Faltaba una reglamentación que le diera forma a la decisión que quedó plasmada en algunos artículos de la ley Bases. Y hoy, finalmente, quedó claro cómo será el manual para todos los contratos de obra pública que quedaron a mitad de camino desde el gobierno de Alberto Fernández.
Se trata de algo verdaderamente revolucionario en el mundo de los proyectos de infraestructura que, por décadas, transitaron la burocracia del Estado, de la mano de la muñeca artesanal y de la billetera veloz de muchos empresarios del ramo.
A grandes rasgos, se trata de poner en marcha una ventanilla donde tendrán que ir todos los contratistas con sus documentos de obra, desde la licitación, hasta los últimos certificados pagos. En ese escritorio, hay que decirlo, tampoco habrá una regla única, sino que también se aplicará la discrecionalidad del Estado.
Una vez que la carpeta queda ahí, intervendrán tres organismos para ver cómo sigue el camino. Primero, obviamente, el departamento jurídico del organismo en cuestión. Por caso, Vialidad Nacional o la secretaría de Obras Públicas, depende quien sea el mandante en la licitación. Pero, además, se sumarán la Sindicatura General de la Nación y la Procuración del Tesoro.
En conjunto, establece el decreto, se elaborará un dictamen respecto de qué tan conveniente es continuar el proyecto, o, por el contrario, desistir y pasar a otra etapa.
Si efectivamente se decide continuar, se empieza a negociar la parte técnica: condiciones, tiempos y costo. Si la decisión es dar de baja la obra, sólo se discute el monto que se debe pagar para darse la mano y continuar la vida.
Ahora bien, ¿qué pasaría con la obra? Queda abandonada donde está y ya, en otra etapa, será la provincia, la Ciudad de Buenos Aires o el municipio quien deberá negociar con la Nación para avanzar en la terminación.
Ahora bien, este procedimiento que narra la nota, absolutamente resumido a los efectos didácticos, tiene una condición: sea cual fuere la resolución necesita un decreto presidencial.
Por estas horas, constructores, sus abogados y las cámaras que los agrupan se tiraron de cabeza sobre la norma y sus tres anexos para establecer el alcance. Pero a primera vista, LA NACION recogió de tres consultados una misma preocupación: nada hace suponer que los tiempos de resolución serán rápidos. Más aún, opinan, lo contrario.
El artículo 63 de la ley Bases autorizó al presidente Javier Milei a “disponer por razones de emergencia la renegociación o rescisión de los contratos de obra pública, de concesión de obra pública, de construcción o provisión de bienes y servicios y sus contratos anexos y asociados, en los casos en los que se verifiquen las condiciones allí previstas”.
El siguiente, a su vez, “establece que resulta económica y financieramente inconveniente para el interés público la suspensión o rescisión de los contratos de obra pública que se encontraren físicamente ejecutados en un 80% a la fecha de sanción de la mentada ley o aquellos contratos que cuenten con financiamiento internacional para su concreción”. Y, finalmente, el 65, le da la posibilidad de “celebrar acuerdos transaccionales prejudiciales, judiciales o arbitrales en toda controversia o reclamo administrativo, judicial o arbitral que se suscite entre un contratista y cualquier órgano o entidad de la administración pública”. Ese paquete, fundamentalmente, es el que se reglamentó hoy.
Desde que asumió Milei, quedaron paralizadas miles de obras públicas, la gran mayoría de ellas, de muy poco monto. De hecho, hace no tantos años, gran parte de los proyectos que encaró la Nación con la dupla Fernández y Grabriel Katopodis, exministro de Obras Públicas y mencionado en la investigación de los seguros como uno de los contactados para mudar las pólizas de Corredores Viales a la cartera del amigo presidencial Héctor Martínez Sosa, eran realizados por las provincias y los municipios. Ese tipo de obras, que van desde cordones cuneta hasta rotondas, parece difícil que puedan continuar. Además, por el dinero en juego podría tornar antieconómico poner en marcha el engranaje que dio a conocer el Gobierno. Un signo de pregunta ahí.
Luego, y sobre todo, hay muchas licitaciones de rutas o de proyectos con importantes montos, pero que no implican grandes desembolsos, cuando de obra pública se trata. Esas carpetas, seguramente, serán las que pueblen las mesas de entradas. De hecho, entre los constructores sostienen que los organismos que están ahora involucrados en estos procedimientos no tienen la capacidad operativa como para entregar velocidad a las resoluciones.
Claro que están las grandes obras y para esos sí esta es una herramienta determinante para negociar el mañana. Pero, hay que aclararlo: no son tantas las iniciativas millonarias.
Amplias renuncias
La reglamentación, sobre todo, establece los compromisos de unos y otros. A los contratistas los obliga a “renunciar al daño emergente, al lucro cesante, a los gastos improductivos y a los eventuales perjuicios económicos de naturaleza similar”, derivados de la disminución del ritmo de ejecución, además de establecer que “no se liquidarán a favor del contratista sumas en concepto de indemnización o de beneficios dejados de percibir”.
El acuerdo de renegociación deberá establecer el plazo y la forma de pago de las sumas adeudadas y, finalmente, el contratista “deberá incluir su expresa renuncia o desistimiento a todo reclamo o acción administrativa, arbitral o judicial, entablada o a entablarse”.
Para realizar acuerdos transaccionales y terminar con la relación contractual, el Estado deberá contar con varios informas técnicos que también llevarán tiempo. Además de que deberá ser a petición de parte, el contratista tendrá que acordar, al menos, una quita de 30% de su acreencia.
Finalmente, el sonido de la motosierra en esta área se sintió rugir. No hay sorpresa; Milei fue absolutamente literal en la campaña respecto a este universo de contratos. Lo que hay es cautela, ya que nadie quiere dar un paso en falso. No es para menos: un día, cambió la escenografía con la que convivieron décadas.
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