El país se encuentra ante una tragedia sanitaria: ya son 87 los muertos reconocidos por la Justicia asociados con la administración de fentanilo contaminado en centros de salud de varios distritos. Pero ese número podría crecer en las próximas horas de confirmarse muchos otros en estudio. A pesar de la gravedad de la situación, buena parte de la dirigencia política, empresarial de la salud y de la Justicia no actuó con la celeridad que amerita semejante panorama.
Por lo que se sabe hasta el momento, ninguna de estas muertes habría sido provocada por causas naturales, sino como consecuencia de una cadena de negligencias, irregularidades y posibles delitos sobre un tema en el que un sector de la política, en vez de requerir informes y de actuar con rapidez, vino retaceando colaboración, eligiendo el camino del silencio, cuando no de la indiferencia.
Recién ayer se acordó en Diputados un pedido de informes sobre los graves problemas vinculados con el fentanilo adulterado que se vienen relevando desde abril pasado, cuando se registró un brote de enfermedades respiratorias en el Hospital Italiano de La Plata. Una investigación interna del centro de salud arrojó como resultado restos de bacterias en ampollas de fentanilo que recibieron diversos pacientes.
Durante la reunión de la Comisión de Salud realizada en la Cámara baja se aprobó un dictamen unificado con 26 preguntas al Poder Ejecutivo para determinar responsabilidades, fallas de control y qué medidas adoptaron sobre este dramático asunto las autoridades de los distritos donde se registraron esos fallecimientos.
El pedido de informes será girado directamente al Poder Ejecutivo sin necesidad de que pase por el recinto, una decisión superadora del lamentable espectáculo de la semana pasada dado por el bloque kirchnerista, que decidió dejar sin quorum la sesión en la que precisamente la diputada de Pro Silvana Giudici pedía que se votara ese reclamo al Poder Ejecutivo y se constituyera una comisión investigadora.
El Congreso tiene la facultad y la obligación de investigar, los poderes ejecutivos deben colaborar y la Justicia debe avanzar con celeridad, aunque eso signifique incomodar a actores poderosos
“Presentamos el proyecto cuando había 30 muertos y hoy nos enteramos de que ya son 90. La causa debe acelerarse”, dijo Giudici durante una conferencia de prensa previa a la reunión de comisión en la que quedaron unificados proyectos presentados en sentido similar por Pro, el socialismo, la UCR y Unión por la Patria. Pablo Yedlin, presidente de ese cuerpo parlamentario, opinó ayer: “Me atrevo a decir que esta es la peor situación de intoxicación medicamentosa desde que existe la Anmat”, organismo al que reclamó que se explique cuáles fueron los signos de alarma, si hubo pedidos previos al laboratorio, cuándo se supo de la contaminación de uno de los lotes del medicamento, cuándo se dio aviso de esa anomalía y en qué momento se dejó de usar.
Giudici, por su parte, puso el foco en determinar la cadena de producción y comercialización del fentanilo por parte de los laboratorios HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo, la trazabilidad del medicamento dentro del sistema de salud, la actuación de organismos de control como la Anmat y, lo más inquietante para ciertos sectores del poder, la eventual complicidad o desidia de funcionarios y exfuncionarios públicos en los distritos que adquirieron esos insumos sin los necesarios ni suficientes controles.
Precisamente, entre los fundamentos de su proyecto se sostiene como “un antecedente de suma gravedad” que, entre 2020 y 2021, coincidentes con el período de pandemia y la gestión del último gobierno kirchnerista, “se haya habilitado la participación de actores privados sin antecedentes confiables en negociaciones sanitarias críticas, como lo fueron las vinculadas a la vacuna Sputnik V contra el Covid-19”, y que “diversas fuentes, cuya veracidad ha sido ratificada por múltiples allanamientos y actuaciones oficiales posteriores a 2024, revelan que HLB Pharma fue adquirida en 2017 por Ariel García Furfaro, empresario vinculado a estructuras políticas del anterior gobierno, y que esta firma habría mantenido aparentes vinculaciones con funcionarios públicos, algunos en actual ejercicio de funciones, como el intendente Mario Ishii”.
Si los hermanos García Furfaro, ligados en el pasado a Lázaro Báez, a empresas fantasma y a licitaciones millonarias con intendencias kirchneristas, lograron consolidar un negocio tan turbio fue porque el Estado miró hacia otro lado o directamente decidió habilitarlo, ya sea por negligencia o por conveniencia.
El juez Ernesto Kreplak, a cargo de la causa, tampoco ha demostrado la celeridad que una tragedia de esta magnitud exige. Las medidas judiciales llegaron tarde, la documentación de la trazabilidad se “perdió” tras un supuesto robo y, hasta ahora, no hay detenidos. Tampoco ha sido apartada ninguna autoridad de control, ni nacional ni provincial, a pesar de que el Ministerio de Salud bonaerense, cuya gestión encabeza Nicolás Kreplak, hermano del magistrado, fue uno de los principales compradores del fentanilo distribuido por HLB Pharma.
Urge desentrañar qué ha provocado tantas muertes y juzgar y condenar a los responsables de tamaña tragedia. Hasta hoy no hay detenidos y las muertes se siguen sumando
Frente a esta cadena de barbaridades, la dolorosa y exigente voz de las víctimas no puede ni debe ser desoída. Esta semana, previamente a la reunión de comisión, familiares de los fallecidos se entrevistaron con un grupo de diputados nacionales para expresar su angustia, su sensación de abandono y su reclamo de justicia.
Al salir de ese encuentro, el hermano de Leonel Ayala, un joven de Florencio Varela que falleció en el Hospital Italiano de La Plata, aseguró: “Es una crisis sanitaria, una emergencia y una catástrofe, producto de dos laboratorios que hicieron un desastre a nivel nacional. Las cosas –dijo– no son claras”.
La creación de una comisión investigadora no es una concesión ni un mero recurso parlamentario. Si el Congreso renunciara a ejercer el control sobre hechos gravísimos que afectan directamente la vida de los ciudadanos, pondría en juego la vigencia misma del Estado de Derecho.
Semejante cantidad de muertos por causas evitables (cifra que ya supera a los 85 fallecidos durante el atentado contra la AMIA y a los 51 de la tragedia ferroviaria de Once) no puede quedar impune.
Como en el pasado ocurrió con la oscura comercialización de efedrina en nuestro país –negocio millonario que se derrumbó en agosto de 2008, cuando aparecieron los cadáveres de los empresarios Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina en un descampado de General Rodríguez–, el fentanilo también es enorme motivo de preocupación. Se trata de un opioide sintético hasta 50 veces más potente que la heroína y muy requerido por el narcotráfico, que está causando estragos en diversos países, entre ellos, en los Estados Unidos, tanto en las bases de la industria farmacéutica como en laboratorios clandestinos y en el consumo, que está llevando a la muerte a muchas personas.
El Congreso tiene la facultad y la obligación de investigar, los poderes ejecutivos deben colaborar y la Justicia debe avanzar con celeridad e independencia, aunque eso signifique incomodar a actores poderosos. Lo que escape de ese riel institucional no puede ser entendido como otra cosa que no sea desidia o complicidad. Mientras tanto, más muertes se suceden, los responsables están libres y la falta de respuestas resulta inaceptable.
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