En un fallo que restablece, siquiera un poco, la confianza ciudadana en el Poder Judicial, la Corte Suprema comenzó esta semana a corregir el escándalo jurídico que había provocado la discutida absolución de Cristóbal López y Fabián de Sousa en una causa paradigmática de corrupción e impunidad de la larga década kirchnerista: el caso Oil.
Por unanimidad, el máximo tribunal ordenó el miércoles último que la Casación dicte un nuevo fallo. Concluyó que la absolución de López y De Sousa era “arbitraria”, tanto por “dogmática”, como por “fragmentaria”. Es decir que quienes absolvieron a los dueños del Grupo Indalo no desarrollaron un análisis panorámico, completo e integral de todas las evidencias acumuladas en el expediente que los incrimina.
La Corte Suprema asumió así como propios los argumentos de quien lidera la Procuración General de la Nación, Eduardo Casal, y del fiscal que había apelado el fallo de la Casación, Mario Villar. Ambos remarcaron que la expansión de López y De Sousa necesariamente “requería de la elusión del pago del impuesto [a la transferencia de combustibles] para financiar con esos fondos otros negocios [del Grupo Indalo], el consecuente y sistemático incumplimiento [de los pagos al fisco] y, por fin, el propiciar el quebranto del deber del funcionario”. En otras palabras, del entonces titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, ya condenado a prisión en este mismo expediente.
La bienvenida decisión de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti convalidó la labor que desarrolló una larga lista de fiscales, jueces y camaristas durante los últimos ocho años, desde que una profunda y contundente investigación del periodista Hugo Alconada Mon reveló toda esta trama delictiva, en marzo de 2016, desde las páginas de LA NACION.
¿Qué reveló Alconada Mon, en esencia? Que entre 2011 y 2015, la petrolera de López y De Sousa, Oil Combustibles, bicicleteó el impuesto a los combustibles que pagaban los usuarios de sus estaciones de servicio, sin girarlo al fisco, hasta acumular más de $8900 millones. Con ese dinero –unos 1000 millones de dólares al tipo de cambio entonces vigente–. López y De Sousa financiaron la expansión del Grupo Indalo, que llegó a abarcar al menos 170 empresas.
Fiscales, jueces y camaristas de los fueros Comercial y Criminal y Correccional Federal, como también el abogado querellante por la AFIP durante el juicio oral, Alejandro Carrió, llegaron a la misma conclusión: el proceder de López y De Sousa estuvo lejos de ser inocente y propio de empresarios que actuaron de buena fe en pos de maximizar sus negocios, financiándose dentro de la ley. Por el contrario, coincidieron en que los dueños del Grupo Indalo actuaron de manera reprochable, con la connivencia delictiva de Echegaray.
El recorrido de la investigación penal en los tribunales resultó, sin embargo, farragosa. Múltiples operadores buscaron presionar a los magistrados para beneficiar a López y De Sousa, quienes habían contratado como abogado y lobista a quien luego fue presidente de la Nación, Alberto Fernández.
En ese contexto político, el Tribunal Oral Federal Nº 3 condenó por unanimidad al otrora titular de la AFIP, Echegaray, por defraudar las arcas del Estado nacional que debía proteger, pero absolvió –con la disidencia del doctor Andrés Basso– a quienes se beneficiaron de ese malhacer, López y De Sousa.
Apelado el fallo por todas las partes, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó en octubre pasado los recursos de la fiscalía y de la defensa del Echegaray, en tanto que ratificó las cuestionadas absoluciones de López y De Sousa por el principio del beneficio de la duda.
Esa decisión desafortunada de la Casación es la que ahora anuló la Corte Suprema, tras asumir como propios los argumentos del fiscal Villar y del procurador Casal. Ambos sostuvieron que la absolución de López y De Sousa se basó en “un recorte arbitrario de una trama mucho más compleja”. En otras palabras, que los magistrados valoraron cada indicio “de manera individual, aislada y fuera de contexto”, soslayando la “visión de conjunto indispensable para la realización de inferencias razonables”.
A partir de esta decisión de la Corte Suprema, otra sala de la Cámara Federal de Casación Penal deberá emitir un nuevo fallo. Confiemos en que dicha sentencia vaya en la dirección correcta y, de ese modo, evite que la impunidad se cierna sobre una de las defraudaciones al Estado nacional más portentosas e indignantes de nuestra historia.
LA NACION
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