La participación electoral en Argentina ha disminuido en los
últimos años debido a varios factores. En las elecciones legislativas recientes
en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, solo el 53% del padrón acudió a
votar, lo que representa una de las cifras más bajas en décadas. Esta tendencia
se ha observado también en otras provincias como Santa Fe, San Luis, Jujuy,
Chaco y Salta, donde la asistencia cayó significativamente respecto a
elecciones anteriores.
Algunas razones detrás de esta baja participación incluyen:
- **Desdoblamiento de elecciones**: Cuando las elecciones
locales no coinciden con las nacionales, la participación suele disminuir.
- **Desinterés y desencanto con la política**: Muchos
ciudadanos sienten que los partidos políticos no representan sus intereses o
que las elecciones no generan cambios significativos.
- **Reformas electorales**: En la Ciudad de Buenos Aires, una
modificación en el Código Electoral amplió el padrón de votantes extranjeros,
pero estos siguen mostrando niveles muy bajos de participación.
- **Factores económicos y sociales**: La crisis económica y
la falta de expectativas sobre mejoras en la calidad de vida han llevado a una
mayor apatía electoral.
Los ciudadanos estamos hartos de las discusiones dedicadas exclusivamente
a disputar el poder del distrito y se olvidan de las necesidades de la población
(agua potable, cloacas, erosión marina, salud, tasas municipales abusivas,
etc). Para estas próximas elecciones no he encontrado una sola referencia a
obras imprescindibles, razón por la cual carecemos de opciones de selección.
Otro criterio de selección la podríamos tener en los antecedentes de los
postulantes, elemento fundamental para conocer sus virtudes éticas y morales.
Consideremos algunos casos de los políticos locales:
La candidatura de
Juan De Jesús a diputado provincial parece un recurso para alcanzar fueros
parlamentarios y así zafar de varias causas judiciales en su contra. En muchos
de los casos se encuentra en condición de imputado y con eximición de prisión.
Sin embargo, este informe no ahonda en el caso del escándalo del Plan Federal
de Viviendas del Partido de la Costa (del tema hay una excelente nota hecha por
Revista La Tecla del 30 de agosto), un plan lleno de irregularidades por donde
se lo mire. A continuación, un viaje al interior de la historia penal del
actual intendente del Partido de la Costa.
Causa N° 1/64271: Defraudación a la
Administración Pública. Se denuncia la suscripción por parte del Intendente de
dos convenios de pago y reconocimiento de deuda, con alcances de título
ejecutivo a favor de la firma SOPAY S.A. y NUEVA COSTA S.R.L. con domicilios en
Mar de Ajo, convenios por lo cuales se pretendió obligar a la Comuna al pago de
la suma de 287.105,13. La deuda reconocida en los convenios no se encuentra
contabilizada ni se encuentran acreditados la prestación de los servicios cuyo
pago se reclama. Se encuentra apelado sobre el sobreseimiento provisorio.
Causa N° 64864- Actual N 82: Defraudación a la
Administración Pública. En esta causa no se apeló el sobreseimiento del
imputado, por considerar que si bien existían fallas técnicas en la
contratación, (no estaba contabilizada) las obras estaban ejecutadas. Se
entiende que la cuestión no es de carácter penal sino administrativa.
Causa N° 64190- Actual N 295: Defraudación a la Administración Pública y
violación a los deberes de funcionario público por parte del Intendente Juan De
Jesús.
Causa N° 65709- Actual N 89: Malversación de caudales públicos y violación de
los deberes de funcionario público en concurso idea. Se denuncia el pago
duplicado fraudulento de los mismos servicios prestados por el proveedor Carlos
A. Martínez. Se abonó dos veces la suma de 19.160,70 y el segundo pago fue
realizado sin la firma del Contador Municipal y el Jefe de Compras. Se presume
también la inexistencia de las prestaciones que fueron objeto de pago.
Causa N° 67904: Aspectos Salientes: Se denuncia
la suscripción por parte del Intendente, de un convenio de pago y
reconocimiento de deuda, con alcances de título ejecutivo a favor de la firma
Ramón Alberto Caladrón con domicilio en Gral. Conesa, por el cual se pretendió
obligar a la Comuna al Pago de la suma de $311,375; por presuntas compras de
material de compactación de calles y arena de piedra. Dicha deuda no se
encontraba contabilizada no existiendo constancias fehacientes de la entrega
del material y los elementos de juicios administrativos indicarían que la
entrega nunca se realizó. El convenio alude a la realización de 4 licitaciones
privadas para las compras, con fechas de adjudicación que van del 21/11/95 al
28/11/95, fecha esta en que se suscribió el convenio de pago. Materialmente, es
imposible en el lapso mencionado, realizar la entrega de 11.500 m3 de material
de compactación y 9.000 toneladas de arena de piedra que totalizan las
licitaciones. Supuestamente en la ultima licitación en el breve lapso que media
entre la notificación de la adjudicación y la firma del convenio, se pretende
hacer creer que se entregaron 2.500 toneladas de arena de piedra cuyo origen
mas cercano es Mar del Plata. En unas pocas horas debieron ingresar 150
camiones con acoplado lo que a todas luces es imposible.
Causa N° 10171: Defraudación a la administración
pública y mal desempeño en sus funciones por parte del Intendente Dr. Juan De
Jesús, ex Secretario de Hacienda Héctor Taboada y otros. La causa se encuentra
en archivo.
Causa N° 54975 (Acumula Causas N° 54975, 54976, y 55050): Se imputa al
Intendente Dr. Juan De Jesús, violación de los deberes de funcionario público
reiterados en concurso real y defraudación a la administración pública.
Causa de origen N° 54975: Se, denuncia la
emisión de una factura conformada – Ley 24064- (con alcances de título
ejecutivo) por la suma de $ 50.649, 36 a favor de la firma Grafi- Post S.A. sin
que haya mediado pedido de suministro, orden de compra o contabilización de la
deuda y sin constancia de prestación de servicio alguno. No existió la llamada
factura originaria o primera factura. Causa de Origen N° 54976: Se denuncia la
emisión de cinco facturas conformadas por la suma total de $ 346.850 -a favor
de Carlos A. Martínez – sin que haya mediado pedido de suministro, orden de
compra o contabilización de la deuda y sin constancia de prestación de servicio
alguno. No existió la llamada factura originaria o primera factura.
Causa de Origen N° 55.050: Su denuncia la
suscripción por parte del Intendente, de un convenio de pago y reconocimiento
de deuda, con alcances de titulo ejecutivo sin que se encuentre la deuda
debidamente contabilizada.
Existe sobreseimiento provisorio supeditado al informe si existe o no causal de
interrupción, artículo 67 Código Penal.
Causa N° 15324: Delito investigado: Estafa. Se
denuncia la autorización conferida a la firma Mecafer S.A. y/o Compañia de Gas
de La Costa S.A. para percibir una alicuota del IVA del 27%, cuando
correspondía el 18% y posteriormente el 21% y los costos así calculados fueron
transferidos al vecino obligado al pago de red de gas. La/s firma/s rindieron
siempre a la AF1P-DGI el 18% o el 21% sin reintegrar la diferencia al vecino.
Causa N° 64270: Defraudación a la Administración
Pública. Se denuncia la suscripción por parte del Intendente, de un convenio de
pago y reconocimiento de deuda, a favor de la firma Tecnoplast S.A. con
domicilio en la ciudad de Córdoba, por el cual se pretendió obligar a la Comuna
al pago de la suma de $ 42.420; por presunta provisión de nichos plásticos para
el Cementerio Municipal. La deuda reconocida en el convenio no se halla
contabilizada. Se encuentra apelado el sobreseimiento provisorio.
Causa N° 67905- Actual N° 72614: Se denuncia la
suscripción por parte del Intendente, de un convenios de pago y reconocimiento
de deuda, con alcances de título ejecutivo a favor de la firma Ovidio A. Haedo
con domicilio en Gral. Conesa, por el cual se pretendió obligar a la Comuna al
pago de la suma de $ 268000; por presuntas contrataciones de servicios como
limpieza de prestamos de la Ruta Interbalnearia desde San Clemente hasta Mar de
Ajo y canalizaciones varias. Dicha deuda no se encontraba contabilizada no
existiendo constancias fehacientes de la efectiva prestación o ejecución de los
trabajos. Se habrían adjudicado presuntas licitaciones privadas (tres en total)
abiertas el 13/11/95 y la adjudicación de las tres se realizó el 24/11/95 y el
día 28/11/95 fue objeto de suscripción el referido convenio, resultando
imposible la prestación de lo contratado en tan solo cuatro días. Se pretendió
que en cuatro días se habrían limpiado o zanjeado, 90 Km. de prestamos de la
Ruta. Se debe recordar que de haber existido, dichos trabajos son competencia
de la concesionaria Camino del Atlántico S.A., por lo que resulta además un
gasto no municipal.
Causa N° 64329: Presunta comisión de delitos de
violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales
públicos. Se denuncia el pago, fraccionado en sumas de hasta el monto de
aproximadamente $6500; totalizando $36516, 01 por servicios presuntamente no
prestados por el proveedor Carlos A. Martínez, con domicilio en Corrientes 880
9° A en Capital Federal (propiedad de Eduardo Massera).
Causa N° 1/64865: Se denuncia la suscripción por
parte del Intendente, de un convenios de pago y reconocimiento de deuda, con
alcances de título ejecutivo a favor de la firma Gerardo Iglesias con domicilio
en Mar de Ajo, por el cual se pretendió obligar a la Comuna al pago de la suma
de
$59,080,59 por presuntos trabajos de alquiler de camión para servicios de
higiene urbana. Además se extendió un certificado adicional de reconocimiento
de deuda por la suma de $39,387,06. Estos montos sólo estaban parcialmente
contabilizados, lo que pone en duda la deuda reclamada.
Causa N° 65708: Delito investigado: violación de
los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos.
Causa N° 65731 (Acumula Causas N° 65731, 65732, 65733 y
65734): Se denuncian pagos por un total de mas, de $385,000;
realizados a un proveedor por suministro de material de compactación de calles,
sin constancias fehacientes de su entrega. Elementos de juicios administrativos
indicarían que la entrega nunca se realizó. Entre las irregularidades de la
contratación se destaca cheques emitidos y entregados sin orden de pago, los
legajos de compras aparecen firmados por funcionarios que a la fecha de la
compra todavía no habían sido designados (presunta firma de documentación antes
datada).
Dichos funcionarios son un ex Secretario de Hacienda y un ex
Jefe de Compras. La facturación presentada por el proveedor no corresponde a
los talonarios de Compras. La facturación presentada por el proveedor no
corresponde a los talonarios habilitados por la AFIP para ese comercio. La
pericia contable y caligráfica comprobó que las facturas presentadas para el
cobro no se corresponden con los duplicados en manos del proveedor. El
proveedor en cuestión es Ramón Alberto Caladrón con domicilio en Gral. Conesa.
Causa N° 1/64326 (Acumula causas N° 64326, 64327, 64328): «Martínez Carlos A. – Fraude en Perjuicio de
la Municipalidad de La Costa, De Jesús Juan; Gómez Raúl; Crivaro Ana María;
Taboada Héctor y Esmud Miguel Angel; Fraude en Perjuicio de la Administración Pública
Agravada en Mar del Tuyu»
Boudou y De Jesús, de nuevo en escena con el regreso del “misterio
de las casas voladoras” (www.latecla.info/83049-boudou-y-de-jesus-de-nuevo-en-escena-con-el-regreso-del-misterio-de-las-casas-voladoras)
La Tecla, 18 de mayo de 2017-
El exvicepresidente y la
familia municipal del Partido de la Costa vuelven a ser noticia por una vieja
causa que los compromete en la Justicia. Se trata del millonario pago por la
construcción de 500 viviendas que nunca fueron concretadas. La irregularidad
salió a luz por una investigación de La Tecla en 2007.
La Justicia, por orden del
juez Ariel Lijo, comenzó a peritar el plan de viviendas del partido de La Costa
por el que fue denunciado el ex vicepresidente de Cristina Kirchner junto a los
dos últimos intendentes del distrito, Juan de Jesús y su hijo Juan Pablo.
En efecto, la investigación judicial –iniciada a raíz de una nota publicada en
revista La Tecla- hace hincapié en el pago a la empresa Canteras FC por la
construcción del Plan Federal de Viviendas que, finalmente, no se concretó.
El hecho ocurrió en 2005, cuando Amado Boudou se desempeñaba como secretario de
Hacienda del municipio de La Costa, y cuya firma aparece en los expedientes.
El ex presidente del Senado siempre fue muy cercano a Juan de Jesús (por
entonces intendente) y su hijo Juan Pablo (ahora a cargo de la comuna). Los
tres fueron denunciados ante la Justicia Federal por el concejal y ex candidato
a intendente vecinalista Marcos García, quien se presentó como querellante.
El origen de la cuestión se remonta al año 2007, pero, curiosamente, una sesión
del Concejo Deliberante realizada en 2014 desempolvó el caso y movió a que
desde la oposición decidieran avanzar con la denuncia contra los dos De Jesús y
Boudou, por presunta “defraudación al Estado nacional”.
La tapa de la edición de La Tecla del 30 de agosto de 2007 fue “El misterio de
las casas voladoras”. De allí quedó el mote con que el asunto es conocido en el
distrito costero.
La nota hacía referencia a la relación cercana entre la comuna y la empresa
Cantera FC S.A., adjudicataria de varias licitaciones en La Costa, entre ellas
las de la construcción de un par de escuelas y 486 viviendas correspondientes
al Plan Federal (donde los fondos eran girados por Nación pero la ejecución y
control de obra quedaba a cargo de los gobiernos locales).
El convenio con Nación se firmó en 2005, cuando Amado Boudou era secretario de
Hacienda del intendente Juan de Jesús. La licitación la ganó Cantera FC, y
debía terminar la obra en 2006; pero para agosto de 2007 se había abonado más
de dos tercios del monto total y más de la mitad de las casas estaba sin
terminar. Así quedaron, porque Cantera FC, ante la denuncia de proveedores que
habían recibido cheques sin fondos, entró en convocatoria de acreedores, pese a
haber cobrado ya unos 24 millones de pesos. Luego vino la quiebra.
Cantera FC cedió los créditos al Banco Hipotecario, y éste emprendió una causa
judicial contra el municipio para cobrar la supuesta deuda “por las casas que
nunca se terminaron”, dicen desde la oposición.
El 25 de junio de 2014, se llamó a sesión del Concejo Deliberante de La Costa.
Entre los asuntos a tratar figuraba un convenio con el Banco Hipotecario, por
una suma de 1.930.000 pesos. Pese a que no se informó demasiado al respecto,
los bloques opositores se enteraron de que era por una deuda por Cantera. El
proyecto salió porque el Frente para la Victoria impuso su número mayoritario.
DISPARADOR DE LA DENUNCIA
Marcos García, ex concejal del bloque A toda Costa, decidió avanzar en el
asunto y se contactó con un estudio de abogados para concretar la denuncia a
presentar.
“El Banco Hipotecario reclama una deuda de Cantera, porque Cantera dice que
todavía la Municipalidad le debe plata por algo que nunca terminó, y la
municipalidad ya le pagó”, aseveró el edil a La Tecla en 2014, cuando inició la
denuncia.
Por aquel entonces, el juicio del Banco Hipotecario estaba en el Juzgado
Contencioso 1 de los Tribunales de Dolores, y aún no tenía sentencia. Por ello
el denunciante se quejó de que “la Municipalidad, sin una sentencia, homologa
un convenio para pagarle. Además, en la contestación de la demanda la
municipalidad dice cuatro cosas: que no le puede pagar por algo que ya pagó,
que le pagó por algo que nunca se terminó, que no le puede pagar a un tercero
porque Cantera está quebrada, y que renuncia a todos los cheques que emitió a
favor de Cantera”.
“Entonces nosotros vamos a ir a un juzgado federal, porque queremos ir hasta el
origen de la deuda, porque el damnificado es el Estado nacional (debido a que
corresponde al Plan Federal de Viviendas), y se quiere pagar por algo que nunca
hicieron. Queremos que se diga por qué se pagó en aquel momento y por qué se
intenta volver a pagarle ahora”, afirmó García.
“La denuncia es a Amado Boudou, a Juan de Jesús y a Juan Pablo de Jesús”,
especificó el ex concejal. Y detalló: “A Juan de Jesús por haber pagado junto a
Boudou por una obra que nunca se hizo, y a Juan Pablo de Jesús por querer pagar
ahora un monto de una deuda que él mismo, cuando contestó la demanda del Banco
Hipotecario, dijo que no se puede pagar porque la obra no se hizo, porque
Cantera está quebrada y porque desconoce el origen de la deuda”.
En tanto, la carga sobre el ex vicepresidente está centrada en que “fue quien
firmó los cheques, que además no estaban a la orden, cuando los cheques en la
administración pública deben estar cruzados”; y porque “él firmó eso y firmó
los cheques por 24 millones de pesos”, sostuvo García.
También se hará foco en los certificados de obra. Desde el origen del conflicto
el municipio culpó al arquitecto Juan Vidal, por entonces funcionario del área
de Planificación, y quien supuestamente debía hacer el seguimiento de la obra.
Incluso en aquella edición del 30 de agosto de 2007 de La Tecla, desde el
municipio trataron al ya despedido Vidal como “un funcionario fácil de
comprar”, a la vez que tildaron a Cantera FC de “una empresa poco seria”.
Cuando el escándalo estalló en los medios, y las casas del Plan Federal sin
terminar eran la imagen vívida del abandono, Amado Boudou estaba en la Anses,
en el primer escalón de su meteórica carrera en las altas esferas del
kirchnerismo. En La Costa quedaron muchos amigos, entre ellos la familia De
Jesús, y Amado Zogbi, rector de la Universidad Atlántida Argentina, procesado
como “partícipe necesario de defraudación por administración fraudulenta”.
En La Costa muchos sospechaban que Boudou “tenía algo más que ver con Cantera
FC que la mera relación de contratante y contratista”. También se siembran
mantos de duda sobre la participación del vicepresidente en el traspaso de la
fundación Atlántida, responsable de la Universidad Atlántida Argentina, donde
encontraron conchabo varios amigos del procesado por la causa Ciccone.
También en 2014, por orden del Juez Lijo, Gendarmería allanó la Municipalidad
del Partido de la Costa en busca de siete expedientes vinculados a las
maniobras fraudulentas con el plan de viviendas y la construcción de dos escuelas
por las que están imputados el ex vicepresidente, Amado Boudou, y el ex
ministro de Planificación, Julio De Vido.
En comunicación con este medio, el edil, Marcos García, denunciante en la
causa, indicó: “Por algún lado se filtró la información del allanamiento. Yo
estuve declarando entre las 10 y las 12.15 y no sabía nada hasta último
momento. Pero la municipalidad sabía”.
Además, el concejal dijo: “Han pasado años y en este tiempo no transcurrieron
las pruebas a favor de la justicia sino del kirchnerismo, pero tenemos muchos
elementos desde la firma irregular del contrato”. En relación a cuáles son los
pasos a seguir, García señaló: “Ahora sigue la investigación, la declaración de
los testimonios, los informes bancarios por emisión de cheques. Boudou se va el
29 de diciembre de 2005 de la Secretaría de Hacienda, habiendo pagado sólo una
parte” y agregó: “La investigación podrá llevar un año, el juez actúa rápido”.
Ahora, mediados de 2017, la investigación sigue su curso con la orden de Lijo
de peritar la construcción de las viviendas que, efectivamente, nunca se
concretaron.