Cuando a la Justicia se la representa con ojos vendados, simboliza que los jueces deben aplicar la ley sin reparar en las condiciones individuales de quienes comparecen ante los tribunales, puesto que esta es igual para todos. De ningún modo, eso significa que la Justicia deba ser ciega, mucho menos sorda, ante las circunstancias generales que rodean sus decisiones, o ajena al impacto que estas pueden provocar en la sociedad.
Según una sentencia reciente del Tribunal Oral Federal 4, quien fue condenado por varios delitos incluida la defraudación al Estado y a los argentinos que lo mantenemos con nuestros impuestos, Lázaro Báez completará el resto de la condena que, bajo arresto domiciliario cumple desde 2020, en El Calafate en lugar de continuar haciéndolo en una vivienda del Gran Buenos Aires. Podrá estar así, según dijeron sus abogados, “más cerca de su familia”, beneficio este del que pocos condenados gozan y que confirma que sigue siendo sujeto de injustificados privilegios.
Si la oportunidad de la concesión inicial del arresto domiciliario a Báez fue ya más que discutible, el traslado a su cómoda residencia patagónica solo confirma que, en nuestro país, a pesar de las proclamas de ocasión, la ley no es la misma para todos
No se trata de una casa sencilla, sino de uno de los más suntuosos inmuebles de los cientos, sin exagerar, que integran su patrimonio, mayormente malhabido gracias a su prolongada actividad delictiva. Esto sin contemplar tampoco que, sobre algunos de ellos pueda eventualmente pesar la extinción de dominio. En otras palabras, Báez disfrutará de lo robado a todos nosotros, a modo de condena, en un ambiente que poco tendrá de punitorio.
La nueva “celda” de Baéz, lejos de parecerse a la que ocupan detenidos por delitos similares o menos graves que los suyos, goza de la extraordinaria vista a un lago, enmarcado en la belleza de los Andes. El frente exterior de la residencia permite adivinar las comodidades al servicio de tan afortunado detenido. En El Calafate viven, además, muchos de quienes fueron sus empleados y colaboradores, por lo que, más allá de las inclemencias climáticas, seguramente no respirará allí una atmósfera hostil a su presencia.
En una de las tantas resoluciones judiciales a las que han dado lugar los múltiples y complejos procesos en los que ha estado involucrado Báez se dijo que la prisión domiciliaria “no debe resultar de la aplicación ciega, acrítica o automática de doctrinas generales, sino que debe estar precedida de un estudio sensato, razonado y sensible de las particularidades del caso”.
Báez confesó haber transferido ilegalmente millones de euros y contabiliza numerosísimos bienes malhabidos. Difícilmente el Estado pueda ser resarcido por todo el daño padecido
Ese análisis “sensato, razonado y sensible”, que en su momento exigieron los tribunales para establecer si le correspondía o no la prisión domiciliaria y en qué condiciones debía eventualmente otorgársele, podría dejar de lado –si se quisiera hacer abstracción de algunos aspectos inicialmente irrelevantes– que Báez comenzó su carrera como simple empleado de banco en Río Gallegos, con apenas un título de nivel secundario como único antecedente. Es imperioso tener en cuenta su estrecha relación con Néstor Kirchner, primero como intendente de Río Gallegos, después como gobernador de Santa Cruz y, luego, como presidente de la Nación. Acompañado de numerosos cómplices, testaferros y secuaces, algunos de ellos funcionarios indignos de ocupar cargo alguno, Báez inició una vertiginosa carrera empresarial en la que la obra pública operó como fachada formal para todo tipo de billonarios negociados y enjuagues con el dinero de los contribuyentes. Convertido en propietario de una sólida fortuna, las sospechas respecto de que gestiona parte de ella para terceros que aún permanecen ocultos no se ha disipado.
Ante evidencias palmarias recogidas por numerosos medios periodísticos –incluido LA NACION– luego de arduos procesos en los que algunos jueces mostraron singular benevolencia, Báez y muchos de sus cómplices fueron finalmente condenados por lavado de dinero y asociación ilícita. A pesar de una agradable sensación de impunidad, producto de su aceitada relación con el poder, sucesivas denuncias, fundadas en el descaro y la desfachatez de muchos involucrados, sumada a su falta absoluta de todo tipo de pruritos, precauciones y recaudos básicos, llegaron a buen puerto. Otras causas contra él esperan aun su conclusión.
Los montos involucrados son siderales. Confesó, por caso, haber transferido ilegalmente a Suiza unos 55 millones de euros. Contabiliza cientos de propiedades malhabidas, como las 263.000 hectáreas adquiridas solo en Santa Cruz. Difícilmente el Estado pueda ser resarcido por el daño sufrido. Y no nos referimos únicamente al patrimonial, sino también al perjuicio moral y anímico causado a una sociedad que, estupefacta, tomó conciencia tardía del nivel de latrocinio y delincuencia encarnado por estos “exitosos empresarios” y sus cómplices públicos y privados.
El perjuicio es material, pero también moral. Una sociedad estupefacta frente al latrocinio no puede más que sentirse defraudada ante la inexplicable benevolencia judicial
Tanto o más grave aún es que esa misma sociedad, agobiada por sus presentes sacrificios –en gran parte ocasionados por la necesidad de salir del pantano económico al que fue llevada por la nefasta política de los cómplices y jefes de Báez, encaramados en los más altos cargos del Estado– sea nuevamente testigo de una injustificada impunidad.
Si la oportunidad de la concesión inicial del arresto domiciliario a Báez fue ya más que justificadamente discutible, el traslado a su cómoda residencia en El Calafate es una afrenta inadmisible en el ámbito de una Justicia que debería fallar de manera ejemplificadora y respetando la igualdad ante la ley.
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San Bernardo del Tuyú - Buenos Aires
