larga lista de “trabajadores” que cobran pero no trabajan? Mucho peor que eso: el hombre no se trasladaba a la sede del Poder Legislativo porque la Justicia había ordenado ponerle una tobillera electrónica para controlar que cumpliera prisión domiciliaria, tras ser condenado por el delito de amenazas. Y se conocen muchos casos de gente que, cobrando del Estado, se dedicaba a hacer otras cosas en el horario laboral. Sin embargo, de estos ejemplos de “ñoquis” hubo uno que probablemente supere todos los conocidos: los hijos de una exempleada del Senado siguieron cobrando el retiro voluntario de su madre hasta seis meses después del fallecimiento de la mujer.
No es casual entonces que haya generado zozobra entre quienes se han movido holgadamente durante años dentro de la ilegalidad la decisión de la titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, de llevar un registro actualizado de los trabajadores de planta permanente del Senado mediante su reempadronamiento, para volver a instalar el mecanismo de control de acceso y presentismo mediante huella dactilar. Ese sistema había sido dejado de lado durante la pandemia por obvias razones, pero, vueltos a la normalidad, la entonces presidenta del Senado Cristina Kirchner nunca lo repuso.
Ese reempadronamiento tendrá lugar hasta el 19 del actual. ¿Es la Cámara alta el único ente público donde se permitieron por años este tipo de groseras irregularidades? Por supuesto que no, pero sirve de punta de lanza para preguntarse cuántas personas más se hallarán en la misma situación.
El empleo público fue en nuestro país una de las mayores canteras donde ubicar a amigos y parientes del poder. Una reciente investigación de LA NACION dio cuenta de que, a lo largo de dos décadas, la suba de ese tipo de empleo casi triplicó el aumento de la población del país: entre 2003 y 2023, la cantidad de trabajadores del Estado se incrementó cerca del 70%, según datos del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), dependiente de la Fundación Mediterránea. Lo llamativo es que la población creció solo el 25%.
Los datos de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) aportan otra precisión escalofriante: en 2022, el total de empleados públicos en Nación, provincias y municipios, sumados al de empresas públicas, universidades y los poderes Legislativo y Judicial, representaba 3.880.000. Dos décadas antes, en 2001, había 2.060.000 empleados estatales, de modo que en 21 años hubo un incremento del 88%, que trepó al 90% en 2023.
Otro dato da cuenta de lo escandaloso de esa situación. Según la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales, dependiente del Ministerio de Economía, comparando 2022 con 2003, las provincias donde se registró mayor cantidad de empleados públicos por cada 1000 habitantes fueron Tierra del Fuego, con 125 por cada 1000; Catamarca, 113; La Rioja, 109; Neuquén, 106; Santa Cruz, 95; Jujuy, 85, y Río Negro, 44.
Esta situación fue explicada en detalle por el vicepresidente del Ieral, Marcelo Capello. El empleo público –sostuvo– es mucho más numeroso en las provincias que en la Nación. Eso se debe, entre otras cosas, a que proveen servicios como educación, salud y seguridad, mientras la Nación básicamente paga transferencias a privados (jubilaciones y planes sociales, entre otros) con pocos servicios públicos a cargo. Al respecto, el Indec da cuenta de 333.000 empleados estatales actualmente a nivel nacional.
Como se sabe, ese es uno de los temas sobre los que más machaca Javier Milei. El Gobierno dispuso diversos recortes de personal –el fin de semana pasado se dio de baja a 5000 empleados que se suman a los 25.000 puestos que el Presidente asegura haber recortado ya–, fundamentalmente por medio de la no renovación de la enormidad de contratos que heredó de la gestión de Alberto Fernández, quien, a pesar de que sus entonces ministros de Economía Silvina Batakis y Sergio Massa declamaban el congelamiento de las vacantes, siempre encontró subterfugios para seguir tomando gente en las áreas más diversas.
Según datos oficiales de abril pasado, las dependencias que más empleados tenían eran, en este orden, el Conicet, la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, la AFIP, el Banco de la Nación Argentina, el Correo Argentino, el PAMI, la Anses, Aerolíneas Argentinas, Aysa y el INTA.
La pregunta es: con un Estado tan grande ¿se produjeron mejoras económicas significativas? No. ¿Bajó la pobreza? Al contrario. ¿Cerraron las cuentas corrientes? Ya hemos visto sobradamente que no. Tampoco se observa –la experiencia así lo confirma– que se hayan producido mayores tasas de inversión. Esto último, a juicio de especialistas, es precisamente lo que impide la generación de empleo productivo, una situación que se suple con la creación de trabajo público de baja productividad. Es decir, un círculo vicioso que no favorece a nadie que quiera crecer y sí a muchos de aquellos que se sirven del Estado para sus propios beneficios privados, ya sea en gran escala mediante corrupción en las altas esferas o, en menor pero no menos vergonzosa proporción, como en el caso de los nefastos ejemplos del Congreso citados al comienzo.
Que haya tantas personas que cobran un salario estatal sin desempeñar ninguna función, quedándose en sus casas sin realizar contraprestación alguna, percibiendo peajes como los consabidos “Chocolates” que se fueron descubriendo en la provincia de Buenos Aires o superpoblando espacios innecesariamente es casi un mal endémico de buena parte de nuestra dirigencia política cada vez que asume el poder.
Poner el dedo en un lector es la punta de lanza. Habrá que hacer muchos más controles, eficientizar los procesos y desmalezar de burocracia terminando con las avivadas en un sistema que, sea la jurisdicción que fuere, es soportado y sustentado por los propios contribuyentes.
LA NACION
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