El Congreso nacional está en plena discusión del replanteo de la fórmula jubilatoria. Hay un amplio –aunque no total– consenso en que la forma más apropiada para proteger a las jubilaciones de la inflación es ajustarlas por la inflación. No hay ciencia. Es sentido común. Este es el criterio que incluso también postula el gobierno. Sin embargo, en medio de la discusión parlamentaria, el Gobierno se precipitó e impuso por decreto de necesidad de urgencia su fórmula.
Hay que explicitar que pasar a ajustar por inflación detiene el deterioro del valor real de las jubilaciones, pero no las recupera. A partir de ahora las jubilaciones quedarán por debajo del nivel que tenían en el promedio del 2023 y casi un 50% por debajo del promedio 2017. Qué sucederá con esta enorme licuación de las jubilaciones lo decidirá la Justicia. Existen riesgos de que se estén generando las condiciones para una nueva ola de juicios, como ya pasó muchas veces en el pasado.
La prioridad, como plantea el Presidente en la agenda propuesta para el Pacto de Mayo, es ordenar el sistema previsional para darle racionalidad a sus reglas y que no vuelva a ser necesario usar la inflación para licuar gasto previsional.
El ordenamiento integral del sistema previsional es una agenda frondosa. Hay que tender a unificar las reglas de los más de 240 regímenes especiales que existen en el país hacía las reglas del régimen general y al régimen general hay que darle más consistencia financiera con equidad. Entre los puntos más importantes aparece cerrar definitivamente las moratorias y en su lugar perfeccionar la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) para atender a las personas que por diferentes motivos no logran cumplir los requisitos para acceder a un haber contributivo, revisar las pensiones por fallecimiento para evitar duplicaciones con otras prestaciones, tomar los salarios de la totalidad de la vida laboral para calcular el haber inicial, en lugar de los últimos 10 años, establecer mecanismos automáticos y graduales de ajuste de la edad jubilatoria al envejecimiento poblacional, entre otros puntos de mayor relevancia.
Como estos cambios llevarán tiempo en ser discutidos, sancionados y tener efecto, hay que pensar en un régimen de transición para atender las inequidades más acuciantes en el corto plazo. Por eso nuestra propuesta de una agenda de transición basada en cuatro pilares:
1. Establecer una regla de movilidad que implique aplicar mensualmente la inflación y que empalme correctamente con la vieja fórmula. Esto implica en abril aplicar la inflación de enero, ya que en marzo se aplicó con la vieja fórmula variaciones hasta diciembre.
2. Reconocer a los beneficios que fueron otorgados sin las moratorias un aumento extraordinario para diferenciarlos de las moratorias que fueron otorgadas sin aportes o sin suficientes aportes. Se podría otorgar a los beneficios obtenidos sin moratoria un aumento extraordinario de 20%. Esto tendría un costo fiscal de menos del 0,5% del PBI que sería más que compensado por la reducción hasta su extinción del bono de $70.000, cuyo costo asciende a 0,7% del PBI.
3. En el tema de los regímenes de privilegio, además de eliminar para siempre la jubilación de presidente y vicepresidente, hay que estipular que el haber inicial de los magistrados y embajadores se calcule sobre el salario neto (de bolsillo) y no sobre el bruto. Actualmente se calcula sobre el salario bruto lo que provoca que un juez o embajador jubilado obtenga mayor jubilación que la remuneración del activo.
4. Usar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para:
a. Pagar las 90.000 sentencias firmes de juicios de jubilados que hicieron juicio contra la ANSES por mal liquidación de sus jubilaciones.
b. Pagar la deuda que ANSES tiene con las provincias con cajas no transferidas por el reconocimiento de sus déficits, tal como paga puntualmente el déficit de las provincias que transfirieron sus cajas a la ANSES.
c. Financiar el déficit de ANSES para evitar que el Tesoro nacional tenga que hacerlo.
El paso a una nueva regla de movilidad por inflación perpetuará la licuación de las jubilaciones. De cara al futuro, hay que evitar definitivamente que haya que apelar otra vez a reducir gasto previsional con inflación. Para esto hay que hacer un ordenamiento integral del sistema previsional. En la transición hay que sancionar una agenda que atienda los aspectos más urgentes pensando en que sea un puente a este ordenamiento del sistema. Esta transición, tal como se diagrama en el proyecto de ley que presentamos en el Congreso, además contribuye a darle sostenibilidad a la meta de equilibrio fiscal.
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