Un artículo publicado recientemente por La Nación plantea un interrogante profundo, tan incómodo como necesario: ¿se puede confiar en la Justicia Laboral y de Familia en la Argentina? Su respuesta, basada en casos concretos, es desoladora. Muestra decisiones judiciales atravesadas por ideologías, dogmas, ligerezas procesales y un preocupante desapego por la verificación de los hechos.
Cuando los jueces fallan sin responsabilidad, sin medir el impacto social o económico de sus decisiones, no hay Justicia que valga. Y si no hay Justicia, la República tambalea.
La ligereza, la arbitrariedad y la falta de responsabilidad institucional en ciertos tribunales no son errores aislados, sino síntomas de un sistema que necesita reformas urgentes. Es momento de señalar con claridad dónde empieza el problema: en cómo seleccionamos a nuestros jueces.
No hay independencia judicial posible si el ingreso en la magistratura está mediado por vínculos personales, afinidades políticas o arbitrariedades que nadie puede explicar. Por eso, desde el Consejo de la Magistratura, impulsamos un paquete de 5 proyectos que busca transformar profundamente el proceso de selección de magistrados del Poder Judicial de la Nación. La reforma empieza con una medida básica pero revolucionaria: que las correcciones de los exámenes de oposición se publiquen en fuentes abiertas, junto con los puntajes y fundamentos. Transparencia real, no retórica. Que el ciudadano pueda conocer cómo y por qué se califica a cada aspirante. Parece mentira que, a pesar de la vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública y del principio de transparencia activa consagrado en nuestra legislación nacional, estos exámenes aún no sean públicos.
Incorporamos, además, un sistema de evaluación con parámetros técnicos y éticos previamente definidos. Entre ellos, uno clave para revertir la realidad que describe el mencionado artículo periodístico: medir si el postulante comprende el impacto social, económico e institucional de sus sentencias. No queremos jueces que acumulen diplomas, sino que sepan ejercer el poder de juzgar con prudencia y responsabilidad.
La tercera propuesta es la creación de un Banco de Casos automatizado mediante inteligencia artificial. Casos reales, debidamente anonimizados, organizados por fuero e instancia. Para que los exámenes no puedan “elegirse a dedo”, sino que sean sorteados desde una base pública y con herramientas tecnológicas que garanticen la transparencia. Queremos terminar con los “concursos a medida” y garantizar igualdad de condiciones para todos los postulantes. También propusimos que la evaluación de antecedentes se automatice. El sistema carga los datos académicos y profesionales, los valora con reglas objetivas y entrega un puntaje preliminar. El consejero a cargo puede ajustar ese puntaje, pero solo con fundamentación expresa. Se elimina así el favoritismo solapado y se garantiza trazabilidad.
La quinta reforma es la más compleja: la entrevista personal. Hoy, esa etapa puede alterar el resultado del concurso sin dejar huella. Por eso proponemos una grilla de hasta 100 puntos con 10 criterios definidos –integridad ética, motivación, compromiso con los derechos humanos, capacidad analítica, entre otros–. Cada consejero deberá calificar con argumentación específica. No más “impresiones personales” sin respaldo.
Todas estas reformas se integran en una nueva fórmula de ponderación: 50% examen de oposición, 30% antecedentes, 20% entrevista. Se prioriza el conocimiento técnico, pero se contempla la trayectoria y se ordena la subjetividad de la entrevista con parámetros objetivos.
El artículo publicado por La Nación expone un problema institucional profundo. Nuestros proyectos proponen una solución estructural. No hablamos de retoques estéticos ni reformas declamativas: proponemos una transformación real, desde la base. Sabemos que estas reformas no garantizan por sí solas una Justicia perfecta. Pero son un paso indispensable si queremos que el mérito vuelva a ocupar el centro de la escena, en lugar de los vínculos personales o las complicidades ideológicas.
El Consejo de la Magistratura tiene la responsabilidad de garantizar que quienes accedan a la magistratura lo hagan por mérito, no por contactos ni militancia. Para eso necesitamos el acompañamiento del pleno del Consejo. Pero también, y especialmente, el respaldo de la sociedad civil, de las universidades, del periodismo y de todos los que creemos que una Justicia independiente es el pilar de la convivencia democrática. La oportunidad está. Las herramientas están. Falta la voluntad para convertir este diagnóstico en acción. La confianza se puede recuperar. Pero solo si empezamos a elegir mejor a quienes la deben custodiar.
Consejera del Consejo de la Magistratura de la Nación por el estamento de la abogacía
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San Bernardo del Tuyú - Buenos Aires
