Desde la toma de posesión en diciembre hasta
el mes de mayo, el Gobierno de Javier Milei despidió a 18.019 empleados
estatales, marcando un hito durante los primeros seis meses de su
administración.
Los despidos ocurrieron a lo largo de todas
las dependencias del Estado, y se redujo la plantilla de aproximadamente
72.000 empleados públicos a 53.981, aunque el plan es continuar con los
recortes hasta llegar a aproximadamente 30 mil.
La ministra de Capital Humano, Sandra
Pettovello, fue la funcionaria que más recortes hizo: canceló 4.930
contratos relacionados en su ministerio, que abarca las secretarías de Trabajo,
Educación, Cultura y Niñez y Familia.
El titular de Economía, Luis
"Toto" Caputo, ocupa el segundo lugar en la lista: despidió a
3.195 empleados, pertenecientes a 15 secretarías como las de Transporte,
Energía, Obras Públicas, Finanzas e Industria. Además, asumió la mayoría de las
dependencias del ex ministro de Infraestructura Guillermo Ferraro, donde
también hubo recortes.
El ministro de Salud, Mario Russo, redujo la cantidad de empleados
estatales en su organismo en 1.656, mientras que el ex jefe de Gabinete Nicolás
Posse, despidió a 1.249 durante su corto mandato. El ministro de
Defensa, Luis Petri, no renovó 759 contratos. Por su parte, Guillermo
Francos, en su paso como Ministro del Interior, despidió a 574
trabajadores.
Particularmente en presidencia, Javier Milei y la secretaria
General, Karina Milei, llevaron a cabo un recorte de 421
empleados contratados en las áreas de la Casa Rosada.
Por último, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dio de
baja 331 contratos, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona,
desplazó a 251 trabajadores, y la ministra de Relaciones Exteriores, Diana
Mondino, hizo lo propio con 220 empleados.
Uno de los mayores recortes se hizo en las empresas públicas, donde los
interventores despidieron 4.432 contratados, en consonancia con el esfuerzo por
privatizar al
Esta reducción de personal afectó únicamente a trabajadores con
contratos anuales, que el Gobierno había extendido por tres meses en dos
ocasiones, en diciembre y marzo. Las bajas de personal permanente fueron
mucho menores en comparación, ya que la ley del Empleo Público impide estas
desvinculaciones.
Es por eso que el Gobierno se enfoca en el artículo 52 de la Ley Bases,
que establece un marco normativo para la reducción del personal de planta
permanente de la Administración General de la Nación.
El proyecto propone que los empleados afectados queden un año con goce
de sueldo mientras esperan ser reubicados en caso de estar vinculados a
organismos eliminados o modificados. También permite al Ejecutivo no pagar
indemnizaciones en casos donde se hayan encontrado irregularidades, como el
incumplimiento del horario, inasistencias injustificadas y abandono de tareas.
Este cambio también contempla la posibilidad de transferir
empleados de la Nación a las provincias y ofrece una indemnización
equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de
tres meses, tomando como base la mayor remuneración del último año.
La Casa Rosada busca implementar la reforma del Estado a través de las
facultades extraordinarias otorgadas a Milei, las cuales le permitirían
modificar y eliminar organismos de la administración central o descentralizada
creados por ley o por decreto.
De Kevin Frank para La Derecha Diario.
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