La omertá bonaerense. La República Perdida
Hay una palabra del dialecto siciliano, generalmente vinculada a los entramados mafiosos, que es la palabra omertá. Es un tipo especial de silencio, el de los pactos entre quienes forman parte de actividades delictivas. Es el cono de silencio, que implica un compromiso de quienes actúan por fuera de la ley, para que no se conozcan esas actividades. Hoy la política argentina presenta, como pocas veces antes, este tipo de compromiso, de pacto. Y tiene que ver con lo que ocurrió en La Plata, en la Legislatura Bonaerense, que es algo que cualquiera que conozca la política nacional tenía que prever que iba a ocurrir: un estallido de corrupción en esa legislatura, puesta tan fuera del foco de la opinión pública y el periodismo. Me refiero a este tema porque, a través de lo que ocurrió en esta institución, podemos ver cómo funciona un sistema de complicidades. Nos permite ver una dimensión del financiamiento de la política. Pero lo más interesante es que deja entrever el carácter artificial, cínico y por momentos irritante, que pueden tener determinadas disputas morales que existen en la política. Y digo artificial porque aparecen casos donde esos que se acusan mutuamente comparten una misma caja, un mismo delito. Y sobre esto no se habla, se habla muy poco o los que hablan son dirigentes excepcionales.
Para saber a qué nos estamos refiriendo, una breve referencia a los hechos concretos. El sábado 9 de septiembre, alrededor de las 20, en pleno centro de La Plata y dentro de una de las sucursales más importantes del Banco Provincia, se descubrió a una persona llamada Julio Rigau, y apodada “Chocolate”, mientras operaba un cajero automático por un largo tiempo. Tan largo fue ese tiempo que llamó la atención de dos agentes de la Guardia Urbana de La Plata, que vieron cómo “Chocolate” extraía dinero con varias tarjetas de débito. Llamaron al 911, aparecieron agentes policiales, le pidieron que se identificara y este no solo se negó a hacerlo si no que tampoco quiso entregar el material que tenía dentro de una bolsa de consorcio. Ahí fue que se dieron cuenta que operaba con 48 tarjetas de débito y que, en otros 48 sobres de plástico, guardaba los tickets de esas operaciones. Esas 48 tarjetas de débito pertenecían a 48 personas distintas y estaban unificadas en que todas decían “Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires”. Rigau fue detenido, después allanaron su casa y encontraron muchísima documentación má,s en los suburbios de La Plata, donde él administra un merendero municipal. El caso quedó en la órbita del juez Guillermo Atencio y la fiscal Betina Lacki. “Chocolate” estuvo 11 días detenido hasta que, por un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal de La Plata, es excarcelado y la causa se anula. Fue con el voto de los camaristas Juan Benavides y Alejandro Villordo. Y el voto en disidencia de Fernando Mateo.
¿Qué llama la atención de todo este caso? El silencio de la política respecto de la aparición de una práctica que todo el mundo conocía, pero sobre la cual había muy pocas pruebas, más allá de algunos antecedentes similares en la Legislatura Bonaerense durante los últimos años. El lunes consultaba con una persona que forma parte de la administración de la Cámara de Diputados de la Provincia, acerca de si iba haber un pronunciamiento y me dijo: “Estamos viendo. Tendría que averiguar si hay alguna declaración conjunta”. Claro, es muy difícil hacer una declaración parcial porque esto involucra prácticamente a todos los bloques. Por eso hablamos de omertá. Este es un sistema conocido. Se le ofrece trabajo a una persona, por lo general de condición humilde, se la seduce con que a partir de ese trabajo va a tener jubilación y obra social y, a cambio de eso, esa persona está obligada a devolver el sueldo que le asignan. Ese sueldo, que en muchos casos ronda los 400.000 pesos, es el que cobraba uno de los tantos “chocolates” que hay en la Legislatura Bonaerense. A esto nos referimos cuando hablamos de silencio, al silencio del presidente de la Cámara de Diputados, Federico Otermín, de Unión por la Patria, se perfila como próximo intendente de Lomas de Zamora y alter ego de Martín Insaurralde. También el silencio de Adrián Urreli, figura prominente del Pro, que es en este momento el jefe de campaña de Néstor Grindetti, candidato a gobernador de Juntos por el Cambio alineado con Patricia Bullrich. Otro involucrado es Carlos Moreno, íntimo amigo de Cristina y Néstor Kirchner, militante político de Tres Arroyos y una especie de tutor que Cristina le puso a Kicillof para navegar por esta ciénaga. Héctor Eslaiman, dirigente del massismo y del Frente Renovador de San Martín, y Fabián Perechodnik, vicepresidente de la Cámara en nombre del Pro. No hay ningún pronunciamiento de ninguno de ellos y tampoco de los presidentes de los distintos bloques. Ese silencio todavía es más notorio porque, si uno mira los discursos encontrados que hay en esa campaña electoral y presta atención a la bandera principal de Javier Milei, esto que sucede en La Plata es casi un trabajo práctico que le dejan al libertario para que encuentre la encarnación más opaca, más sospechosa, de lo que llama “la casta”. Sin embargo, tampoco desde La Libertad Avanza escuchamos una voz que se levante frente a esta forma de financiamiento que medra con las necesidades de gente que no tiene ni jubilación ni obra social.
Hay explicaciones hipotéticas y resbaladizas sobre por qué sucede este silencio. Por supuesto, son muy difíciles de probar. Justamente, porque se debería quebrar la omertá. Debería aparecer alguien que diga: “Sí, yo participo. Conozco y voy a contar cómo es”. Todavía no apareció ese arrepentido. ¿Por qué digo que hay versiones resbaladizas? Todos los que conocen este sistema, y sobre todo los que conocen a “Chocolate” Rigau, saben que es un puntero del Frente Renovador, muy asociado a uno de los apoderados del esa fuerza en la provincia de Buenos Aires. Rigau depende del concejal Facundo Albini, quien reportaría a un dirigente muy importante del massismo en la provincia de Buenos Aires, que es Raúl Pérez. Este último es una pieza clave de todo el manejo político de Massa, que se excusa diciendo: “Hace mucho tiempo que no soy diputado y no hago política en La Plata”. Resulta muy llamativo el odio que debe despertar Pérez en tanta gente que coincide en que él es un engranaje importante de este sistema de recaudación, que terminaría en parte en las filas de Milei o en La Libertad Avanza. Es decir, habría un canal de comunicación en el financiamiento de la política desde la Cámara de Diputados, a través del canal del Frente Renovador de Massa, que llegaría hasta la organización de LLA de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires. Para entender mejor todo este entramado, convendría leer una nota de Hugo Alconada Mon en LA NACION, donde cuenta estos vínculos de financiamiento con bastante claridad basándose en declaraciones off the record que habría hecho el publicista Ramiro Agulla. Silencio. Y silencio más sospechoso todavía de los que están haciendo de su bandera la lucha contra la casta política.
Hubo una denuncia firmada por Ricardo López Murphy, Javier Iguacel y Eugenia Talerico, quienes recurrieron al Ministerio Público, a la Secretaría de Acción Criminal en la provincia de Buenos Aires. Lo interesante de esa denuncia no es solamente la narración de los hechos, sino que, para justificar lo que están planteando, ponen la cuestión en términos más generales. Conviene asumir ese enfoque para salir de la crónica policial e ir algo que tiene mucho más que ver con la administración, el gobierno, la política. López Murphy, Iguacel y Talerico sostienen en ese escrito que el presupuesto de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires es de 62 mil millones de pesos. ¿Cuántos diputados hay en esa Cámara? 92. Esto significa, si hacemos una división hipotética, que cada diputado tendría asignado 392 millones de pesos por año, lo que significa 32 millones de pesos por mes. En el Senado bonaerense, la otra Cámara, el presupuesto es de 25 mil millones para 46 bancas. A cada banca por consiguiente le serían asignados 557 millones de pesos o 46 millones por senador y por mes. Estos legisladores de Juntos por el Cambio han hecho un cálculo más o menos razonable. Dicen: “Imaginemos que cada legislador en la Cámara de Diputados y Senadores tuviera cinco empleados por despacho. Estaríamos frente a un cuerpo de personal de 828 empleados. Pero las autoridades de la Legislatura informan que no hay 800 empleados. Tampoco 900 o 1000. Hay 2850 personas que trabajan”. Los tres legisladores hacen también un cálculo de gastos en base al personal, la cantidad de legisladores y lo que podría llegar a gastar la Legislatura en mantenimiento, comparándolo con lo que le costaría a un municipio bonaerense de rango medio. Y llegan a la conclusión de que la Legislatura podría funcionar con 9 mil millones de pesos. Sin embargo, funciona con 62 mil millones de pesos. Hay 53 mil millones de pesos que, por decir lo menos, están mal asignados y sobre los que debería haber algún tipo de investigación.
Estamos frente a un tema ancestral de la provincia de Buenos Aires. Esto no lo descubrieron López Murphy, Iguacel y Talerico. Esto no aparece porque descubrieron a “Chocolate”. Esto es una tradición de opacidad del Poder Legislativo de la Provincia desde hace décadas. Un Poder Legislativo que trabaja poco porque, si miramos las sesiones ordinarias, hubo una sola en lo que va del año. Salieron a pedir explicaciones Margarita Stolbizer y Florencio Randazzo. Y una línea interna del radicalismo, cuya figura más destacada es Federico Storani, pidió a Maximiliano Abad, presidente de bloque radical en Diputados y presidente del Comité Provincia, que se pronuncie sobre esto. Abad, quien es también candidato a senador en la lista de Bullrich para la Provincia, no habló. Tampoco habló Kicillof, quien confecciona el presupuesto con el cual se abastece este sistema que estamos describiendo. Mientras tanto, la política juega a la mancha venenosa con “Chocolate”, tratando de que “Chocolate” no hable, y por eso hubo gestiones políticas para que lo liberen. Ahora, el fiscal general del Fuero Penal de la ciudad de La Plata, Héctor Vogliolo, apelaría el fallo delante de la Cámara de Casación. Y, mientras tanto, hay un objeto que es mirado como radiactivo en La Plata y es el celular de “Chocolate”. ¿Quiénes serán sus contactos? ¿Cuáles serán sus mensajes de texto? Pesa 500 kilos ese celular para la política bonaerense. Pero interesa subrayar lo dicho al comienzo: estamos fatigados de denuncias cruzadas, maniqueas. Unión por la Patria condena al macrismo. El macrismo ha hecho campaña, ha llegado al poder, ha mandado presa gente en nombre de la pureza. Pero acá todos coinciden en ocultar un delito. Y el que levanta la bandera de la antipolítica, que es Milei, también se calla la boca frente a lo que sería un mecanismo de financiamiento aberrante.
Todo esto afecta, por supuesto, más a Sergio Massa porque esto estalló en el oficialismo de La Plata. “Chocolate” es un puntero peronista, ligado al Frente Renovador.
También es cierto que a Massa lo afectan todos los escándalos porque es ministro de Economía y porque es funcionario del gobierno. Le pega el escándalo de la compra de autos en AySA, también denunciado por López Murphy y Marcela Campagnoli en la Justicia federal. El juez Ariel Lijo realizó un allanamiento la semana pasada. 9.000 millones de pesos para 600 autos que se pagan cada uno a 42.000 dólares, muchísimo más de lo que valen en el mercado. Esto sucedió en AySA, la empresa que conduce Malena Galmarini, la esposa de Massa.
Y también afecta a Massa toda esta saga tragicómica increíble que aparece en el Banco Nación, que depende de Economía, con contrataciones insólitas de Silvina Batakis. Como dar un empleo a su marido como funcionario, como permitir que la gerenta general del Banco contrate -por ahí como viene la economía era lo que había que hacer- a una numeróloga, una persona que interpreta la conducta de la gente según el número de documento, el número de la puerta de la casa o las cuatro últimas cifras del número de teléfono. A lo mejor por esa vía esotérica salimos de la hiperinflación. Es lo último que nos queda por probar.
Carlos Pagni
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